La dinámica ilegal

El Espectador, por todo esto, se dio a la tarea de investigar cómo se benefician los grupos ilegales de la explotación ilícita del llamado “oro azul”, que se halla en los barrancos y cuencas de los ríos de la Orinoquia colombiana y es clave para las tecnologías de pantalla táctil. Según le confirmaron diversas fuentes a este diario, quienes mueven el coltán —por vía terrestre o fluvial– deben pagarles, en promedio, una extorsión del 10 % de su valor comercial a los grupos ilegales de la zona, que son principalmente el ELN y las disidencias de Iván Márquez y de Iván Mordisco. Incluso, sugieren que el impuesto ilegal varía de acuerdo con la cantidad, la zona y la persona que lo extrae.

El precio comercial de las arenas negras, entre las que se encuentra el coltán, es de $98.000 por kilogramo ($98 millones por tonelada), según la Fiscalía. Lo que quiere decir que los grupos que exigen este pago ilegal cobran $9.800 por kilogramo. Entre octubre de 2022 y octubre de 2023, el ente investigador incautó 56 toneladas de arenas negras que contenían coltán y tiene conocimiento de que otras 195 lograron ser sacadas, presuntamente, hacia China. Esas 251 toneladas equivalen a casi $24.598 millones en valor comercial, lo que quiere decir que los que cobran el “impuesto” ilegal ganaron cerca de $2.460 millones en esos 12 meses. Estas cifras representan solamente el registro que lleva la Fiscalía, lo que implica que estas serían mucho más elevadas durante ese tiempo.

Quienes se lucran de esa “vacuna”, y están en Vichada, Guainía y Guaviare, son el frente eleno José Daniel Pérez Carrero, liderado por alias Copete; la Segunda Marquetalia de Iván Márquez, al mando de “Jhon 40”; y los frentes Acacio Medina y Armando Ríos, de las disidencias de Iván Mordisco. En este territorio esas bandas criminales también se enfrentan y se benefician del tráfico de otro tipo de elementos, como el oro y la cocaína.

Sobre las disidencias, en febrero de este año, la Defensoría también emitió una alerta temprana para advertir el grave riesgo que padecen los habitantes de los municipios de Inírida y las áreas no municipalizadas de Cacahual, Puerto Colombia, San Felipe y La Guadalupe. “Las disidencias de las FARC cometen ataques, secuestros y restricciones a la movilidad en medio de combates”, dijo la entidad. En medio de todo este entramado sobre el tráfico del coltán, también saltó el nombre de “Jhon 40”, quien vive en Venezuela y tiene contacto con organizaciones en ambos países encargadas del envío de los minerales, pese a que en despachos judiciales no tocaron el tema.

De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, la explotación ilegal de coltán es un tema que, como muchos otros, no respeta la frontera entre Colombia y Venezuela, sobre todo porque el ELN, grupo armado que se mueve a sus anchas entre los dos países, controla parte operativa. Además del coltán que se extrae de manera irregular en Colombia, un porcentaje del material que termina saliendo del país hacia el exterior ingresa como contrabando desde Venezuela.

Es decir, el país funciona como una plataforma de triangulación para llevar el material al exterior. Para esto, algunas fuentes sugieren que también se hace un recaudo ilegal a quienes tienen negocios en el Parque Nacional Yapacana, donde se ocurrieron los enfrentamientos de ese lado de la frontera en septiembre pasado, y a las balsas que se mueven por el río Atabapo, que son administradas por personas de las comunidades.

En el país vecino, las reservas de coltán son mucho mayores. En 2016, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto donde se reservan las actividades de exploración y explotación de coltán al Estado venezolano. Este decreto “pone [al coltán] en las mismas condiciones del oro, para poder emprender los nuevos modelos productivos a favor del crecimiento económico nacional”, explicó entonces Roberto Mirabal, ministro de Desarrollo Minero y Ecológico.

Sin embargo, las autoridades saben que algunos inversores colombianos se desplazan a Venezuela para comprar el material a mineros ilegales y regresar con él para traficarlo. De acuerdo con información suministrada por la Dirección General de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), algunos miembros de las comunidades indígenas, al igual que elenos, estarían extrayendo coltán del Arco Minero de Orinoco, entre los estados de Amazonas y Bolívar, en Venezuela, con el fin de transportarlo por vía terrestre hacia territorio colombiano, empleando pasos informales en los municipios de Tibú, Rangovalía y Herrán, en Norte de Santander. Al parecer, habría complicidad de la Guardia Venezolana. La Armada comentó que no hay esfuerzos conjuntos con las autoridades venezolanas para tratar de reducir esta problemática, pese al restablecimiento de las relaciones binacionales con la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

En Colombia sólo hay títulos para minerales asociados al coltán, como circonio y tungsteno. El coltán se extrae de manera ilegal a través de la modalidad de aluvión. Mediante dragas, se succionan las arenas del fondo y de las orillas de los ríos, y se traen a la superficie. Otra opción es raspando los barrancos. Para esto, se utilizan picas, palas y motobombas, para lavar los barrancos y orillas de los caños donde se encuentran estos minerales. El material no sale puro, sino mezclado con muchos otros minerales en lo que llaman “arenas negras”. En el proceso de sacar el coltán del país se hacen esfuerzos en varios puntos para separarlo de los demás materiales.

En los sitios de explotación, los mineros irregulares hacen un primer proceso de limpieza. Con imanes extraen el estaño, un metal que se vende aparte y es fácil de separar con ese método. “Lo que hacen los ilegales casi siempre es extraerlo, porque también vale y tiene otras rutas de comercio y otros usos. Entonces, como es pesado, extraen el estaño y quedan las ‘arenas negras’ puras. Ahí es donde van los elementos del coltán”, dice Fernando Jiménez, director de Delitos Ambientales en la Fiscalía. Al separarse, el estaño se deja en presentaciones cilíndricas, como la gravilla.

Las rutas para moverlo

Como sucede con la cocaína, en ocasiones, antes de ser trasladados, se marcan los bultos de “arenas negras” con colores, dependiendo del lugar de origen. “El oro azul” empieza entonces su traslado hacia los puntos de acopio, sitios donde se concentran grandes cantidades del material y se hace un proceso de limpieza un poco más profundo. Los tres principales se han identificado en Villavicencio, Bogotá y Bucaramanga. Allí se han encontrado, algunas veces, hornos utilizados para fundir los metales y formar lingotes o recipientes tubulares.

De esas tres capitales, el coltán es movido a los puertos de Buenaventura y Cartagena, según explicó Jiménez, de la Fiscalía. Es en el tránsito donde es más común que se den las incautaciones por parte de las autoridades. Estas utilizan pistolas para hacer una identificación preliminar de la presencia de coltán, de nuevo, de manera similar a los procedimientos con el clorhidrato de cocaína. Luego es necesario hacer pruebas de certeza en laboratorios con muestras del material incautado.

Aunque la problemática del coltán no es, de lejos, de la misma dimensión de la de la cocaína o el oro, pues no deja tantas ganancias y las cantidades que aparentemente se mueven son mucho menores, hay dinámicas similares para su tráfico.

Cuando llegan a los puertos, las arenas envenenadas se meten en contenedores. Para darles apariencia de legales, se consiguen certificados falsos de origen y de licencia ambiental. Este diario le consultó al puerto de Cartagena y sus voceros aseguraron que no tenía la potestad de abrir el material de carga y que esa responsabilidad les correspondía a las autoridades, razón por la cual no tenía información sobre este fenómeno ilegal. Más aún, es imposible saber, a ciencia cierta, desde qué concesión portuaria sale el material ilegal. Por su parte, la Sociedad Portuaria Regional Buenaventura dijo que no ha evidenciado, en la trazabilidad del proceso de exportación, la presencia de coltán.

“Tampoco hemos recibido por parte de las autoridades portuarias o judiciales, que hacen parte de los sólidos procesos con los que cuenta nuestra terminal, información que haga alusión directa a la exportación de este mineral o alguna operación de incautación”, precisaron desde ese puerto.

Pero según fuentes judiciales, desde allí sí se saca hacia Alemania, Suiza, Rusia, China, Malasia, Francia y Canadá para la fabricación de teléfonos móviles y otro tipo de dispositivos electrónicos. Sus propiedades permiten pasar grandes cantidades de información y optimizar energía sin sobrecalentarse, y también se utiliza en industria aeroespacial, militar y médica.

Las noticias por incautación de coltán no son nuevas. La DICAR decomisó en 2022 más de tres toneladas y se sabe que la Fiscalía incautó más de 50 toneladas, en 2021, cargamentos que se determinó eran del ELN y de las disidencias. En el búnker ya le habían contado a este diario que, en 2009, el cartel de Sinaloa y los hermanos Cifuentes Villa se interesaron por el coltán en la Orinoquia colombiana, sobre todo en el Parque Puinawai.

En 2018, el juzgado promiscuo de Puerto Carreño emitió una sentencia condenatoria contra Juan José Rivera, a quien le encontraron una bodega con 375 kilos de carga de minerales como coltán, uranio y tungsteno. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía señalan que en Inírida, por ejemplo, hay una falta de sensibilidad jurídica que hace que la explotación ilegal de coltán se trate como una actividad “no judicializable” y que se normalice la ilegalidad.

No es raro que el coltán, como el oro y las piedras preciosas, termine en dinámicas violentas en los territorios en los que se encuentra. En la República Democrática del Congo, uno de los países con mayor cantidad de minas de este mineral, el “oro azul” ha producido una de las guerras más mortíferas del planeta.

En Colombia, por lo pronto, las “vacunas” por el tráfico de coltán continúan financiando parte de las dinámicas de los grupos criminales de la Orinoquia.