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26 Aug 2021 - 1:46 p. m.

La puja sobre la suspensión del examen de quienes aspiran a jueces y magistrados

El caso se encuentra en la Corte Constitucional por cuenta de dos acciones de tutela en las que piden se les respete los derechos al debido proceso y la buena fe, debido a que en 2018 presentaron pruebas para aspirar a cargos de jueces y magistrados pero estas no fueron tenidas en cuenta por una serie de irregularidades que quedaron documentadas a lo largo del proceso.
La puja sobre la suspensión del examen de quienes aspiran a jueces y magistrados
La puja sobre la suspensión del examen de quienes aspiran a jueces y magistrados
Foto: ROMEO GACAD

Con el propósito de tomar una decisión de fondo sobre dos tutelas que reposan en la Corte Constitucional, el alto tribunal a través de un auto de 11 páginas suspendió el examen de conocimiento programado por el Consejo Superior de la Judicatura para este 29 de agosto. El análisis que pretendía realizar la judicatura se encuentra enmarcado en el concurso que se surte en la corporación en la que varios profesionales en derecho aspiraran a cargos de jueces y magistrados en diferentes tribunales del país.

La decisión de suspender el examen estuvo en manos de la magistrada Paola Andrea Meneses, quien hace parte de la Sala Quinta de Revisión del alto tribunal. La determinación obedece a una medida provisional que se decretó en el caso debido a que se debe tomar decisión de fondo en dos acciones de tutela que reposan en contra del Consejo Superior de la Judicatura alegando que no es viable que se vuelva a registrar el examen cuando este ya había sido practicado en diciembre de 2018.

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Los resultados de las pruebas que fueron publicados el 28 de diciembre de 2018 daban cuenta que quien tuviese un puntaje igual o superior a 800 puntos podía continuar con la fase II del proceso, en el que se comprobarían los requisitos mínimos para continuar con la aspiración a dichos cargos. Para marzo de 2019, varios recursos de reposición permitieron un análisis a los resultados y pruebas de aptitudes, sin embargo, estas no prosperaron y la resolución quedó intacta debido a que “no se encontraron errores de concordancia entre las respuestas dadas por los aspirantes”.

No obstante, una primera corrección a esos resultados llegó en junio de 2019 debido a que hallaron errores en el ensamblaje y la diagramación de los cuadernillos de las pruebas. En ese entonces, la judicatura advirtió que, al revisar las pruebas con ocasión de los diversos recursos de reposición, la Universidad Nacional, entidad contratada para el análisis, evidenció “que en el proceso de ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos se modificó el orden de las preguntas de la prueba de aptitudes, sin que se hubieren actualizado las claves en el procedimiento de calificación, cuestión que produjo imprecisión en la evaluación de los examinados”.

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Ese error afectó el principio del mérito lo que, de alguna forma invalidaba los resultados obtenidos en la prueba que se adelantó en 2018. Sin embargo se mantuvieron en que no era pertinente repetir la prueba ya que esta se realizó bajo las exigencias requeridas. Además, se advirtió que acceder a ello “implica la vulneración de los derechos de quienes aprobaron verdaderamente el examen con base en el mérito”.

Una segunda corrección llegó en octubre de 2020. Esta también obedeció a los múltiples recursos que llegaron en su momento contra esa resolución. Con este nuevo precedente, la entidad explicó que se hallaron diversos “yerros” como los del ensamblaje y diagramación final de los cuadernillos. Sumado a eso, explicaron que “se han seguido encontrando errores, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las pruebas”, algunos de ellos identificados en acciones de tutela que interpusieron. Y con base en tales inconsistencias se advirtió que debían realizar nuevamente las pruebas.

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La Universidad Nacional, una vez más se puso en la tarea de adelantar nuevas pruebas de conocimientos generales y específicos con el propósito de garantizar el principio de mérito. Pese a que la judicatura dijo que con esta nueva iniciativa de presentar exámenes nuevos no se presentaban vulneración a los derechos, Diego Higuera, quien interpuso una acción de tutela consideró lo contrario. Estimó que se le vulneró el derecho al trabajo y a la igualdad. Llegó una segunda tutela, esta vez por parte de Pedro Quintero, quien consideró que se le vulneraron los derechos al debido proceso y la buena fe.

Ninguna de las acciones de tutela prosperó en el Consejo de Estado por lo que llegaron a la Corte Constitucional. Allí, en poder de la magistrada Meneses, quien recibió 14 solicitudes que relacionaban una medida provisional conoció del caso. Quintero, a través de su abogado, entre otras cosas, solicitaba que se aplazara la presentación del nuevo examen programado para este fin de semana hasta que se realizará un “estudio constitucional”.

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Meneses ahora tenía en su despacho alrededor de 14 solicitudes sobre medidas provisionales, y en su análisis consideró que “existen elementos fácticos y jurídicos que, prima facie, permiten inferir una posible afectación de los derechos del accionante y que sustentan la solicitud de medida provisional”. Sobre el caso puntual de Quintero, la Sala estimó que este cumplió con los estándares de la prueba al obtener un puntaje superior a los 900 puntos, y además halló que, inicialmente, cuando se advirtieron irregularidades se mencionó que no era necesario repetir el examen porque cumplía con lo establecido.

Con todo lo anterior, la Sala advirtió que la realización de las pruebas de conocimientos y aptitudes programadas para este 29 agosto podría generar una afectación considerable del derecho al debido proceso administrativo y la confianza legítima de Quintero, debido a que pese a haber obtenido buenos puntajes, generar una nueva prueba daría lugar a nuevas calificaciones y de ahí a la conformación de un nuevo grupo de personas. Con este precedente, el alto tribunal entrara a analizar las aristas del caso y posterior a ello tomará decisión.

Además del estudio constitucional, la supuesta irregularidad por parte del Consejo Superior de la Judicatura no ha dejado solo incertidumbres sobre las pruebas sino también descontento en los aspirantes quienes públicamente han denunciado que con esta situación se podría generar un detrimento de más de 4.000 mil millones de pesos a la Nación.

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