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Cuando pensamos en la marea verde, el movimiento que a lo largo de América Latina ha salido a las calles con pañuelos verdes para demandar acceso libre al aborto, solemos pensar que se trata de una causa que solo le interesa a las mujeres y personas trans y no binarias. Consideramos que se trata de un tema que solo afecta a las feministas, pero en realidad es un asunto de profunda democracia. Lo cierto es que cuando cambiamos marcos legales y cuestionamos estereotipos que nos imponen cargas injustas, realmente estamos fortaleciendo nuestros derechos, la democracia; y, con ello, contribuimos a evadir las amenazas que representan en la actualidad los radicalismos y la desinformación.
El éxito más reciente de nuestra marea verde sucedió el pasado 6 de septiembre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México despenalizó el aborto a nivel federal al fallar un recurso constitucional elaborado por GIRE. En la comunicación de esa decisión, la Suprema Corte dijo que las “disposiciones penales que criminalizan de manera absoluta el derecho a decidir sobre la interrupción del embarazo son contrarias a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación”. El máximo tribunal mexicano entendió que los derechos de las personas que tenemos la capacidad biológica de concebir no han existido de forma completa, sino que se han vulnerado de forma sistemática por disposiciones como esta que, en últimas, lo que penaliza es la capacidad que todo ser humano debería tener de decidir sobre su cuerpo y proyecto de vida.
Se ha dicho una y mil veces, pero es necesario repetirlo: Despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo no obliga a nadie a abortar, pero mantener el aborto como un delito sí es una restricción a las opciones que puede tener cada una de nosotras. Considerar el aborto como un delito no ha servido en ninguna parte del mundo para disminuir el número de abortos que se practican. Por el contrario, se ha demostrado que ello pone en riesgo a las mujeres y personas con capacidad de gestar a quienes no les queda otra opción de buscar acceder el aborto en la clandestinidad y muchas veces en condiciones inseguras. Este escenario no le sirve a nadie, ponemos en jaque la vida y la salud de mujeres y niñas, las sometemos a la desinformación sobre cómo prevenir un futuro embarazo y las ponemos en un lugar de total abandono estatal, en donde su dignidad queda expuesta y vulnerada, porque no se les considera una persona pensante que tiene la capacidad de decidir lo que es mejor para su propia vida.
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Salimos a las calles con nuestros pañuelos verdes para exigir la eliminación total del delito de aborto porque mantenerlo crea barreras y miedos frente al sistema de salud, profundiza brechas de desigualdad, impide el libre flujo de la información y ello termina afectando a las personas en condiciones más vulnerables. Así lo argumentamos en la demanda del movimiento Causa Justa, del cual hace parte del Centro de Derechos Reproductivos, que en febrero de 2022 logró que la Corte Constitucional despenalizara el aborto de forma amplia. Nuestra apuesta fue fundamentalmente por las niñas, mujeres y personas gestantes que viven en condiciones vulnerables. En ese mismo año en el que ganamos la demanda ocurrieron en Colombia 4.169 nacimientos en niñas entre los 10 y los 14 años, rango de edad en la que toda relación sexual se considera por ley violencia sexual.
Esos son algunos de los efectos negativos de la criminalización parcial o total del aborto. Por esa razón, la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió en 2022 unas nuevas directrices donde recomendó a los Estados dejar de usar el derecho penal para regular los servicios de aborto y hacerlo solo mediante políticas sanitarias. La OMS estima que a nivel global seis de cada 10 embarazos son no deseados y que debido a eso al año podrían estar ocurriendo más de 25 millones de abortos en condiciones inseguras, así que el mejor camino para evitar esos riesgos es ofrecer la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio de salud legal.
Es en este marco que la Marea Verde también podría estar muy pronto llegando a Brasil. Argumentos como los de Causa Justa y la OMS ya han sido llevados hasta el Supremo Tribunal Federal de ese país que se encuentra en proceso de votación de una acción de inconstitucionalidad, conocida como ADPF 442, que busca despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. La criminalización de este servicio en Brasil ha llevado a graves consecuencias: hoy el aborto en condiciones inseguras es la primera causa de muerte materna en el país, y se calcula que dos de cada cinco mujeres que se practicaron un aborto fueron hospitalizadas después del procedimiento.
El hecho de que en países como Argentina, México y Colombia ahora podamos ser nosotras mismas quienes decidamos no llevar a término un embarazo, y que ya no tenga que ser un juez o un médico quien lo hace, nos permite acercarnos por fin al ejercicio integral de nuestros derechos — varios de esos mismos que enlista la Suprema Corte mexicana en su comunicado o que reconoció la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia Causa Justa— luego de años de haber ido ampliando su alcance y protección. No olvidemos que hasta hace solo décadas no podíamos votar, administrar nuestros propios bienes o ni siquiera divorciarnos (además de que casarnos era un deber social). El reconocimiento pleno de nuestros derechos se traduce entonces en poder ejercer nuestras libertades individuales, decidir según nuestras propias razones y no por el aval de un tercero, y vivir nuestra ciudadanía en condiciones de mayor igualdad en democracias que todavía no nos otorgan una igualdad plena.
El salir a las calles y hablar de aborto es entonces un ejercicio democrático. En un mundo en crisis por el desconocimiento radical de las diferencias y el uso de la mentira como motor de causas políticas intolerantes, la Marea Verde aboga por debates con argumentos bien fundamentados, el reconocimiento de derechos plenos para garantizar el respeto de la diferencia y el acceso a información sobre la base de evidencia científica. Somos firmes en la defensa de nuestra causa, pero no pretendemos imponer cargas injustas a nadie porque sabemos cómo se vive a la sombra de la discriminación. Nadie más interesadas que nosotras mismas en que cada cual defina su plan de vida desde su ser más íntimo, que opine sin censura o que pueda estar en la calle sin temor porque eso es lo que no pudimos hacer por siglos.
Así que, en medio de este panorama, es que lo logrado por cuenta del pañuelo verde puede ser un referente para la democracia en cualquier parte del mundo. En los últimos 30 años, más de 60 países han liberalizado sus leyes de aborto, mientras que solo cuatro (incluido E.E. UU.) los han restringido, lo cual significa que hoy cerca de 815 millones de mujeres en edad reproductiva viven en países con mayores garantías para su autonomía. Y cuando las personas son autónomas para decidir, se convierten en ciudadanas y ciudadanos que están dispuestos a defender principios básicos de la democracia, porque justamente de allí provienen las garantías que les aseguran sus libertades.
Catalina Martínez Coral es directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, vocera del Movimiento Causa Justa por el aborto y del Movimiento Son Niñas, no Madres.
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