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La crisis generada por la confrontación territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo en el Chocó no se detiene. Así lo alertó la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, quien advirtió recientemente que desde el 26 de enero hay presencia de grupos armados en al menos tres regiones de ese departamento.
La alerta del organismo internacional se da cuando aún el Chocó no termina de salir de la más reciente escalada violenta. Entre el 18 el 21 de febrero, el departamento vivió un paro armado declarado por el ELN que causó el confinamiento de 5.910 personas, que se sumaron a la cifra de 3.600 desplazados por los combates del último mes.
En su comunicado, la ONU alertó que hay “presencia y acciones de grupos armados no estatales desde el 26 de febrero” en las regiones del San Juan, Bajo Baudó y Litoral de San Juan. En los municipios de Medio San Juan, Istmina, Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan, así como en las poblaciones del Consejo Comunitario General del San Juan, la Juntanza Interétnica del Bajo Calima y las comunidades indígenas del Pueblo Wounaan, hay alerta por la presencia de grupos armados.
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Según el reporte, esta situación ha causado confinamientos y restricciones para la movilidad de las poblaciones, lo que supondría una violación a los derechos humanos y una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
“Hay confinamiento de la población civil y restricciones a la movilidad, incluso prohibición de usar lanchas, bajo amenaza. Esta nueva situación se da en un territorio recientemente afectado por un paro armado”, señalaron en su comunicado.
El organismo internacional rechazó la presencia y acción de los grupos armados en el Chocó y recordó la obligación de respetar a la población civil. Además, pidió al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa y “particularmente fuerza pública, a adoptar medidas de prevención y protección eficaces en el marco de la política de seguridad”.
1/ #Alerta Recibimos información sobre presencia y acciones de grupos armados no estatales desde el 26 de febrero en San Juan, en Bajo Baudó y litoral del San Juan #Choco, poniendo en riesgos a la población civil. Urgimos al Estado medidas inmediatas de protección
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) February 28, 2025
El drama del reclutamiento forzado
A la ya difícil situación de orden público en el departamento del Chocó por la disputa territorial entre el Clan del Golfo y el ELN, se suma el aumento de hechos relacionados con el reclutamiento forzado de menores.
En el más reciente informe de la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, el organismo detalló que jóvenes indígenas de la comunidad Emberá estarían quitándose la vida para evitar ser reclutados por los grupos armados en los departamentos de Chocó y Risaralda.
“La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud y Protección Social identificaron la necesidad de reforzar la protección de la salud mental y emocional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas emberás en departamentos como el Chocó y Risaralda, debido al registro de casos de suicidio para evitar el reclutamiento u otras formas de violencia asociadas al conflicto”, se lee en el documento.
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En cuanto a cifras, el organismo documentó en 2024 un total de 216 casos de reclutamiento forzado de menores, por parte de los grupos armados. De ellos, tienen confirmado que son 118 niños y 86 niñas, pero lo que más preocupa es que el 56% de los menores reclutados pertenecen a comunidades indígenas.
En el caso del departamento del Chocó, Jaime Arturo Herrera, alcalde de El Carmen de Atrato, señaló recientemente que en su municipio la única salida para los jóvenes, especialmente los que pertenecen comunidades indígenas, es tomar las armas.
“Del hambre que tienen, los indígenas se están metiendo a la guerrilla por plata”, dijo el mandatario a los representantes de los ministerios del Interior y Defensa el pasado 22 de febrero, durante un consejo de seguridad ampliado que se desarrolló en Quibdó.
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Por el momento, el departamento sigue sin muchas salidas. El gobierno ya se comprometió a cumplir una lista de tareas pendientes en materia de seguridad e inversión social en el departamento. Esto, en medio de una nueva incertidumbre que la Defensoría del Pueblo y las autoridades regionales ya han advertido: las disidencias de las Farc estarían llegando también al Chocó para aumentarle aún más la temperatura a la guerra.
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