3 Jan 2020 - 6:14 p. m.

La pelea por una finca de “Macaco” que compraron ganaderos del Bajo Cauca

Dos ganaderos antioqueños aseguraron no saber que su predio muy probablemente perteneció al exjefe paramilitar. Sin embargo, para la Corte Suprema, los compradores debieron hacer un estudio previo a adquirir el bien sobre quiénes habían sido los propietarios.

Redacción Judicial

Con el certificado de tradición se demostró que el bien estaba relacionado con el Bloque Central Bolívar, comandado por "Macaco".  / Archivo El Espectador
Con el certificado de tradición se demostró que el bien estaba relacionado con el Bloque Central Bolívar, comandado por "Macaco". / Archivo El Espectador

Los bienes del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, han tenido toda una disputa en la jurisdicción de Justicia y Paz, pues a muchos de ellos les han salido nuevos dueños que aseguran desconocer la violencia con la que el excomandante del Bloque Central Bolívar se hizo a su fortuna. Ese es el caso de la finca La Ilusión, en Cáceres (Bajo Cauca antioqueño), que le compraron los ganaderos Guillermo Wuveimar Hoyos y Olga Lucía Solís a un presunto testaferro. Ahora tras una pelea de más de cinco años, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el embargo que existe sobre el predio.

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La disputa se remonta a 2008, cuando José Germán Sena Pico, un desmovilizado de las Autodefensas que militó en las filas de Macaco, le contó a Justicia y Paz de 46 bienes que tenían relación con la organización armada. Luego, en 2012 y 2014, mientras colaboraba con la justicia, el reinsertado reiteró que la finca La Ilusión era de propiedad de Macaco y dio detalles que convencieron a la Fiscalía. Fue tal la convicción, que en 2014 el Tribunal de Bogotá ordenó medidas cautelares sobre el bien, entre las que estaba la suspensión del poder dispositivo. Es decir, se lo quitó a quienes lo poseían en ese momento: Hoyos y Solís.

Dos años más tarde, los ganaderos pusieron un recurso para intentar tumbar la decisión del Tribunal. Para lograr su cometido, Hoyos y Solís debían demostrar que no sabían, al momento de adquirir el predio, que este perteneció a un grupo armado ilegal y que, muy posiblemente, fue adquirido por medios violentos. Es decir, demostrar su buena fe exenta de culpa, como lo denomina la justicia. Sin embargo, no fue tarea fácil, pues todas las pruebas estaban en su contra y en primera instancia perdieron la batalla.

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El Tribunal mantuvo su decisión por un sinnúmero de razones. En primer lugar, porque era de conocimiento público que la zona estaba controlada por paramilitares. Pero también, y esto fue quizá lo más determinante en la historia, porque en el certificado de tradición del inmueble se constataba que la finca perteneció a un exmilitante de las Auc que murió en Argentina y, posteriormente, le traspasó el predio a un empleado doméstico de Macaco, quien a su vez negó haber visitado alguna vez el lugar, pero reconoció que la pareja del exjefe paramilitar en varias ocasiones le pidió firmar documentos que para él eran extraños.

No contentos con la decisión, los ganaderos apelaron y el caso llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. De entrada, los magistrados encontraron que “la representante judicial de los opositores inscritos como propietarios de la finca La Ilusión, no aportó ninguna prueba que demuestre que aquellos en la compra del inmueble hubiesen desplegado alguna acción tendiente a determinar que no estaban adquiriendo un derecho aparente, con procedencia ilícita o cuando menos que en realidad provenía de sus legítimos propietarios”. Es decir, Hoyos y Solís no demostraron, como debían, su buena fe exenta de culpa.

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En concreto, dijo la Corte, la pareja de ganaderos “se limitó a acreditar mediante prueba documental y testimonial la negociación realizada -confusa compraventa y/o permuta de la finca-; la capacidad económica y antecedentes comerciales y personales de los opositores; los compromisos económicos adquiridos con entidades bancarias y garantizados con el predio a partir de su adquisición, así como las obras que se realizaron en el mismo”. A pesar de demostrar todo eso, no demostraron que intentaron investigar el origen del inmueble que compraron.

De hecho, en versiones libres que rindieron en el proceso, Hoyos y Solís reconocieron que ni siquiera investigaron. Por ejemplo, cuando le preguntaron si conocía o averiguó por los anteriores propietarios, la mujer dijo: “Nosotros no averiguamos la procedencia anterior (…) conocíamos a la que nos la vendió, Vivianam que era una persona honesta y de buena familia”. A su turno, el hombre remató reconociendo que sabía que la región era dominada por paramilitares: “cuando yo compré La Ilusión, la zona era manejada por Cuco Vanoy, HH y Macaco. Todos ellos estaban ahí en la zona, pero nunca me llegaron a pedir dinero, nunca recibí amenazas, nunca llegaron a mi finca y la mayoría se estaban desmovilizando”.

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Aunque el mero conocimiento público de que había paramilitares obligaba “a quienes obraran de buena fe, adoptar precauciones extremas previas a adquirir predios” la pareja de ganaderos no hizo los esfuerzos necesarios, dijo la Corte, para prevenir inmiscuirse en un negocio ilícito. Así las cosas, entonces, el alto tribunal decidió mantener el embargo sobre el bien y, por ahora, su valor y sus frutos podrían terminar en manos de las víctimas de las acciones criminales del Bloque Central Bolívar.

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