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$140 mil millones es la cifra que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), a la Nación. Una cantidad de dinero que fue calificada como la más grande en los últimos cuatro años y que será recibida por el Gobierno Nacional, la Fiscalía, la Policía y la rama judicial.
Según la ley, el Gobierno tiene derecho al 40 % de este dinero, es decir, $52 mil millones, que fue destinado para el mantenimiento de la infraestructura carcelaria en el país, la administración de los bienes inventariados por las Farc y otros programas que determine. La Fiscalía y la Policía recibieron, cada uno, el 25 %, lo que se traduce en más de $32 mil millones. El 10 % restante ($13 mil millones) fue para la rama judicial.
(Lea aquí: Sociedad de Activos Especiales entrega cifras oficiales de bienes reportados por las Farc).
Además, hay un valor, que en 2018 fue superior a los $15 mil millones, que fue enviado a la gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esta cifra fue el resultado de las incautaciones y posteriores extinciones de dominio, en su mayoría de divisas, realizadas en las islas. Serán las autoridades regionales las que determinen, entonces, en qué programas se utilizarán estos recursos.
Pero ¿cómo se llega a esta cifra? Sergio Jordan, vicepresidente administrativo y financiero de la SAE, explicó a El Espectador que, a través del Frisco, se administran los activos incautados, no solo para que no pierdan su valor, sino para que se vuelvan productivos. Una tarea que consiguen mediante la figura de depositarios provisionales, “empresas o personas que buscan que haya productividad de los activos, no pierdan valor y generen recursos para que se devuelvan a la Nación o se devuelvan al afectado”, según lo determine un juez.
(También: El drama de la extinción de dominio en Bogotá).
Los activos, más de 100 mil en 2018, se dividen en inmuebles, semovientes (o sea, cabezas de ganado), divisas y vehículos, siendo los dos primeros los más comunes el año pasado. Jordan precisó que cuando fue recién creado el FRISCO, en 1993, las más comunes eran las divisas, por cuenta del narcotráfico, pero que esto ha cambiado, pues ahora también administran los bienes que son incautados por delitos como el contrabando y la corrupción.
“En principio se incautaban todo lo que se refería a narcotráfico. Ahora se manejan temas de corrupción, contrabando, todas actividades que generan extinción de dominio. Nosotros lo que hacemos es administrarlos de mejor modo. Recibimos esos activos y con la figura de depositario provisional (empresas y personas) buscan que haya una productividad de los activos”, señaló Jordan.
(Le puede interesar: Extinción de dominio a nueve bienes del ELN en Arauca).
Sobre los recursos que llegaron a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el vicepresidente administrativo y financiero de la SAE concluyó: “Todas incautaciones de divisas y de activos que se hacen en San Andrés tienen una destinación específica de la isla. Este es un giro que se les hace a ellos para que puedan invertir en los programas que necesiten”.