La preocupación de colectivos por decreto que reglamenta el uso de la fuerza pública

Las organizaciones sociales manifiestan que la actitud del Gobierno nacional representó una restricción del derecho a la participación de las personas y organizaciones que acudieron a la Mesa de Trabajo.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A través de un comunicado público, varias organizaciones y colectivos de abogados que representan a personas víctimas de violencia policial en el marco del Paro Nacional de 2019, manifestaron en cinco puntos las preocupaciones que les genera el nuevo decreto (003 del 5 de enero de 2021), que reglamenta el uso de la fuerza pública en las manifestaciones sociales.

Tal decreto fue producto de una acción de tutela instaurada precisamente por los colectivos de juristas apoderados de víctimas, con el fin de que se protegieran los derechos fundamentales a la protesta, vida, integridad personal, libertad de expresión, debido proceso, entre otros.

A partir de esa tutela, el 22 de septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia (STC-7641-2020) en la que le ordenó al presidente convocar una mesa de trabajo para restructurar las directrices sobre el uso de la fuerza en manifestaciones y expedir un “Estatuto de Uso, Reacción y Verificación de la Fuerza”.

Según las organizaciones de juristas, entre el 14 y 18 de diciembre de 2020, hicieron presencia en la Mesa de Trabajo, convocada por el Gobierno nacional para dar cumplimiento a la sentencia. Aseguran que, durante nueve semanas, abogados y ciudadanos con interés en el asunto, discutieron y analizaron con representantes del Gobierno un conjunto de hechos relacionados con la actuación de la policía durante las protestas.

Sin embargo, aseguran los colectivos que “varios puntos de gran importancia no fueron tenidos en cuenta para una adecuada y efectiva reglamentación que limite la actuación policial y evite excesos en su labor de atención a manifestaciones públicas, la cual debe procurar por una garantía real del derecho fundamental a la protesta social y la protección de la vida, integridad personal, libertad de expresión y debido proceso en el marco del ejercicio de este derecho”.

En ese sentido, numeraron cinco aspectos que les preocupa. Para empezar, rechazaron que el Gobierno Nacional, durante las discusiones de la mesa de trabajo, “desestimara de plano cualquier posibilidad de que se revisaran las directrices de uso de fuerza vigentes con fines de reestructuración, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia”. (Lea también: Nuevo protocolo para uso de la fuerza en la protesta social: ¿Qué contiene?)

Señalan las organizaciones que, a su juicio, estas directrices resultan insuficientes y permisivas para el abuso de la fuerza por parte de los agentes de la Policía. Entre las dichas directrices, señalan, se encuentran las Resoluciones 2903 y 3002 de 2017, expedidas por el director General de la Policía Nacional, donde se establecen pautas generales sobre uso de armas de letalidad reducida y la atención en manifestaciones, respectivamente.

“Estas reglamentaciones, que configuran el marco operacional que posibilitó la brutalidad policial durante el Paro Nacional de 2019 y durante las movilizaciones de 2020, no fueron cuestionadas ni revisadas bajo la negativa férrea del Gobierno, lo cual resulta ser una grave actitud de invisibilización de los hechos de violencia evidenciados por la Corte Suprema de Justicia, que dan cuenta de una intervención sistemática, arbitraria y violenta de la fuerza pública sobre la manifestación pública y pacífica”, afirman los colectivos.

En segundo lugar, rechazaron que el Gobierno no admitiera la posibilidad de redefinir algunos elementos de importancia para prevenir actuaciones arbitrarias por parte de la Policía, en atención a las manifestaciones. “Nos referimos a la posibilidad de que la ciudadanía y organismos externos a la Policía revisen las fichas académicas que sirven para la formación y capacitación de los funcionarios de Policía; así como la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil tengan participación en los Puestos de Mando Unificado que se convocan para coordinar la actuación institucional en las protestas”.

Como tercer punto, afirmaron que no se llegó a un consenso sobre la necesidad de una regulación clara, estricta y restrictiva del papel de las Fuerzas Militares de manera previa y posterior al desarrollo de manifestaciones. En cuarto lugar, señalaron que encontraron obstáculos para la inclusión del respeto a la misión periodística y a la labor de documentación en los casos específicos donde se presentan focos de violencia. (Le puede interesar: Imputarán a tres policías por muerte de cuatro personas en las protestas del “9S” en Bogotá)

Por último, rechazaron que el Gobierno nacional se opusiera a la inclusión de criterios ciertos, claros y completos para limitar la realización de capturas, traslados por protección y traslado para procedimiento policivo durante el desarrollo de manifestaciones, y la posibilidad de que las organizaciones de derechos humanos puedan ejercer una labor de verificación de la integridad personal de las personas sujetos de estas medidas.

“Vemos con preocupación que esta nueva reglamentación sea una declaración de principios que en lo operativo no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones, la cual a lo largo del 2020 continuó siendo arbitraria y desproporcionada. Asimismo, denunciamos que la actitud del Gobierno nacional en lo atinente a su férrea oposición de discutir y debatir estos temas, resulta ser una grave restricción del derecho a la participación de las personas y organizaciones que acudieron a la Mesa de Trabajo”, concluyeron.

Las organizaciones que emitieron y firmaron el comunicado son: la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (DH Colombia); Humanidad Vigente Corporación Jurídica; la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”; la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica; la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR); Comisión Colombiana de Juristas (CCJ); Comité de Solidaridad con los Presos Político (CSPP); Dejusticia y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).