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La justicia cojea para padre e hijo, líderes sociales, asesinados por paramilitares

Ramiro y Javier Buitrago fueron asesinados en el mismo corregimiento del Magdalena Medio con un año de diferencia. A pesar de que la Fiscalía sabe qué grupos armados son responsables, el caso aún no es llevado ante jueces por aplazamientos y otras excusas.

Redacción Judicial

06 de octubre de 2022 - 07:00 a. m.
Ramiro y Javier Buitrago, asesinados por paramilitares en 2004 y 2005 en el Magdalena Medio.
Foto: Archivo particular
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En más de una ocasión, grupos paramilitares llegaron a Landázuri (Santander) con las listas de nombres de quienes debían matar y terminaron yéndose, sin las manos llenas de sangre, por la intermediación de Ramiro Buitrago. Este líder social, discapacitado por una pierna que le amputaron, ganó notoriedad en el Magdalena Medio por esa capacidad de diálogo. Hasta que no se pudo salvar a él mismo y fue asesinado en 2004. Un año más tarde, otro grupo armado asesinó a su hijo, Javier, quien había seguido sus pasos y se había vuelto un notable defensor de derechos humanos. Pese a que la justicia conoce quién los mató, los crímenes siguen en la impunidad.

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“No hemos tenido ninguna respuesta por parte del Estado. Ni en reparación, ni en verdad, nada”, denunció Enid Buitrago, hija de Ramiro y hermana de Javier. Ella ha tocado todas las puertas: en la Fiscalía, en Justicia y Paz y en las demás entidades dedicadas a atender a las víctimas, sin que hasta ahora se haya hecho justicia. Luego de los homicidios, la familia tuvo que salir de su tierra en el corregimiento Plan de Armas, donde los Buitrago habían sido campesinos. Tuvieron que rehacer sus vidas en otros lugares. Ahora, Enid Buitrago solo tiene una máxima: “Nosotros queremos la verdad”.

Ya lo decía Ramiro Buitrago en 2002: “En Colombia no se respeta ningún derecho”. En una entrevista que le realizó la investigadora María Clara Torres sobre el surgimiento de los paramilitares, el líder social aseguraba: “Si miramos en Plan de Armas y miramos lo que es a nivel del río Opón, hay una cantidad de familias que tienen una situación precaria, una situación jodida ¡y el Estado debe de ver por ellas! Pero ni unos cumplen el deber, ni ellos reclaman ese derecho”. Para entonces, Buitrago ya había ganado el Premio Provincial de Paz que otorgaba la Pastoral Social de Vélez y había fundado el comité de derechos humanos en su corregimiento.

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También hacía parte del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM). “Él fue una de las personas que estuvo ahí poniéndole el pecho a la violencia. Aunque era discapacitado. Siempre estaba presto para ir a hablar con la guerrilla, con los paramilitares, para evitar que masacraran gente, que se la llevaran”, recordó Enid Buitrago. Hasta que lo mataron grupos paramilitares en 2004. “La vida de mi familia se acabó con la muerte de mi papá. Nuestras vidas se transformaron por completo. Aún no concebimos cómo asesinaron a mi padre”, añadió su hija.

Para la época, dominaban en la región las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. En concreto, el Frente Isidro Carreño, comandadas por Ciro Antonio Díaz Amado, alias Nicolás, y su segundo al mando, Luis Alfonso Rangel Bernal, alias El Tigre. Ambos están muertos. Sin embargo, la Fiscalía les ha dicho a la familia Buitrago que hay “meridiana claridad” de que fue esta estructura la que asesinó a su padre. En ese sentido, lo que debe hacer el ente investigador en el marco de Justicia y Paz ―el proceso creado para juzgar a los paramilitares― es imputar el hecho, así no vaya a haber responsables condenados, por “principio de verdad”.

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Según les dijo la Fiscalía en septiembre pasado, esto se dará en audiencias a mediados de diciembre, ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bucaramanga. “Yo llevo recibiendo esa explicación hace más o menos cinco años. ¿Cuánto hace que están diciendo que lo van a llevar por principio de verdad y por qué no se ha hecho?”, aseguró Enid Buitrago. La mujer aseguró, incluso, que ha llevado información de otros homicidios que podrían tener relación con la muerte de su padre y que habrían cometido hombres de la misma estructura. No le han prestado atención.

Tampoco han tenido mucha suerte con el caso de su hermano, Javier. Presidió la junta de acción comunal de Plan de Armas, fue inspector de policía del corregimiento y hasta se lanzó al Concejo de Landázuri. Era un reconocido defensor de derechos humanos, cuando fue asesinado por grupos paramilitares, en septiembre de 2005. Ahora bien, frente a este homicidio hay muchas más claridades: se sabe que fue la estructura Puerto Boyacá de las Autodefensas Unidas de Colombia las que le quitaron la vida y su comandante hasta lo confesó en el sistema de Justicia y Paz.

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Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón, dijo en mayo de 2015: “Hoy quiero confesar y aclarar que somos responsables de la muerte del señor Javier Buitrago porque tuve reportes de un homicidio de una persona en esa época, del año 2005, no me queda duda que puede ser esta víctima Javier Buitrago, y quiero aclarar que me declaro responsable del desplazamiento de su núcleo familiar (…). Los hechos ocurrieron de acuerdo de unos de los reportes del homicidio de Javier Buitrago alcanzo a recordar que le dio información a la Fuerza Pública para que le dieran muerte a unos hombres del Bloque que teníamos en un cerro donde teníamos unas comunicaciones (...)”.

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A pesar de que parece suficiente, hay dos problemas con la confesión de Botalón. El primero, que la familia de Javier Buitrago no está conforme con esta versión, aunque la aceptan con un poco de resignación. “Nosotros como familia no creemos mucho en esa versión, pero la verdad no tenemos modo de saber, porque mi hermano está muerto”, dijo Enid Buitrago. El segundo problema es que llevan siete años esperando que el proceso avance en Justicia y Paz. Lo que procede es que un fiscal debe imputar estos hechos a los exparamilitares de esa estructura que estén dentro del sistema de justicia transicional. No ha sido posible.

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“Primero, que el magistrado que iba a desarrollar la audiencia lo cogieron preso, después habían nombrado a una magistrada, pero que tenía los procesos atrasados y tocaba esperar. Posteriormente, la pandemia”, recordó la mujer. Finalmente, este año, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá les había programado una audiencia de imputación para febrero, pero se canceló sorpresivamente. “Cuando iban terminando las audiencias, hacia finales de febrero, me avisa la abogada que la magistrada había aplazado, sin darnos alguna razón”, añadió.

La magistrada Oher Hadith Hernández programó la audiencia de imputación para este mes y para diciembre. Si se lleva a cabo, será el primer ápice de justicia que vea la familia Buitrago. Sin embargo, dice Enid Buitrago, temen hacerse expectativas y que, una vez más, se aplace. Es el escepticismo de alguien que ha tocado todas las puertas sin obtener respuesta.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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