Andrey Pérez, presidente del colectivo de víctimas Casa Paz, heredó de sus abuelos la lucha por encontrar la verdad sobre la muerte de su padre. Margarita Arteaga buscó durante cuatro años a su hermano, miembro de la cultura punk en Bogotá, para terminar descubriendo que lo asesinaron militares en Casanare. Astrid de la Trinidad Tumay todavía recuerda a su sobrino de 28 años, al que describe como un joven trabajador al que le dañaron el futuro. Las historias de este padre, hermano y sobrino se encuentran dentro del caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que investiga las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado.
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Fueron precisamente estas víctimas las que interpusieron una recusación para que la magistrada Catalina Díaz se aparte y no continúe en el proceso judicial que busca verdad, reparación y no repetición en estos casos de falsos positivos. Para ellos, en reiteradas ocasiones, la togada ha caído en la revictimización e, incluso, en la defensa de algunos de los militares implicados, lo que pone en riesgo las garantías de las víctimas. En diálogo con algunas de las personas acreditadas en el caso, ellas mismas expresaron un profundo sentimiento de frustración, pues la situación les hace sentir que este sistema transicional no busca en realidad reparar y no las pone en el centro de la situación.
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En un documento conocido por este diario, los firmantes de la recusación recopilaron una a una las actitudes que les preocupaban y que, para ellos, evidencian una postura parcializada por parte de Díaz. Una de ellas ocurrió a finales de septiembre pasado, en medio de la Audiencia de Reconocimiento de la Verdad que se desarrolló en Casanare. Según cuenta Margarita Arteaga, una de las 303 víctimas acreditadas en el caso, a esa diligencia judicial fueron llegando muchas más víctimas que no se tenían en los registros. Fue tal la magnitud de los testimonios que los magistrados a cargo decidieron agregar un día más de los dos que tenían previsto.
En medio de las audiencias, dicen las víctimas, la magistrada mostró una actitud incoherente, pues en medios de comunicación, específicamente en una entrevista radial, Catalina Díaz hizo un énfasis especial en cómo la JEP, a diferencia de la justicia ordinaria, permite una escucha activa de las víctimas. Sin embargo, cuentan que mientras se desarrollaron las audiencias, ella misma pidió que terminaran su intervención cuando no habían acabado. En el documento, además, las víctimas explicaron que la magistrada intervino en defensa de los exmilitares implicados, luego de que varios de los intervinientes se refirieran a ellos en términos como: “monstruos” o “sicópatas”.
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Pérez señaló que la preocupación de las víctimas no es solo por sus propios procesos, sino por la necesidad de que la sociedad entienda estos patrones macrocriminales que desarrolló el Estado y, de esta forma, generar una transición a la paz. “Nuestros familiares ya no los devuelve nadie. Pero sí nos preocupa que nos vuelva a pasar algo a nosotros y otras personas, que vuelvan a sufrir lo que nosotros sufrimos. Estamos preocupados, no solo porque se nos escuche, sino también porque la sociedad tiene que modificar muchas cosas y entrar en una conversación en la que no le demos la espalda a las víctimas” afirmó.
Para las personas afectadas, algunos detalles parecen pequeños, pero tienen un gran peso simbólico. Uno de ellos: que la magistrada Díaz aún continúe llamando al exmilitar Henry William Torres Escalante como general, cuando sus compañeros magistrados no lo hacen. Eso les recuerda que fue por hechos cometidos en contra de sus familiares que él logró esta distinción. Torres Escalante fue comandante de la Brigada 16 del Ejército y fue el primer general activo en ser detenido por falsos positivos. Para las víctimas, el llamado que hizo la togada a “no darle la espalda” a los militares, deja en ellas la duda sobre cuál es su lugar en el proceso, agregó Pérez.
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“¿Qué pasa con las víctimas que sí se nos dio la espalda durante más de 15 años? Sigue pasando lo mismo: nosotros simplemente asistimos de una manera residual”, expresó el presidente de Casa Paz, Andrey Pérez. La preocupación de muchas de las víctimas es que estos exmilitares acepten su responsabilidad y el caso se quede allí y no haya una verdadera reparación y acceso a la verdad. Para Astrid de la Trinidad, otra de las personas acreditadas como víctimas en el caso, “la verdadera sanción está en que los implicados reconozcan la verdad” para darle un cierre a un hecho como la desaparición forzada.
Arteaga señala que por medio de la postura de la magistrada se les estaría reivindicando a los militares como “héroes frustrados”. Los exuniformados, en audiencias privadas, habrían explicado que nada de lo ocurrido fue por culpa de ellos, sino que respondían solamente a la lógica de la guerra. Para víctimas como Arteaga, esa declaración es también revictimizante, gracias a esa guerra fueron premiados como héroes y recibieron beneficios. La recusación contra la magistrada Díaz está en estudio en la JEP y solo en el marco de ese recurso se podrá saber cuál es la posición de la togada. Entretanto, el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el Casanare seguirá suspendido mientras la jurisdicción especial resuelve qué hacer con la magistrada Catalina Díaz.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez
