Ana Rodríguez* quiere volver a Colombia. Desde hace unos años está radicada en España, país en el que se casó y tuvo un hijo después de vivir un infierno en vida. Nació en Manizales (Caldas) y una red de trata de personas la llevó a ser explotada sexualmente al otro lado del mundo: Yokohama, una ciudad portuaria al sur de Tokio, capital de Japón.
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Desde abril del año pasado, un problema de papeles con la Registraduría de Colombia la tiene de manos atadas y no ha podido regresar a su país a visitar a su madre enferma que agoniza en una clínica manizalita. Su caso pasó por todo el sistema judicial colombiano y llegó hasta la Corte Constitucional, donde acaba de ganarle la batalla a la Registraduría.
El pleito que ganó Ana Rodríguez en alto tribunal fue por sus documentos de identidad. El caso se remonta a cuando cayó en las garras de la red de trata de personas que la alejó de su familia y la llevó a Asia como mercancía. Ana nació en Caldas a finales de la década de 1970 y el 1 de enero de 1977 fue inscrita en la Notaría Segunda de Manizales con el nombre de Amparo García*.
En 1994, cuando cumplió 17 años, ella y su familia ya eran víctimas de la red, que la obligó a cambiar el nombre en su registro civil. Un año después, en junio de 1995, ya siendo mayor de edad, la Registraduría expidió su cédula de ciudadanía con el nombre que los criminales habían impuesto como suyo: Ana Rodríguez.
A los pocos días de que le entregaran su documento de identidad, fue enviada a Yokohama para ser explotada sexualmente. Pasaron años de abusos y finalmente logró escapar de la crueldad en la que la red de trata la había metido. Pero la persona que había sido en Colombia no existió nunca más, al menos no en ningún censo, ni en una base de datos.
Amparo construyó la mayoría de su vida como Ana, pero en 2005, cuando regresó a Colombia como pudo, trató de recuperar lo perdido, no solo en años de tratos inhumanos como víctima de la red, sino también lo más elemental: su nombre de pila, Amparo García. Lo primero que hizo fue sacar su propia cédula.
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Pero Ana Rodríguez terminó siendo su elección. Sacó su licencia de conducción, pasaporte y hasta el permiso de residencia que tiene en España con ese nombre. Su hijo, incluso, fue registrado con su apellido. Con ese nombre como su identidad, contrajo matrimonio e hizo negocios.
Sin embargo, en abril del año pasado, cuando fue a renovar su pasaporte en el consulado de Colombia en Madrid (España), le informaron que su documento de identidad no estaba vigente por una orden de 2014 de la Registraduría de Colombia, en un proceso por doble cedulación. Por eso, tuvo que hablar ante las autoridades españolas y explicarles a detalle la tragedia que la llevó a Japón.
El consulado de Colombia le dijo que, mediante una resolución de julio del 2014, la Registraduría decidió cancelar la cédula de ciudadanía a nombre de Ana Rodríguez y que la cédula de ciudadanía vigente es la que ella misma sacó con el nombre de Amparo García. En medio del problema con su nombre, su madre enfermó gravemente.
Según consta en el expediente, en junio de 2024 fue ingresada a una clínica en Manizales (Caldas) con un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lesión renal aguda en rango de urgencia dialítica, gastroenteritis y fallo renal. Dicho historial, según los médicos, es de “alto riesgo de complicaciones y mortalidad”.
Acorralada por la angustia de tener a su madre enferma, Ana Rodríguez presentó desde España una tutela para la protección de sus derechos al debido proceso y a la personalidad jurídica. En recurso jurídico explicó que, debido a la anulación de su cédula como Ana Rodríguez, no ha sido posible realizar el viaje, ya que, según las autoridades migratorias colombianas en Madrid, solo se le puede expedir un pasaporte a nombre de Amparo García, identidad con la que no se refiere ni ella misma hace más de 20 años.
Por eso, pidió que su identidad como Ana Rodríguez fuera restablecida para poder tener sus documentos y regresar al país. El caso aterrizó primero en el Juzgado 37 Laboral de Bogotá. Allí, la justicia le dijo que no había nada que hacer porque la resolución de la Registraduría era de hace 10 años y, aunque ella no tuviera conocimiento de esa decisión, ya era muy tarde para apelarla.
Ana Rodríguez siguió dando la batalla y escaló el caso hasta el Tribunal Superior de Bogotá, donde el resultado no cambió mucho. Además de confirmar la decisión del juzgado, el Tribunal le dijo que si era urgente hacer el viaje a Colombia, que lo hiciera como Amparo García, que era la identidad válida bajo los ojos del Estado y, en todo caso, ella seguía teniendo su cédula con ese nombre.
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El caso llamó la atención de la Corte Constitucional, que lo revisó por tercera vez y se dio cuenta de que las dos decisiones anteriores no habían respetado los derechos de Ana Rodríguez. La decisión estuvo liderada por la magistrada Natalia Ángel, quien acompañada por la magistrada Daiana Fajardo y el magistrado Juan Carlos Cortés, quienes no solo anularon las dos primeras decisiones, sino que dejaron sin efectos la resolución de la Registraduría, considerando que nunca le notificaron la decisión a quien más le importaba.
También, que desconocieron las obligaciones que tienen todas las instituciones del Estado de prestar una atención integral a las víctimas de la trata de personas. Con esa decisión de la Corte, Ana Rodríguez está a la espera de un pasaporte de emergencia que le debe entregar la Cancillería con su nombre, el que ella eligió, para que regrese a Colombia y visite a su madre.
*Los nombres fueron cambiados en el texto para mantener anónima la identidad de la víctima.
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Por Jhordan C. Rodríguez
