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Las tierras en La Primavera, Vichada, volvieron a cambiar de dueño. Este martes, la Agencia Nacional de Tierras recuperó oficialmente la finca Buenavista: un inmenso baldío de 6.182 hectáreas que fue ocupado indebidamente por Nicolás Laserna, primo de la candidata Paloma Valencia y Gustavo Londoño, un antiguo alfil del Centro Democrático en el departamento y quien también fue condenado por corrupción electoral.
La recuperación significa luz al final del túnel de un laberinto judicial que tuvo fallos viciados, denuncias de acaparamiento y la posesión y mejora de un bien de la Nación que, aunque no puede ocuparse o comprarse, fue utilizado por el familiar de Valencia y su socio para criar ganado, mejorar los pastos y servirse de una vertiente de un río contiguo a la finca por años mientras centenares de campesinos clamaban por un lote para cultivar y subsistir.
El predio, que representa casi el doble de la superficie de la Hacienda Nápoles, revive el debate sobre cómo los baldíos, que en el papel están destinados para campesinos o víctimas de la guerra, han sido acaparados en varias latitudes del país de forma indebida por unos cuantos particulares para beneficio propio.
La recuperación hace justicia con docenas de campesinos que han esperado por décadas a recibir un predio donde cosechar y demuestra que un predio, aunque ocupado indebidamente por décadas, sí puede cambiar de manos y llegar a quienes van a trabajar realmente la tierra para lograr la soberanía alimentaria de Colombia.
“El ocupante indebido declarado en este proceso agrario es el señor Nicolás Laserna, y hoy estamos adelantando la diligencia de aprehensión del predio. Sabemos que en las inmediaciones existe un centro poblado conformado por campesinos de Buenavista, colonos del Vichada, a quienes vamos a entregar de manera provisional estas tierras. Se trata de comunidades que, pese a la gran extensión de su departamento, no cuentan con un centímetro de tierra propia”, afirmó el director de la ANT, Juan Felipe Harman.
Presunto error
La historia se remonta casi a inicios de siglo, cuando Laserna y Londoño compraron, según ellos, la inmensa finca a un colono del Vichada por solo COP 520 millones (COP 84.101 por hectárea). Ambos alegan que la transacción fue completamente legal, no solo porque se realizó a “entera satisfacción” del último propietario, sino porque este hombre aseguraba ser amo y señor del terreno desde 1976, lo que, en el papel, le daría el derecho a la propiedad de la finca bajo la figura judicial de usucapión.
Pero aquí empiezan los problemas: en los expedientes de la Agencia Nacional de Tierras no hay constancia o prueba alguna que esta compraventa se hubiese efectuado en realidad y el colono, independientemente de los años que hubiese explotado la finca, no podía ser realmente el dueño, pues estaba en tierras baldías que, dice la legislación, solo pueden ser propiedad de la Nación.
Es más, para ese entonces no existía un registro u hoja de vida notarial del predio Buenavista en la Oficina de Instrumentos Públicos, lo que mostraba aún más indicios que el negocio tenía una cortina de legalidad, pero seguía siendo una operación ilegítima de la venta de un predio que nunca fue de nadie. Esto está ampliamente documentado por la jurisprudencia: desde 1994, por lo menos, se presume que un bien es baldío cuando no tienen un registro, carece de un dueño formal y no tiene matrícula inmobiliaria, todas características de Buenavista.
El lío escaló a estrados judiciales cuando en 2014 Laserna y Londoño interpusieron una demanda en el juzgado de Puerto Carreño, también en Vichada, para que la justicia les otorgara la propiedad de esa tierra. En sus argumentos explicaron que, aunque sin un título de propiedad, se les debía reconocer como propietarios de las más de 6.000 hectáreas por haber poseído materialmente la tierra en la última década. En otras palabras, aprovecharon que, literalmente, Buenavista era “tierra de nadie” para volverse los propietarios del predio a través de una sentencia judicial, más no con un registro formal o una matrícula inmobiliaria.
El caso deambuló por los pasillos del juzgado durante tres años hasta que, en 2017, la jueza Derlis Vega falló a favor de Laserna y Londoño, pero con errores. La togada reconoció al primo de Paloma Valencia y su socio como los propietarios y ordenó la apertura de la matrícula inmobiliaria, algo que Felipe Harman, director de la Agencia de Tierras, cataloga como un de vicio en el fallo judicial que terminó beneficiando a particulares en lugar de a campesinos vulnerables.
Y es que hubo varios errores. El primero: desconocer la naturaleza de un baldío para entregarlo a un particular. Segundo, desconocer jurisprudencia de la Corte Constitucional que indica que los jueces civiles no pueden adjudicar tierras baldías, pues no es su competencia hacerlo. El portal investigativo Cero Setenta, incluso, menciona que no fue la primera vez que la jueza Vega incurre en vicios para entregar tierras a quienes no les corresponde, pues un caso en su despacho, prácticamente igual al de Buenavista, terminó entregando 2.043 de hectáreas baldías en la frontera entre Meta y Vichada.
“La decisión fue conocida por la ANT a través de medios de comunicación, más no por notificación. La Agencia de Tierras (que es la máxima autoridad de tierras de Colombia) nunca fue vinculada al proceso. Esto constituyó una violación al debido proceso y al derecho a la defensa, pues el despacho judicial debió presumir que el terreno era un baldío y no era susceptible de ser adquirido”, comenta.
Del predio al juzgado
La Agencia Nacional de Tierras empezó una nueva batalla judicial para recuperar lo que legalmente le pertenecía, esta vez a través de una tutela. Mientras la tutela que se oponía a la propiedad de Buenavista hacía su curso judicial en el Juzgado Promiscuo de Puerto Carreño, Laserna y Londoño se beneficiaron de la finca. En el expediente de la ANT reposa que Buenavista alcanzó a tener 860 cabezas de ganado, pastos mejorados para la cría de las reses y según documentó la Liga Contra el Silencio, abundante agua para la ganadería que llegaba de una quebrada y un río aledaño.
Tuvieron que pasar otros dos años para tener una respuesta. En 2019, el Juzgado de Puerto Carreño, ateniéndose a la ley, aceptó los argumentos de la Agencia Nacional de Tierras y revocó la propiedad a Laserna y Londoño. El despacho dictaminó que el fallo judicial anterior que los reconoció como dueños fue erróneo, pues no era posible que un baldío llegara a manos de privados y menos a través de una instancia judicial que no tenía la competencia para hacerlo.
Londoño y Laserna, por supuesto, impugnaron el fallo, que terminó llegando a la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal demoró poco tiempo en repetir lo que la justicia ya había indicado previamente: “hubo un olvido en la providencia vapuleada (...) los bienes que no cuenten con antecedentes registrales se presumen baldíos y, por lo tanto, no pueden ser adquiridos por ese modo”, reza la sentencia de la Corte.
La fórmula quedó así: si el bien es un baldío y su único dueño es la Nación, entonces Laserna y Londoño deben entregarlo para que esa tierra sea entregada próximamente a campesinos y plataformas comunitarias de Vichada. Para Harman, recuperar la finca tiene efectos legales, pues ahora la ANT, ahora propietaria de Buenavista, tendrá más tierra para entregar a jornaleros que hoy por hoy solo tienen un azadón y ningún predio para cosechar comida. Pero también tiene una secuela simbólica: resuelve una década de fallas institucionales que privaron al campo de beneficiarse con tierras productivas.
Disputa pendiente
Buenavista es solo una carta en la inmensa baraja de predios baldíos que están siendo ocupados indebidamente por privados en todos los parajes de Colombia. Pero aún hay una disputa pendiente para ofrecer respuesta al campo. Desde hace dos años, el Congreso ha tomado atajos y argumentos esquivos para no discutir y aprobar la jurisdicción agraria: una nueva providencia judicial que precisamente evitaría que estos conflictos rurales se perpetuaran por décadas en el campo.
Harman, la Agencia Nacional de Tierras y millones de campesinos denuncian que el Congreso tiene la obligación de aprobar esa jurisdicción. Hoy, en cuentas de la ANT, hay cerca de 45.000 hectáreas estancadas que, sin esa jurisdicción, podría tardar años o incluso décadas en ver la luz.
DeJusticia, por su parte, señala que ese mismo mecanismo que Londoño y Laserna utilizaron para apropiarse de la tierra ha sido replicado con al menos 370.000 hectáreas en Colombia.
La semana pasada, por mencionar un ejemplo, el Congreso priorizó discutir si se consideraban los Santos Reyes Magos de Baranoa como patrimonio nacional o si el Museo Arqueológico de Galapa, en Atlántico, debe ser incluido en la lista patrimonial de Colombia. Mientras tanto, los campesinos siguen esperando tierras para cosechar o, en algunos casos, volver a las tierras que la guerra les quitó después de varias décadas.
“Queremos permitir que en el campo y en las zonas de profunda injusticia e inequidad el Estado pueda resolver conflictos rápidamente. Sin la jurisdicción, solo podemos darles solución administrativa y quedan pendientes 366 procesos que engloban 112.000 hectáreas que quedan en el limbo”, finaliza Harman.
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