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Tan sólo pasaron unas horas después de que el presidente electo, Iván Duque, anunciara a Guillermo Botero como próximo ministro de Defensa para que se levantara el debate. El revuelo se causó como consecuencia de la propuesta que esbozó el actual presidente de Fenalco que asumirá el Ministerio de Defensa desde el próximo 7 de agosto, de impulsar una ley estatutaria en el Congreso para regular la protesta social.
Botero señaló durante una intervención en la Cumbre de las Américas, que el nuevo gobierno podría promover una ley que “organice” la protesta social. “En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo”, dijo. Por otro lado, ayer el Gobierno firmó un protocolo sobre la protesta social que fue concertado con las organizaciones sociales.
En diálogo con El Espectador, Mauricio Archila Neira, integrante del equipo de investigación de movimientos sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y profesor de historia de la Universidad Nacional, habló del tema.
(Lea: Reglamentar la protesta social: pero ¿cómo?)
¿Qué impresión le dejó el comentario del anunciado ministro Botero acerca de una posible ley estatutaria que regularía la protesta social?
Lo primero es que sorprende que las primeras declaraciones del ministro anunciado sean sobre las protestas. Controlar la protesta es a todas luces improcedente. Podemos coincidir en que es necesario que haya una ley estatutaria, pero para preservar el derecho a la protesta, consagrado en la Constitución. Por eso, organizar y reglamentar la protesta es imposible. La protesta, por definición, es una expresión ciudadana que no necesariamente es caótica, muchas veces es muy organizada, pero hace parte de una forma de expresión ciudadana que no debe regirse por patrones de organización o de una reglamentación detallada que termine impidiéndola.
¿Qué hay respecto a que los intereses deben ser comunes y no sólo de un grupo determinado?
Ese punto es también una forma de aniquilar la protesta, porque decirle a la gente que tiene que inscribirse en los intereses de todos los colombianos no es posible. El 99 % de las protestas ocurren por circunstancias particulares: una escuela, un techo que se cae, falta de maestros, hospitales cerrados, etc.
¿Qué tiene por decir acerca de las cifras del Cinep a las que se refirió el ministro Botero?
El ministro señaló que las protestas venían aumentando pues, según él, de acuerdo con las cifras del Cinep, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019. Nuestras cifras son 827 protestas para 2010 y 716 para 2016. Hay una intencionalidad del doctor Botero, antes de entrar a su cargo, de demostrar un incremento desbordado de la protesta.
La protesta viene en aumento desde 2007, o sea, en el período de Uribe. El 2007 fue el segundo año de más protestas que hemos registrado desde 1975; el máximo fue 2013, pero 2007 fue el segundo, con 1.016 protestas, muchas de ellas por temas de derechos humanos. Entonces, primero, ¿cuál es la intencionalidad de mostrar cifras bajas en 2010 y una alta en 2016? Es de alguna manera decir: “con este gobierno se está desbordando la protesta, vamos a entrar a controlarla”. Sería más interesante entrar en el debate de qué significa ese aumento relativo de la protesta desde finales del decenio pasado. A nuestro juicio, no es que este país esté al borde del caos por la gente que protesta, sino que es un país en el que hay una ciudadanía activa que participa, generalmente por canales institucionales, pero en algunas situaciones límites acude a la protesta para hacerse sentir.
¿Cuáles son los soportes jurídicos que llevan a plantear que hay un derecho a la protesta?
Hay algunos artículos, el 37 de la Constitución, donde se habla del derecho a la protesta, y hay otros colaterales, como el derecho al libre discurso, a la organización, etc. Incluso, con la expedición del Código de Policía del 2016, la Corte Constitucional no aprobó los artículos que tenían que ver con la reglamentación de la protesta porque consideraba que eso era violatorio. Si hay necesidad y obligación de hacer una ley, ojalá estatutaria, que sea para garantizar el derecho a la protesta. Así fue convenido en el Acuerdo de La Habana en los puntos 2.1 y 2.2.
¿Cuánta competencia tiene el Estado para que se lleguen a evitar posibles desmanes y contingencias que surjan durante la protesta?
El Estado tiene el deber de preservar el orden, y en ese sentido encontraría una razón para una reglamentación a todo un acuerdo común que intente dejarnos hacer vigente ese derecho. Desde nuestras estadísticas, menos del 5 % de las protestas son de carácter violento, y eso se puede constatar también por las estadísticas de la Policía, que es la entidad que realmente maneja la protesta. Insisto en que tratar de reglamentar y organizar algo que de por sí es espontáneo es correr el riesgo de limitarlo.
Revisando la historia, en 1928 se expidió la Ley Heroica. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces el tema de la protesta?
Con vaivenes. Digamos que no estamos exactamente en el mismo punto; esperemos que no regresemos a la hegemonía conservadora y a la Ley Heroica. Pero no se puede negar que en la época de Uribe hubo intentos de control de la protesta con una lógica muy de Guerra Fría, que ya se acabó en el mundo pero aquí en Colombia subsiste. Estos primeros campanazos del ministro entrante, Botero, preocupan, porque muestran un rostro militarista para controlar, no algo mucho más conciliador, como supuestamente predica el presidente entrante.
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¿Considera que las declaraciones del ministro Botero afectan la situación que los líderes sociales están viviendo en el país?
Es preocupante, porque si un gobierno dice que la protesta se está desbordando, que hay que controlarla, puede ser interpretado por estos sectores armados y estas disidencias como una forma de legitimar su accionar e ir contra los líderes sociales. La protesta responde a carencias y limitaciones de la sociedad y no a un plan intencional contra un gobierno. Esperemos que haya un pronunciamiento claro en el sentido de condenar la violencia contra los dirigentes sociales, muchos de los cuales han sido líderes desde las protestas.