El gobierno de Abelardo de la Espriella le dio la estocada final a la paz total del expresidente Gustavo Petro. Sin oportunidades de negociar y sin reconocimiento político, los grupos criminales ahora solo podrán acogerse a una ley de sometimiento que ofrece algunos beneficios judiciales, como rebajas de penas a cambio de entregar bienes, armamento y rutas ilegales. Todo esto sin que se suspendan las órdenes de captura ni las solicitudes de extradición. Así quedaron fijadas las reglas del juego en el articulado que discutió y aprobó el Congreso, a contrarreloj, en la noche del 3 de noviembre y que regirá durante los próximos cuatro años. Para expertos en conflicto y seguridad, la ley genera dudas sobre su viabilidad a raíz de la falta de incentivos y la contrapropuesta de “mano dura” del Ejecutivo.
La premura para sacar adelante el proyecto que fue radicado el pasado 13 de octubre ante el Congreso recae sobre el plazo para modificar, adicionar y prorrogar la Ley 418 de 1997, que establece la política de orden público, que vencía este 4 de noviembre. Con algunas modificaciones en el texto original, la Cámara de Representantes, con 95 votos a favor, y el Senado, con 57 votos a favor, aprobaron la ley. En esencia, los 30 artículos le apuestan a un sometimiento en el que las organizaciones criminales obtengan garantías, pero sin negociar. El mensaje es claro: quien no se someta, se enfrentará a la estrategia de seguridad del gobierno De la Espriella, que es la ofensiva total.
Lea también: Ley de sometimiento fue aprobada en Cámara y Senado: será sancionada por De la Espriella
Uno de los principales cambios que tuvo la ley es sobre la pena que deberán cumplir los “Actores Armados Ilegales o Terroristas”, como los denomina el documento, que hayan participado en delitos como el lavado de activos. Para acceder a los beneficios contemplados, el tiempo de privación efectiva de la libertad pasó de uno a seis años. Otra de las modificaciones es que los miembros de grupos criminales que estén en prisión van a poder acogerse a la justicia, pero quienes estén condenados por reclutamiento de menores quedarán descartados. La ley también le quita al gobierno la posibilidad de usar recursos de gastos reservados del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Y los departamentos y municipios no pagarán los gastos de los procesos de sometimiento.
Las condiciones
Para que los actores armados ilegales accedan a la ley de sometimiento, no basta con expresar su intención. Tendrán que suscribir actas colectivas e individuales con plena identificación de todos sus integrantes. Además, tendrán que entregar a las personas secuestradas, las víctimas de trata, los niños reclutados, así como información completa sobre personas dadas por desaparecidas, para encontrar sus restos. También tendrán que dejar todas las actividades ilícitas, como la explotación de minas, y entregar maquinaria, insumos y bienes utilizados para esos fines. Asimismo, tendrán que comprometerse con el desmantelamiento y la entrega de información de su grupo, como fuentes de financiación, rutas, bienes y áreas de influencia. A todo eso se suma la entrega total de su armamento.
Luego, cuando se hayan verificado todas las condiciones anteriores y el proceso de sometimiento inicie, los grupos criminales tendrán que demostrar compromiso y participación. También tendrán que colaborar con relatos exhaustivos, detallados y veraces sobre sus conductas y reconocer plenamente la responsabilidad. Deberán identificar, declarar y entregar todos los bienes en su poder, realizar trabajos restaurativos como erradicación de cultivos, desminado y recuperación ambiental. Además, tendrán que contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En caso de que incumplan alguno de estos requisitos o que un actor armado ilegal cometa nuevos delitos, les revocarían todos los beneficios.
Le puede interesar: Disputa entre Clan del Golfo y Eln y asesinato de un líder desplazan 500 indígenas en Chocó
Para María Camila Moreno Múnera, directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), a la ley de sometimiento, como la aprobó el Congreso, le hace falta equilibrio entre sus requerimientos y los beneficios que ofrece, para que los grupos ilegales se acojan. “No creo que realmente existan muchos incentivos para que se sometan. Si bien la reducción de la pena y los beneficios para la libertad condicional son razonables y podrían, eventualmente, ser interesantes para los grupos, el problema son las condiciones que les ponen incluso para acceder al proceso desde el principio. Son excesivas y no están pensadas en una lógica de gradualidad. Es todo o nada desde el principio. Eso no es realista ni viable”, explicó.
Los beneficios
Para quienes cumplan con todos los requisitos y condiciones, la ley contempla un tratamiento penal diferenciado que consta de una rebaja del 50 % de la pena, según los aportes de verdad y la reparación de las víctimas, así como las contribuciones al desmantelamiento de las estructuras ilegales. A estos tratamientos no podrán acceder los condenados por reclutamiento ilícito, pero el actor armado ilegal o terrorista que reclute menores de edad después de la puesta en marcha de esta ley podrá acceder a una rebaja de pena que no excede el 10 % para quienes hayan ejercido funciones de mando y del 30 % para los demás integrantes. Según el documento, la medida de aseguramiento se podrá cumplir en centros de arraigo transitorios, colonias agrícolas o cárceles productivas.
Sobre la libertad condicional, la ley señala que se podrá aplicar desde las 4/5 partes de la ejecución de la pena efectiva. Asimismo, con la entrega de información adicional sobre desaparecidos, fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, la libertad condicional se aplicará a las 2/5 partes de la ejecución de la pena. “Después de un año se podrá suspender condicionalmente la ejecución de la sanción a integrantes que no ejercieron rol de mando. Quienes se presenten en los primeros 180 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cumplan con la totalidad de requisitos y no tengan un rol de mando en la organización, podrán tener derecho a la suspensión de la ejecución de la pena desde el momento en que se dicte la sentencia”, se lee en el documento.
El gobierno ha sido claro en que la ofensiva total estará dirigida a los grupos ilegales que no se sometan. Para Kyle Johnson, investigador y cofundador de Conflict Responses, esa estrategia podría ser un arma de doble filo. “El cálculo del gobierno presupone que se les golpeará tan duro militarmente que querrán someterse bajo cualquier condición. Sin embargo, la experiencia de los últimos dos gobiernos demuestra que golpearlos militarmente no es tan efectivo. Se requería un marco más flexible y balanceado. Pero en la coyuntura actual nadie asumirá el costo político de flexibilizar la norma. En consecuencia, se ha construido una ley motivada por proyectar una postura inflexible ante la criminalidad, lo cual configura un evidente error de cálculo político”, explicó en una reciente entrevista.
Para los expertos, esta nueva ley de sometimiento que estará vigente en lo que resta del gobierno de De la Espriella podría jugar un revés a la estrategia de seguridad. Es decir, que en lugar de lograr un sometimiento colectivo a gran escala de estructuras ilegales completas, se acojan frentes menores que no representan un peso importante en el mundo criminal. Asimismo, los investigadores apuntan a que, a raíz de la falta de incentivos, los actores armados ilegales podrían optar por seguir combatiendo. Lo cierto es que la ley, que está para sanción presidencial, pondrá a los grupos armados a elegir un lado del tablero: someterse a la justicia o librar una guerra directa contra el Estado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
-
usucapion1000(15667)•05 de noviembre de 2026 – 10:56Un nuevo fracaso del caramico extraviado, un golpe mortal a la paz y la antesala de una guerra interminable que volverá a activar el pabellón de mutilados del Hospital Miilitar e incontables fosas mortuorías a lo largo y ancho del país para que el remedo de mandatario se pasee con pistola al cinto y sonrisita sardónica entre sus cadáveres.
-
Perrinola(18909)•04 de noviembre de 2026 – 21:17El enano crea distracciones con acciones estúpidas para que nadie pregunte por la plata que se está robando la esposa y nadie pregunte por sus vínculos con narcotraficantes. A ver, señores de El Espectador, ¿Por qué no profundizan en las denuncias de Cepeda? ¿Por qué no preguntan por la plata que la esposa de este enano delincuente se está robando? La rata que no le gusta que le digan rata.
-
usucapion1000(15667)•04 de noviembre de 2026 – 20:56Ese fantoche no sabe nada del país y menos del conflicto colombiano que nos ha asolado por décadas, además en su ignorancia creasa cree saberlo todo. Pobre locombia.
-
usucapion1000(15667)•04 de noviembre de 2026 – 20:56CRASA…
-