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6 Oct 2022 - 9:34 p. m.

La violencia en Arauquita que tiene en vilo a campesinos y niños

Recientemente la Defensoría del Pueblo denunció que, al menos, 150 niños, niñas y adolescentes no pueden asistir a clases por cuenta de los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eln. Una alerta temprana emitida en julio de 2019 por el mismo ente alertaba de la situación a la que se podían enfrentar no solo los menores sino toda la población.
Comunidad de corregimientos de Arauca en frontera con Venezuela
Comunidad de corregimientos de Arauca en frontera con Venezuela
Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA; El... - JOSE VARGAS ESGUERRA

Las disputas entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc en Arauca volvieron a poner en alerta a la Defensoría del Pueblo que, en cabeza de Carlos Camargo, denunció que alrededor de 150 niños, niñas y adolescentes han dejado de asistir a clases por cuenta de las confrontaciones armadas en las que, al parecer, se utilizan armas no convencionales. “Esto resulta muy preocupante para la Defensoría del Pueblo dado que los menores de edad son personas de especial protección y se les debe garantizar sus derechos a la educación, integridad y a la vida”, dijo Camargo.

La situación que denunció Camargo este jueves no es novedosa en esa región del país donde, pese a tener de por medio el Acuerdo de Paz, la guerra sigue latente en algunas veredas y municipios. En julio de 2019, el órgano defensor emitió una alerta temprana de 55 páginas en la que dejaba al descubierto el actuar de los grupos armados ilegales y las condiciones de zozobra en la que vivían los campesinos y pobladores de la región. La situación, a la fecha, no parece mejorar, Camargo dijo recientemente que “se han reportado daños a bienes inmuebles”.

“Las comunidades sienten temor por la presencia y accionar de los grupos armados ilegales, hay riesgos por minas antipersonal, lo que las ha llevado a confinarse. Los niños no están yendo a la escuela y se están acabando los alimentos”, dijo Camargo. Instó a los grupos armados organizados a dejar fuera del conflicto a toda la población civil, particularmente, a los niños, niñas y adolescentes, y a mostrar gestos que permitan avanzar en los diálogos de paz que viene promoviendo el Gobierno de Gustavo Petro.

La alerta que, al parecer, no mitigó la situación actual

Para julio de 2019, la Defensoría dijo que los menores de edad, los transportadores, la población migrante, líderes sociales, los periodistas y comunidades indígenas se convirtieron en el blanco indirecto de los grupos al margen de la ley. El Frente de Guerra Oriental del Eln y el Frente Martín Villa de las disidencias de las Farc se enfrentan para ocupar las rentas que deja el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión entre otros delitos. Esa situación ha generado zozobra en la población al punto que se presentaron confinamientos, desplazamientos forzados y cese de la movilidad, entre otras situaciones.

En su momento, lo que dijo el órgano defensor es que el repertorio de violencia que estas organizaciones ilegales realizan en Saravena, Fortul, Tame y Arauquita se expresan en dos ámbitos de afectación: a nivel general y nivel particular o individual. En ese orden, los pobladores son víctimas de paros armados, instalación de artefactos explosivos, extorsiones, difusión de panfletos, reclutamiento de niños, utilización de mujeres jóvenes para fortalecer sus filas y afectación a la comunidad étnica que habita la región.

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El órgano defensor llamó la atención sobre la aparición de los panfletos amenazantes porque está dirigido hacia menores de edad, líderes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y demás militantes de partidos y movimientos políticos que son estigmatizados por ser de izquierda o enaltecer la defensa de derechos humanos. Esa situación, en su momento, se reconoció como una presunta reaparición del paramilitarismo en el departamento de Arauca.

“Es tal la preocupación y la zozobra en la región por la aparición de dichos pasquines, que sumados a los panfletos de presunta autoría del ELN y de las facciones disidentes de las exFarc, se consideran podrían ser parte de las expresiones de una guerra sucia para confundir, intimidar, coartar o cooptar la participación social”, quedó consignado en la alerta temprana emitida en julio de 2019.

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Otra preocupación que salió a relucir en el documento que advertía someramente la situación que padece hoy la población en el departamento es lo que se ha registrado en la zona de frontera por cuenta de las acciones políticas que se adelantaron en Venezuela. “El sector limítrofe con los municipios de Saravena y Arauquita se caracteriza por una intensa e informal (o ilegal) dinámica fronteriza internacional que aprovechan los grupos armados ilegales para configurar un vasto corredor de movilidad supremamente estratégico para los grupos”, explicó el papel.

Lo que trascendió en su momento es que allí controlan a la población y sus actividades en el ingreso y salida. Además, realizaban todo tipo de acciones delictivas relacionadas con la obtención de rentas ilícitas a partir del contrabando de combustibles, semovientes, mercancías y tráfico de armas. Del mismo modo, la zona de frontera es utilizada para el tránsito de secuestrados hacia el territorio venezolano para el pago de “vacunas”.

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La Defensoría también llamó la atención sobre el actuar de los grupos subversivos que encontraron la oportunidad de legitimar sus acciones de control social violento en el territorio araucano. “Aprovechan el malestar social que genera la realización de actos delincuenciales por parte de migrantes venezolanos, y la precaria, lenta o nula acción de las autoridades judiciales y de policía para prevenir, investigar y capturar a los responsables de dichas afectaciones”, resaltó el órgano defensor.

El órgano defensor, en ese entonces, llamó la atención sobre las autoridades locales y nacionales. Advirtieron que de no mitigar la situación social, económica, de seguridad y acceso a la justicia, tanto el Eln como las disidencias de las Farc incrementarían las acciones violentas no solo contra la fuerza pública, sino también contra la población civil, especialmente, comunidad vulnerable como lo son mujeres, niños y adolescentes.

En ese entonces, la Defensoría le solicitó al Ministerio del Interior atender y controlar las condiciones de riesgo que padece la zona. “Es pertinente que se evalúe de manera integral la situación de derechos humanos del departamento de Arauca y se considere una intervención de alto nivel y especial desde el Gobierno Nacional que atienda, oriente y haga seguimiento continuo de las estrategias de prevención y protección con las autoridades territoriales del departamento”, decía la recomendación.

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A la fuerza pública solicitó reforzar las operaciones militares y policiales en contra de grupos al margen de la ley para proteger los derechos de los campesinos y comunidades étnicas. Las autoridades locales también debían adelantar medidas para mitigar riesgos. La alerta emitida en julio de 2019 fue firmada por el exdefensor del pueblo Carlos Alfonso Negrete. El exfuncionario, en su momento, recorrió parte de las comunidades alejadas del país y se dedicó a mostrar a través de alertas tempranas el inminente riesgo que enfrentaba la población civil por cuenta de la violencia que aún no cesa.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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