La jueza Teresita Barrera pidió que le quitaran los procesos famosos que manejaba en su despacho. Le había tocado resolver casos en el expediente de Laura Moreno y Jessy Quintero, acusadas de la muerte de Luis Andrés Colmenares; en el de Liliana Pardo, exdirectora del IDU procesada por el carrusel de la contratación; en el de Andrés Sepúlveda, el hacker que aceptó haber espiado el proceso de paz en La Habana. Barrera pidió que no le tocaran más casos así porque quería trabajar con tranquilidad y lejos del escrutinio de quienes criticaron cada decisión que tomó, dice ella, con toda la legalidad.
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El problema fue que no tuvo en cuenta que el proceso que la dejaría por fuera de los juzgados nada tenía que ver con los casos famosos que tanto quiso evitar. El Consejo Superior de la Judicatura tomó la decisión, el pasado 30 de mayo, de destituirla de su cargo como jueza y de inhabilitarla para ejercer cargos públicos durante 11 años. Lo hizo al revisar un proceso disciplinario que Barrera tenía en su contra por no haber nombrado en su despecho a Pascual de Jesús Muñoz, quien había quedado en primer lugar en un concurso de méritos para ocupar un cargo en los juzgados de Girardota (Antioquia).
Para la Judicatura, el hecho de que Barrera no haya nombrado al funcionario “merece un reproche disciplinario claro y contundente, pues no se pueden anteponer los razonamientos propios y desconocer la literalidad de las normas, así como tampoco los derechos de los cuales era acreedor Pascual de Jesús Muñoz, al haber superado el concurso para el cargo de escribiente y ocupar el primer puesto de la lista”, explicó el alto tribunal en el fallo que tuvo como ponente a la magistrada Julia Emma Garzón. En ese mismo documento se condensó las razones por las cuales Teresita Barrera se negó a recibir a Muñoz en su despacho.
De entrada, Barrera explicó que no quiso nombrar al ganador del concurso pues se trataba de un contador público y no de un abogado. “Mi obligación era rodearme por profesionales idóneos. Eso no es discriminación; es sinceridad. Me remito a lo expresado en cada uno de mis pronunciamientos en las diferentes oportunidades. Insiste en el tema de la discriminación y el acoso laboral. No me parece prudente, hacerle el juego a alguien tan amargado. Yo no me puedo referir con absoluto respeto a quien ha sido más que grotesco, grosero, irrespetuoso, perseguidor conmigo”, le explicó la jueza a la Judicatura.
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Aunque en el fallo judicial no se hace mención directa a las ofensas que relató Barrera, lo que explica el alto tribunal es que ambos involucrados fueron objeto de malos tratos. Al no existir el aval para que Muñoz pudiera trabajar en el juzgado, se inició un proceso disciplinario en contra de Barrera en 2012 y el 23 de febrero de 2017, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de la Judicatura de Antioquia sancionó a Barrera. La jueza y su defensa presentaron un recurso de apelación pues consideraron que la decisión iba en contra de la ley y que ni ella ni sus abogados habían conocido la totalidad del proceso en su contra.
El caso, entonces, llegó al despacho de la magistrada Julia Emma Garzón en Bogotá y ayer, ella y sus compañeros de sala, tomaron la decisión de confirmar el fallo de primera instancia. “La conducta omisiva y antijurídica afectó el deber funcional sin justificación alguna, siendo su comportamiento totalmente consiente y voluntario por cuanto no solo su condición de funcionaria sino una amplia trayectoria en la Rama Judicial, le imponía conocer la obligatoriedad de acatar las normas estatutarias, legas y jurisprudenciales”, dice la sentencia de la Judicatura.
Aunque es la primera vez que Barrera enfrenta una sanción de este tipo, su nombre ya había estado involucrad0 en un proceso similar, pero la Corte Suprema la había absuelto de todo cargo. Se trataba de un caso en el que la jueza acató una tutela a destiempo que la obligaba a reintegrar a una empleada del Juzgado Penal del Circuito de Zipaquirá, quien no obtuvo los resultados esperados en un su evaluación de desempeño laboral y Barrera se rehusó a tenerla en las oficinas. Su inocencia en este caso la mantuvo por un tiempo alejada de líos con las autoridades. Sin embargo, en 2015, su nombre volvió a ser noticia.
Esta vez, por cuenta de una orden de arresto que ordenó el Tribunal Superior de Bogotá por no cumplir un fallo de tutela de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba que se anularan todas las acciones que Barrera había tomado en el caso de la exdirectora del IUD, Liliana Pardo, incluida la decisión de declarar ilegal la captura de la exfuncionaria. Desde que la jueza dejó libre a Pardo, nada se sabe de su paradero. Por este mismo caso, la Fiscalía le imputó cargos a Barrera en febrero del año pasado por prevaricato y fraude a resolución judicial. Barrera enfrenta otros dos casos por sus decisiones en procesos judiciales.
Una tiene que ver con el expediente en contra el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Ómar Figueroa, por supuestamente entorpecer el proceso, y la otra por presuntamente haber anulado la imputación de cargos en 2014 en contra de Andrés Sepúlveda. "Uno deja su vida aquí, si tiene compromiso. Y hay momentos de crisis, como en todas partes, pero lo importante es de cada crisis salir fortalecido", señaló Barrera en 2014 a El Espectador.
Por Redacción Judicial
