Razón Pública en El Espectador

Reglamentar la protesta social: pero ¿cómo?

Aunque el ejercicio del derecho a la protesta necesita de una regulación que lo garantice, también es cierto que con el “ordenamiento” se corre el riesgo de anular ese derecho. La protesta es una de las formas principales de participación ciudadana en Colombia y, en la gran mayoría de los casos, transcurre de forma pacífica.

Archivo El Espectador

De opositor a promotor

En días pasados, Guillermo Botero —designado como ministro de Defensa por Iván Duque— habló sobre la protesta social en la Cumbre Concordia Américas. No deja de ser sorprendente que el nuevo ministro se refiriera a este tema, en lugar de habar de otros asuntos, como la ola de violencia contra los líderes sociales o las amenazas a los periodistas.

Esto llama la atención porque de algún modo revive un proceso que se había estancado en el Congreso y que venía del Acuerdo de Paz: el proyecto de Ley Estatutaria sobre garantías para la movilización y la protesta que surgió del punto 2 del Acuerdo con las FARC, en cuya redacción participaron varias organizaciones sociales coordinadas por tres ONG (Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia y Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep), un proyecto que Santos había presentado  para trámite por la vía del “fast track”.  

Contexto: Regular la protesta social: la primera propuesta de quien será ministro de Defensa de Duque

Al parecer, el Congreso se abstuvo de tramitar aquel proyecto debido a la resistencia de los gremios y de sectores de las Fuerzas Armadas. Es curioso que ahora sea Botero, el “eterno presidente” de la Federación Nacional de Comerciantes  (Fenalco) y ahora entrante ministro de Defensa, quien propone ocuparse del asunto.

Pero esta tardía coincidencia se disipa cuando Botero sugiere las líneas gruesas de la ley en cuestión: “En el ámbito social respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo…”. En este análisis distinguiremos dos puntos polémicos: el ordenamiento de la protesta y los intereses que representa.

Ordenamiento de la protesta

Aunque el ejercicio del derecho a la protesta necesita de una regulación que lo garantice, también es cierto que con el “ordenamiento” se corre el riesgo de anular ese derecho. La protesta es una de las formas principales de participación ciudadana en Colombia y, en la gran mayoría de los casos, transcurre de forma pacífica. La gente suele acudir a la protesta cuando se agotan otros canales de expresión del descontento ante situaciones injustas.

Por eso mismo la protesta no siempre es planeada, menos aun cuando se trata de respuestas espontáneas ante actos de violencia, como sucede hoy con los líderes sociales. El ideal sería notificar con anticipación a las autoridades, para que estas puedan acompañar a los manifestantes y hacer los ajustes necesarios para la movilización. Pero no siempre es posible anunciar de antemano el lugar o la hora de una protesta y, en todo caso, la ausencia de notificación no debe traducirse automáticamente en su ilegalización.

¿Qué intereses debe representar la protesta?

El entrante ministro de Defensa afirmó que la protesta debe responder al interés de “todos los colombianos” y no al de un pequeño grupo. No entraremos a señalar el sesgo que hay en esa expresión, por excluir al género femenino. Desde luego, Botero se refiere a la necesidad de dar prioridad al interés general. Pero ese interés es difícil de determinar y a menudo se supone que son los gremios empresariales los que lo representan.

Por otro lado, excluir los intereses particulares de la protesta es un contrasentido. La protesta recoge la expresión de intereses particulares, que deben ser debatidos y acordados después en escenarios públicos más amplios.

Basta con pensar en la abundancia de casos de trabajadores a quienes no se le paga su salario a tiempo, de estudiantes a los que se les cae la escuela o les faltan maestros, de enfermos que no reciben atención en los hospitales porque están a punto de quebrar, de campesinos violentamente desterrados de sus tierras, de indígenas a quienes se les niega su cultura propia, o de afrodescendientes a quienes no se les reconocen sus territorios.

¿Cómo pedirles a ellos que atiendan a los intereses de “todos los colombianos”? ¿Quién determina esos intereses? Detrás del loable deseo de proteger el interés general se silencia a la ciudadanía y a sus reclamos particulares.

Cifras sesgadas y lecturas convenientes

En su breve presentación, Botero dio algunas cifras imprecisas o sesgadas. De acuerdo con los medios, el ministro entrante dijo que “las protestas vienen en aumento: de acuerdo con las cifras del CINEP, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019”.

Pero esas cifras no coinciden con nuestros datos, que arrojan 827 protestas para 2010 y cerca de 760 para 2016. Nos preocupa el mensaje que está en el fondo de la frase citada. Podríamos preguntarnos por qué tomar una cifra supuestamente baja en 2010 para contrastarla con una pretendidamente alta en 2016.  O por qué no decir, por ejemplo, que en 2007 hubo 1.016 protestas, en su mayoría motivadas por los derechos humanos.

Es cierto que las protestas han aumentado desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe, y también que la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013, el año del “tal paro agrario”.

Pero no es cierto que bajo el gobierno Santos se hubiera producido un desborde inusitado de las protestas, como si en cambio Uribe las hubiera tenido controladas y ordenadas. En este caso, el sesgo es más que evidente y se quiere legitimar la intervención sobre un fenómeno que se “salió del cauce”.

Una Ley Estatutaria que reglamente la protesta debería garantizarla como derecho. La propuesta del ministro Botero, en cambio, apunta a reprimirla y anularla. Si honestamente se quiere hacer una regulación sobre el derecho a la protesta que evite la polarización, el nuevo ministro debería comprometerse a consultar a las organizaciones sindicales y sociales para llegar a consensos que consoliden la democracia.

*Profesor de la Universidad Nacional, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y analista de Razón Pública.

*Investigadora del Cinep y analista de Razón Pública

Lea el artículo completo en este enlace. 

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Mauricio Archila* y Martha Cecilia García**

Política

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