25 Jul 2021 - 2:00 a. m.

La pesadilla de las familias que ganaron lío de tierras al exmagistrado Pretelt

En marzo de 2020, a los Villalba y a los Hernández les fueron restituidos unos predios que tuvieron que vender por amenazas de paramilitares y que, años después, quedaron en poder del exmagistrado Jorge Pretelt. Ninguna de las familias ha podido regresar.

Según la lengua indígena embera katío, Urabá significa “tierra prometida”. Justo en esa región, dos familias campesinas, los Villalba y los Hernández, siguen esperando la promesa de las autoridades para la entrega de dos predios ubicados en Turbo (Antioquia), zona con histórica presencia de guerrillas, paramilitares y disidencias. El pasado 9 de marzo, el Tribunal Superior de Antioquia los reconoció como víctimas de desplazamiento forzado y ordenó a Jorge Pretelt, exmagistrado de la Corte Constitucional, devolverles la propiedad. No obstante, la sentencia al sol de hoy se quedó en el papel.

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Entre otras cosas el fallo no se ha materializado por la presencia de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, cabeza del Clan del Golfo y blanco de la más grande operación de la fuerza pública en Colombia. Los Villalba quieren regresar al predio No Hay como Dios, mientras los Hernández esperan lo mismo sobre Alto Bonito. Se trata de dos terrenos que hasta hace un año y medio eran propiedad de Pretelt, quien los anexó a una gran finca ganadera denominada La Corona. El Tribunal ordenó que las restituyera, pues fueron vendidas bajo presión de paramilitares que seguían órdenes de Carlos y Vicente Castaño, máximos líderes de las Autodefensas.

De hecho, cerca de ambos predios existía un enorme centro de operaciones y entrenamiento paramilitar llamado La 35, extendido por 500 hectáreas. Pretelt, según la sentencia, se aprovechó de la vulnerabilidad de los campesinos para hacerse con bienes que fueron vendidos a precios irrisorios. La familia Villalba compró No Hay como Dios en 1989. Tres años después, quien quedó como propietario fue visitado por paras, que le exigieron que vendiera la finca; ante su negativa, lo amenazaron. El 10 de marzo de 1992, él y su familia se fueron a un pueblo de Córdoba.

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Hasta allí, los siguieron durante años. Los exparamilitares Teófilo Hernández y Evelio Díaz, alias el Burro, lograron que en 1999 el bien quedara en manos de quien fuera su socio, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. A su vez, este sujeto —quien fue mano derecha y escudero de los hermanos Castaño— traspasó la finca a Martha Ligia Patrón, esposa del exmagistrado Pretelt. Villalba pidió $500.000 por hectárea, pero apenas le dieron $200.000. La historia de los Hernández es similar: adquirieron Alto Bonito en 1987, cuando era un baldío, por adjudicación del antiguo Instituto de Reforma Agraria (Incora), pero los violentos los obligaron a vender.

En enero de 2002, un grupo de personas le exigió al dueño que desalojara el lugar y dejara las escritura y los documentos de la propiedad. Apenas un año más tarde, en 2003, el terreno quedó en manos de Martha Ligia Patrón, quien pagó alrededor de $5 millones por 46 hectáreas. “La transfirió a su esposo, quien procedió a englobarlo con el anterior fundo y tres más”, agregó el Tribunal.

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La Unidad de Restitución de Tierras acompañó la demanda de las dos familias. Según una línea de tiempo del caso que elaboró la entidad, en poder de El Espectador, la pandemia fue el primer traspié para las familias. Tan solo tres días después de la sentencia, el Consejo Superior de la Judicatura aplazó todos los eventos hasta el 20 de abril de 2020. Entre ellos, la entrega material, a cargo del Juzgado Primero Civil de Restitución de Tierras de Apartadó (Antioquia). La entrega se programó, luego, para el 16 de febrero de este año, pero se canceló por “condiciones de seguridad en la que la Policía de Urabá advirtió riesgos para el desarrollo de la comisión”.

El 14 de mayo pasado hubo una nueva luz para los campesinos, pues ese día se programó de nuevo la entrega; no obstante, en palabras de la Unidad, “fue cancelada por el Juzgado ante el silencio presentado por el Ejército y la Policía para dar cuenta de las condiciones de seguridad en la zona”. A su vez, las salidas judiciales en Antioquia se suspendieron a causa de la alerta roja que había en el departamento ante el aumento del coronavirus. Este diario habló con la Policía de Urabá, la cual explicó que el Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), encargado del acompañamiento, ni siquiera está en la región desde el 28 de abril.

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Según el comando, los carabineros tuvieron que desplazarse a otras partes de Antioquia cuando arreciaron las protestas por el paro nacional. “Todavía están apoyando”, le dijo a este diario la fuerza pública. Además, que aún es una zona tan tensa como en los años 90, pues allí hay fuerte presencia del Clan del Golfo, antes llamados Los Urabeños, al mando de Otoniel. “Lo mejor es llegar en helicóptero, por seguridad”, añadieron desde la Policía. El Espectador también se comunicó con la 17 Brigada del Ejército, que opera en la zona, pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, una fuente militar en la región explicó que justo esa región, el Golfo de Urabá, es el centro de actividades de la organización criminal con mayor presencia en Colombia y que allí se concentra la Operación Agamenón, para dar con el paradero del hombre más buscado del país: Otoniel. De hecho, los Úsuga son protagonistas de esta historia de principio a fin. Otoniel nació en Turbo y fue guerrillero del extinto Epl, con presencia en la región hasta la desmovilización masiva de 1991. Tiempo después Otoniel, su hermano Juan de Dios Úsuga, alias Giovanni, y Monoleche regresaron a las armas, para unirse a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

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Este grupo armado llegó a ser el principal responsable de desplazamientos forzados y asesinatos selectivos en la región. Las Accu, por esos años, se unieron a la casa Castaño en el contubernio que se llamó las Autodefensas Unidas de Colombia. Las tierras de los Villalba y los Hernández, incluso, fueron vecinas por el sur del hermano de “Otoniel” y por el norte de “Choroto”, mano derecha de Carlos Castaño y administrador de La 35. Al final, será el juez 1° de restitución de Apartadó, quien vigila el cumplimiento de la sentencia, el que determine si se ha cumplido el punto del fallo que le ordena al comandante de Policía de Antioquia diseñar un esquema de seguridad para que las víctimas gocen de los bienes restituidos.

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