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Andrea Esperanza Valdés es una reclusa que en medios de comunicación y ante autoridades de justicia y de gobierno ha denunciado un caso aberrante: asegura que, tras haber sido violada dos veces, quedó en embarazo y ha sido inducida al aborto por guardas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en la cárcel El Pedregal de Medellín. Ha buscado un traslado que garantice la fase final de su embarazo, pues tiene ocho meses de gestación, pero recibió un revés de la justicia.
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Valdés fue trasladada por seguridad a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, pues se han encontrado sustancias abortivas en su cuerpo y viene recibiendo mensajes amenazantes contra ella y su familia, los cuales se hacen más peligrosos conforme sigue denunciando su caso. En principio fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, pero siguió recibiendo amenazas. Por tanto, su defensa, liderada por el abogado Felipe Álzate, buscó con una tutela que fuese trasladada a un centro de reclusión distinto a los administrados por el Inpec.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó el traslado de Valdés a la cárcel Distrital de Bogotá, la cual es administrada por le Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la capital. Todo un problema porque según contestó la Secretaría en el proceso de tutela, “esta Cárcel Distrital no tiene la capacidad de albergar Personas Privadas de la Libertad en estado de gestación, ya que no cuenta con la infraestructura que garantice un adecuado desarrollo del embarazo”.
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Además, la Secretaría contestó que “no cuenta con un ambiente propicio para madres lactantes, que propenda al correcto desarrollo psicosocial de los menores que conviven con sus madres, tampoco cuenta con el aval del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), quien es la autoridad que establece las condiciones que deben cumplir los establecimientos de reclusión de mujeres con el fin de resguardar los derechos de los niños y las niñas que conviven con sus madres”.
La defensa de Valdés se opuso al traslado, teniendo en cuenta las condiciones reconocidas por la secretaría de la capital y el inminente nacimiento del hijo de la interna. De acuerdo con la defensa, las condiciones adecuadas pueden encontrarse en una guarnición militar como puede ser la Estación de Carabineros de Bogotá o el Centro de Reclusión de Facatativá (Cundinamarca). Lugares que pueden preservar sus derechos a la vida e integridad personal, y no son administrados por el Inpec.
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Lo último que se sabe del proceso es que el Tribunal Superior de Bogotá aseguró que se trata de una medida transitoria, mientras se resuelve de fondo la tutela. Asimismo, le solicitó a la defensa de Valdés que aporte las pruebas que cuenta para soportar las condiciones insuficientes con las que cuenta la cárcel Distrital de Mujeres, que aparte está pensada para internos que todavía no definen su situación jurídica y no para condenados, que por ley son responsabilidad del Inpec.
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