La tutela de Álvaro Ashton que definiría todo (¿o nada?) en los procesos contra aforados

En marzo de este año la Corte Constitucional seleccionó para estudio una tutela que interpuso el exsenador Álvaro Ashton en mayo de 2018 en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema —hasta hace poco su juez natural— porque consideraba que sus derechos fundamentales estaban siendo vulnerados en el proceso que cursaba en su contra por parapolítica. Ashton pedía tener acceso a la doble instancia, pues justo a pocos meses de empezar su proceso entró en funcionamiento ese mecanismo en el alto tribunal, pero para agosto de 2018 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio pista y en julio de este año la mayoría de sus expedientes fueron trasladados a ese tribunal.

En marzo de este año la Corte Constitucional seleccionó para estudio una tutela que interpuso el exsenador Álvaro Ashton en mayo de 2018 en contra de la Sala Penal de la Corte Suprema —hasta hace poco su juez natural— porque consideraba que sus derechos fundamentales estaban siendo vulnerados en el proceso que cursaba en su contra por parapolítica. Ashton pedía tener acceso a la doble instancia, pues justo a pocos meses de empezar su proceso entró en funcionamiento ese mecanismo en el alto tribunal, pero para agosto de 2018 la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le dio pista y en julio de este año la mayoría de sus expedientes fueron trasladados a ese tribunal.

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El enredo por la tutela de Ashton nació desde que la interpuso en mayo de 2018, pues de inmediato llegó a la Sala Civil y, en segunda instancia, a la Sala Laboral de la Corte Suprema. El senador sostenía que la Sala Penal estaba vulnerando sus derechos al debido proceso, a la dignidad humana y a la tutela judicial, en la investigación que adelantaban en su contra por presuntos vínculos con el frente José Pablo Díaz de las Autodefensas. Ashton peleaba porque un meses después de su captura (diciembre de 2017), había entrado a funcionar el Acto Legislativo 01 de 2018, que creó la doble instancia para aforados (ministros, congresistas, y otros altos funcionarios que no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria).

Es decir, todos los procesos, debían ser trasladados a la recién creada Sala Especial de Primera Instancia, conformada por tres nuevos magistrados. No obstante, cinco meses después, el proceso del excongresista y cientos más seguían en manos de la Sala Penal, lo que los ponía en riesgo de tener una sola instancia. Así, aunque en todos los micrófonos se anticipó un choque de trenes dentro del alto tribunal si le daban la razón al exsenador barranquillero, ambas Salas optaron por negar la tutela y la Sala Penal llamó a juicio a Ashton el 30 de mayo del año pasado, con lo que la discusión parecía haber culminado.

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El asunto, incluso, parecía más que saldado cuando en agosto de 2018 la Sección de Apelación de la JEP le abrió las puertas a Ashton. La sala de la justicia especial le ordenó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas —que primero había negado la entrada de Ashton a la JEP— recibir al exsenador con varios de sus expedientes: el de parapolítica —por el que peleaba la segunda instancia—, otro por presuntas amenazas a un hombre que sería testigo en su contra en ese proceso y el tercero, por el cartel de la toga, en el que se le investigaba porque habría pagado un millonario soborno para frenar la orden de captura que había en su contra por el mismo caso de vínculos con paramilitares.

Mientras todo eso pasaba, el abogado de Ashton le envió una insistencia a la Corte Constitucional en octubre de 2018 para que entrara a revisar la tutela. Así aterrizó el expediente en ese tribunal, pero en una sucesión de impedimentos, como en efecto dominó, todos los magistrados de esa corporación aseguraron que no podían revisar el caso pues Ashton, como senador, participó de la elección de todos cuando se postularon al cargo de magistrados. Dos conjueces que llamaron para estudiar la controversia les dieron un parte de tranquilidad a los magistrados pues declararon infundado el impedimento y les dieron luz verde para estudiar la tutela.

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Así, en una audiencia pública del 28 de marzo de este año, los magistrados Gloria Stella Ortiz —presidenta de la Corte Constitucional— y Antonio Lizarazo decidieron seleccionar el expediente porque, supuestamente, definir ese conflicto ayudaría a definir qué pasaba con los procesos penales que ya estaban andando cuando entró a funcionar el Acto Legislativo 01 de 2018 —aunque la gran mayoría de los procesos ya fueron trasladados—. Ortiz expresó en su momento que seleccionaron la tutela por tratarse de un tema “con relevancia constitucional en relación con los derechos fundamentales en juego”, y, además, se refirió a que podría existir una discusión en torno al proceso de doble instancia.

La tutela llegó, entonces, a manos de la magistrada Diana Fajardo, quien tendrá la engorrosa tarea de desenredar esta madeja y presentarles una ponencia de fallo a sus colegas de Sala Plena. Por ahora, hay varios escenarios posibles: que la Corte decida que con la investigación en manos de la JEP cesó la supuesta vulneración de derechos —lo que los abogados llaman carencia de objeto— y ahí podría negar el recurso sin pronunciarse de fondo; por otro lado puede que le dé la razón a Ashton y encuentre que sus derechos fueron vulnerados, con lo que habría un nuevo choque de trenes entre las Cortes, y tal vez el primero para la JEP.

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Lo último que pasó con la tutela, según supo este diario, es que la magistrada Fajardo le envió un extenso cuestionario sobre los pormenores del proceso al magistrado Eugenio Fernández, a quien le correspondió el estudio del caso de parapolítica de Ashton en la Sala Penal cuando a su colega Gustavo Malo lo suspendieron por el escándalo del cartel de la toga. Las preguntas iban, en su mayoría, a entender qué pasó con el expediente en la Corte Suprema, con lo cual, en medio de sus respuestas, Fernández le aclaró a Fajardo: “En la actualidad, el proceso penal se encuentra suspendido en virtud del sometimiento de Ashton Giraldo a la Jurisdicción Especial para la Paz”.