La respuesta del Gobierno a Cauca en los últimos tres años ha sido enviar más militares

Luego de las dos masacres que se cometieron la semana pasada en Corinto (Cauca), el ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que en diciembre llegarán 2.500 miembros del Ejército para reforzar la seguridad del departamento. Las autoridades indígenas, incrédulas, han señalado que la militarización del territorio no será una medida efectiva para solucionar la crisis de orden público en esta región del suroccidente colombiano, y lo mismo ha advertido la ONU. "La militarización del Cauca traerá más muertos", señaló a El Espectador el pasado domingo el coordinador nacional de la Guardia Indígena, Luis Acosta.

(“La militarización del Cauca traerá más muertos”: Guardia Indígena)

Este diario encontró que, durante los últimos tres años, esta medida se ha tomado en al menos cuatro oportunidades. Como factor común. tanto el gobierno de Iván Duque como del expresidente Juan Manuel Santos se aumentó el pie de fuerza en el departamento tras presentarse graves hechos de violencia. El más reciente envío masivo de uniformados al Cauca se presentó en agosto pasado cuando el ministro Botero anunció que se enviarían 450 soldados, luego de que los enfrentamientos entre el sexto frente de las disidencias de las Farc (autor de las recientes masacres) y el Eln dejaran confinadas a 500 personas en el municipio de Suárez.

(Vea: Envían 450 soldados al Cauca para guerra contra disidencias de las Farc)

En ese momento, Botero se reunió con el gobernador Óscar Campo, diez alcaldes y delegados de la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, gremios y otros sectores de la región, con quienes, dijo, se lograron veinte compromisos. Esa misma reunión se presentó este fin de semana, pero esta vez fue presidida por el presidente Iván Duque. El pacto entre las autoridades, hecho hace casi tres meses, contemplaba como medida principal incrementar el pie de fuerza con un batallón contra el narcotráfico que tendría entre 300 y 600 personas y un batallón de fuerzas especializadas para atacar organizaciones criminales.

Hace casi un año, el 20 de noviembre de 2018, el secretario de Gobierno de Corinto, Leonardo Rivera, dijo que al finalizar un consejo extraordinario de seguridad se adoptaron algunas medidas, entre ellas incrementar, nuevamente, el pie de fuerza, luego del asesinato de dos personas, el secuestro de otra y la desactivación de un carro bomba de manera controlada. En ese entonces, Rivera expresó que buscaban llevar más uniformados de la Fuerza Pública a ese municipio para mejorar las condiciones de seguridad.

Veinte días después de haberse posesionado como presidente, Iván Duque realizó un consejo de seguridad con el ministro de Defensa Botero en Miranda (Cauca) donde el foco de la discusión fue, según el propio presidente, reforzar la presencia de la Fuerza Pública. Los días previos a su llegada a la Casa de Nariño, el norte del Cauca vivió una nueva ola de violencia. El primer ataque ocurrió en las inmediaciones de la estación de Policía del municipio de Padilla, en donde resultaron heridos tres agentes y su comandante perdió la vida.

(En contexto: El Cauca está en llamas y la solución no está a la vista)

Luego fue detonada una motocicleta bomba cerca a la Registraduría en Santander de Quilichao y, en un ataque, encapuchados arrojaron explosivos contra la estación de Policía en Suárez. También se perpetraron dos atentados más con motocicletas bomba: uno en Corinto y otro Guachené. Esa seguidilla de atentados se prolongó durante las dos semanas siguientes, cuando el 18, 25 y 26 de agosto, fueron detonadas motocicletas bomba en Corinto, Puerto Tejada y Caloto, respectivamente.

Durante ese consejo de seguridad, el alcalde de Toribío, Edward García, señaló que la prioridad era que los programas sociales arrancaran en los municipios del Cauca. "Venimos a reclamar para que el Acuerdo de Paz se implemente, que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los planes de sustitución de cultivos ilícitos inicien, es importante que esto se haga o sino será muy difícil que tengamos una paz estable y duradera. Si el gobierno quiere implementar la erradicación forzada y planes con base a la Fuerza Pública, lo que hará es empeorar la situación", señaló el mandatario local.

La cuarta vez que se registró un aumento del pie de fuerza en Cauca fue en diciembre de 2017, cuando los enfrentamientos entre los grupos armados dejaron seis disidentes muertos en Suárez. Tras el grave hecho, la Tercera Brigada del Ejército, anunció el aumento del pie de fuerza en este departamento. “Estamos con operativos en la zona para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Contamos con apoyo de la Fuerza Aérea”, informó la institución castrense. Este enfrentamiento desplazó a cerca de 1.000 personas. 

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Según funcionarios de un organismo del Estado que trabaja en terreno, que prefirieron no hablar con nombre propio para no afectar su trabajo con las comunidades, este momento es clave para comprender el actual escenario de guerra. La disidencia logró quedarse con el poder en los municipios del norte del Cauca y replegó a los Pelusos al sur del Valle del Cauca,, más precisamente en Jamundí, donde se han presentado dos masacres este año: en enero y hace casi tres semanas. Desde entonces las columnas móviles del sexto frente de las disidencias la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez se asentaron en el norte de Cauca. 

Además del reciente anuncio del gobierno dellevar 2.500 miembros de la Fuerza Pública al Cauca, el el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció este martes que el Gobierno Nacional ejecutará un Plan de Inversión Social para el departamento por 1,3 billones de pesos. “Hay 160 proyectos del Sistema Nacional de Regalías que han sido aprobados por el Departamento Nacional de Planeación (…) Están en marcha y lo que tenemos que hacer es acelerar su implementación, de igual manera los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) también van a ser acelerados. Más de 80 de esos proyectos ya se ejecutaron en 2018 y ahora hay 181 en marcha”, comentó Ceballos.