Un día después de las elecciones presidenciales en primera vuelta, el presidente Gustavo Petro sentó su posición frente a la contienda electoral. No fue una sorpresa. Las elecciones han estado marcadas por constantes mensajes, trinos y expresiones por parte del primer mandatario, y de su círculo más cercano, sobre su elección en las presidenciales.
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Dentro de las acciones más recientes que volvieron a levantar la polémica y abrieron de nuevo el debate sobre las líneas rojas fue el gesto de hacer público y visible el voto, que en teoría es secreto. Lo hizo Petro en su lugar de votación en Bogotá al alzar el tarjetón marcado, pero también lo hizo el ministro Armando Benedetti (ambos a favor de Iván Cepeda) y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (a favor de Abelardo de la Espriella).
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En ese ambiente convulso y lleno de presuntas participaciones indebidas en política, una actuación expresamente prohibida para funcionarios como los tres mencionados, existe un actor clave: la Procuraduría, que en días pasados suspendió a la alcaldesa de El Paujil, porque publicó en redes sociales fotos con un poncho a favor de Cepeda, y a la la embajadora en Haití, quien en una entrevista apoyó a este mismo candidato.
Para ellas, las reglas han sido tajantes. Sin embargo, en opinión de expertos, la Procuraduría ha sido laxa con otros altos funcionarios del Estado que pueden hacer política a favor o en contra de cualquier candidato. Aunque la entidad anunció la indagación contra seis ministros del gobierno, para algunos abogados pareciera que la Procuraduría tuviera un doble rasero.
En este panorama, si bien exhibir el voto no es expresamente una falta en el marco de la participación electoral, para los abogados penalistas y constitucionalistas consultados por El Espectador, el hecho de que lo haga el presidente Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, o el alcalde Char, sí puede derivar en un debate alrededor de la neutralidad y la influencia sobre los votantes.
“Mostrar el tarjetón no significa una utilización indebida de la investidura para promover una opción política. Puede ser cuestionable desde la perspectiva de la prudencia y la neutralidad, pero no es una situación disciplinaria”, explicó el abogado Francisco Bernate.
Y agregó: “Para hablar de una participación indebida en política, no basta con expresar una preferencia o mostrar el voto, sino que se requiere utilizar el cargo para favorecer o perjudicar una campaña; ejercer presión sobre ciudadanos o subordinados; emplear recursos con fines proselitista e intervenir de manera activa en una contienda electoral, aprovechando la autoridad estatal”.
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En eso coincide el abogado y politólogo Esteban Manco, quien señaló que la acción de mostrar el voto no induce automáticamente a votar por uno y otro candidato. “Se esperaría de ellos un deber absoluto de neutralidad, pero no está prohibida la conducta que en estos momentos es objeto de este análisis”, puntualizó.
Sin embargo, la discusión adquiere otra dimensión cuando se amplía el panorama de la participación indebida en política. Para el abogado y analista político, Andrés Úsuga, el voto secreto se entiende como un privilegio o un derecho, más no como un deber, y agregó que se debe ampliar el visor hacia los mensajes políticos a través de discursos y redes sociales que, explicó, han sido explícitos durante los últimos días.
“Es como hacerle un favor al presidente Petro creando un factor distractor, como la foto del voto, eso no es un problema disciplinario o penal para él por más que sea el presidente de la República”, explicó el abogado Úsuga. Uno de esos mensajes se conoció horas después del cierre de urnas y Cepeda quedara en segundo lugar.
El mensaje se conoció en la mañana de este 1 de junio, en el que el primer mandatario reforzó su mensaje en lo que, para muchos, sería una evidente participación política a través de su cuenta en X luego de su acusación, sin pruebas, de un supuesto fraude en las urnas.
“Vamos a ganar y derrotar al fascismo”, escribió refiriéndose a una posible victoria del candidato que representa la continuidad de su proyecto político: Iván Cepeda. Y culminó su trino señalando: “Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, vamos a ganar y me pondré al frente”. Tras un pedido de la Procuraduría, la Comisión de Acusación prepara el informe sobre trinos, intervenciones y discursos en los que presuntamente Petro habría participado indebidamente en política.
Por su parte, la Procuraduría avanza en sus propias pesquisas. La más reciente se conoció el mismo 31 de mayo, cuando anunció que le abría una investigación al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, porque en un discurso en Valledupar en la apertura de un puesto de votación, habría hecho declaraciones a favor de Cepeda.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, enfrenta otra investigación porque, durante un acto público la semana pasada, dijo: “Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar el próximo 31 de mayo o si no nos va a llevar quien nos trajo, nos va a llevar el putas”. El Ministerio Público ya confirmó que en total son seis los ministros que tiene bajo su lupa.
Sin embargo, en casos que involucran a otros servidores públicos como alcaldes y alcaldesas, la Procuraduría ha tomado decisiones con mayor severidad y prontitud, como en el caso de la alcaldesa de El Paujil, Latia Sindy Castillo Muñoz y de la embajadora Vilma Rocío Velásquez Uribe.
Ante la pregunta de la celeridad para esta suspensión, el procurador Eljach ha respondido a medios de comunicación que se debe a la contundencia de la prueba, mientras que en los otros casos, como el del ministro Jaramillo, se debe avanzar en las investigaciones a partir de los videos que se han conocido. Para el abogado Bernate, esto podría explicarse más desde el punto de un posible doble rasero.
“Sobre los comentarios de ministros y demás, que no son simplemente mostrar el voto, sino manifestaciones que sí son claros eventos de participación en política, la Procuraduría no actúa, pero vemos como a un alcaldesa, por una camiseta, sí la terminaron suspendiendo. Creo que hay un doble rasero”, sostuvo el penalista.
En eso concuerda el abogado Úsuga, quien señaló que “en estos casos se ve que han sido excluyentes con los ministros y más rápidos respecto a alcaldes”. El debate sobre la participación indebida en política, así como sobre la gestión de la Procuraduría, está servido. Mientras abogados y expertos señalan la necesidad de acciones más contundentes sobre funcionarios del gobierno, el Ministerio Público se enfoca simplemente en pescar pruebas a 15 días de la segunda vuelta presidencial.
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