La petición de la Judicatura al Gobierno por la venta de Isagén
La Rama Judicial espera la entrega del 5% del total valor dela subasta de las acciones del Gobierno. Su petición se fundamenta en el impuesto al remate.
Redacción Judicial
El Consejo Superior de la Judicatura emprendió una reclamación con el fin de recibir una parte del porcentaje de la subasta adelantada por el Gobierno del 57.61% de las acciones de la empresa de energía Isagén. El alto tribunal reclama que le corresponden 5% de este proceso por concepto del impuesto del remate y adjudicaciones establecido en la ley 1743 de 2014.
Para la Judicatura en el proceso de venta de las acciones a la empresa canadiense Brookfield Asset Management por 670 mil millones de pesos el Gobierno les debe entregar el porcentaje solicitado puesto que se cumplen todos los requisitos exigidos por la ley en mención. En este punto se advierte que el porcentaje exigido tiene como finalidad financiar a la Rama Judicial.
“Los adquirientes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo, los Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental y municipal, pagarán un impuesto del cinco por ciento (5%) sobre el valor final del remate, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia”, precisa.
En el reclamo se manifiesta que la venta de bienes muebles-acciones en el caso de Isagén tenía como titular al Ministerio de Minas y Energía, es decir una entidad del Gobierno. Debido a esto, señala la solicitud que se presentó una enajenación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y realizando un procedimiento de cobro coactivo.
La petición ha recibido la aprobación del Consejo de Estado y de la Comisión Interinstitucional –de la que hacen parte los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General- para que se desembolsen estos recursos dirigidos a mejorar y fortalecer a la Rama Judicial. Cosa muy diferente a lo que piensa el Ministerio de Hacienda. (Ver Dineros de la venta de Isagén comienzan a financiar megaproyectos de 4G)
Para la cartera de Crédito Público el reclamo de la Judicatura no tiene un piso jurídico puesto que el impuesto al remate que se cita no entra en este proceso de subasta ya que en la figura citada hace referencia expresa a la venta forzada de bienes de un deudor para que se paguen las obligaciones pendientes. (Ver Cámara y Senado aprobaron destinar el 10% de los recursos de Isagén)
En el procedimiento de Isagén, se indica, no se tuvo la participación de los jueces de la República puesto que se adelantó un procedimiento diferente. De ser avalada la petición de la Judicatura se abriría la puerta a una serie de reclamaciones en los procedimientos que van en auge en el país frente a la venta de acciones de empresas públicas.
El Consejo Superior de la Judicatura emprendió una reclamación con el fin de recibir una parte del porcentaje de la subasta adelantada por el Gobierno del 57.61% de las acciones de la empresa de energía Isagén. El alto tribunal reclama que le corresponden 5% de este proceso por concepto del impuesto del remate y adjudicaciones establecido en la ley 1743 de 2014.
Para la Judicatura en el proceso de venta de las acciones a la empresa canadiense Brookfield Asset Management por 670 mil millones de pesos el Gobierno les debe entregar el porcentaje solicitado puesto que se cumplen todos los requisitos exigidos por la ley en mención. En este punto se advierte que el porcentaje exigido tiene como finalidad financiar a la Rama Judicial.
“Los adquirientes en remates de bienes muebles e inmuebles que se realicen por el Martillo, los Juzgados Civiles, los Juzgados Laborales y demás entidades de los órdenes nacional, departamental y municipal, pagarán un impuesto del cinco por ciento (5%) sobre el valor final del remate, con destino al Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración de Justicia”, precisa.
En el reclamo se manifiesta que la venta de bienes muebles-acciones en el caso de Isagén tenía como titular al Ministerio de Minas y Energía, es decir una entidad del Gobierno. Debido a esto, señala la solicitud que se presentó una enajenación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y realizando un procedimiento de cobro coactivo.
La petición ha recibido la aprobación del Consejo de Estado y de la Comisión Interinstitucional –de la que hacen parte los presidentes de las altas cortes y el Fiscal General- para que se desembolsen estos recursos dirigidos a mejorar y fortalecer a la Rama Judicial. Cosa muy diferente a lo que piensa el Ministerio de Hacienda. (Ver Dineros de la venta de Isagén comienzan a financiar megaproyectos de 4G)
Para la cartera de Crédito Público el reclamo de la Judicatura no tiene un piso jurídico puesto que el impuesto al remate que se cita no entra en este proceso de subasta ya que en la figura citada hace referencia expresa a la venta forzada de bienes de un deudor para que se paguen las obligaciones pendientes. (Ver Cámara y Senado aprobaron destinar el 10% de los recursos de Isagén)
En el procedimiento de Isagén, se indica, no se tuvo la participación de los jueces de la República puesto que se adelantó un procedimiento diferente. De ser avalada la petición de la Judicatura se abriría la puerta a una serie de reclamaciones en los procedimientos que van en auge en el país frente a la venta de acciones de empresas públicas.