El caso de la sofisticada red de robo de petróleo que desfalcó al Estado colombiano, y que tiene hablando hasta al presidente Gustavo Petro, es apenas una de las venas rotas que sufre la infraestructura crítica del sector petrolero colombiano. Quien prendió las alarmas fue Ecopetrol, que denunció el año pasado ante la Fiscalía y Policía que había empresas que estaban comercializando crudo ilegal, falsificando documentos y engañando a las autoridades.
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Robo a Ecopetrol: los empresarios que van a juicio por millonario desfalco de crudo
Sin embargo, el problema del robo de petróleo es mucho mayor. Así lo indican recientes documentos que fueron entregados a las Fuerzas Militares por parte de CENIT, empresa de la petrolera estatal que se encarga del transporte y logística de los hidrocarburos en el país. Esos informes, conocidos por El Espectador, dan cuenta sobre las pérdidas de crudo en dos zonas trascendentales para este sector clave de la industria colombiana.
(En contexto: Contrabando de crudo: por esto el presidente Petro pide investigar a Ecopetrol)
Los reportes de CENIT, entregados a la fuerza púbica entre 2021 y 2022, señalan que los oleoductos Caño-Limón -que pasa por Arauca y Norte de Santander- y el Bicentenario -construido entre Tumaco y Putumayo- tienen al menos 250 “conexiones ilícitas”, es decir, perforaciones a los oleoductos que son hechas por grupos criminales con varios fines ilegales. Según cifras del propio CENIT, los municipios que más tienen este tipo de puntos son Convención, Tibú, Teorama, el Tarra (Norte de Santander); y Tumaco y Barbacoas (Nariño), subregiones de dichos departamentos donde, además, se concentra los cultivos de uso ilícito por parte de grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN.
Esa compleja radiografía hecha por CENIT sobre estas dos estructuras críticas del país va acompañada de un urgente llamado para que se reduzcan este tipo de acciones, ya que “genera amenazas a pobladores, desplazamiento forzado de líderes que se oponen a estas actividades, asonadas a Ejército en labores de destrucción de refinerías ilegales y hostigamientos al Ejército en labores de reparación de conexiones ilícitas”. Ese tipo de acciones, ha dicho Ecopetrol, son atribuidas al ELN en el caso del oleoducto Caño Limón- Coveñas, que durante décadas, han perpetrado cientos de atentados, por ejemplo, la masacre de Machuca en octubre de 1998.
La situación, según los informes del CENIT, se complicó aún más en 2020, el año de la pandemia, cuando se empezó a perder más de un millón de barriles de crudo anualmente. Incluso, el informe señala que el costo por este tipo de hechos ilegales es mayor si se tiene en cuenta que CENIT ha gastado otros $50 millones de en por reparaciones de conexiones ilícitas y limpiezas ambientales cada año desde 2021. Es decir, que anualmente las perdidas serían de, aproximadamente, $130 millones de dólares. Según sus cálculos, hasta 2022, más de 170.000 metros cuadrados de suelos y 36.000 metros lineales de fuentes hídricas fueron contaminadas.
La acusación del caso Bunkering Imperio
En medio del escándalo por el desfalco del crudo colombiano, apareció otra investigación que, aunque también habla de la distribución ilegal de petróleo en el país, tiene otras particularidades. Se trata del caso del grupo delincuencial llamado Bunkering Imperio que, según la Fiscalía, habría comercializado crudo de manera ilegal proveniente de Panamá, Venezuela, Curazao y de oleoductos o plantas nacionales. Aunque todavía no es claro si ese crudo de fuentes nacionales tiene que ver con el robo que denunció Ecopetrol y que tendría detrás a grupos armados como el ELN, lo que el ente investigador sostiene es que se creó todo un aparato ilegal para engañar a las autoridades y hacer pasar ese petróleto como un crudo de procedencia limpia.
Según la investigación, la génesis del caso está en la información revelada a la Dijín, el 11 de enero de 2019, por una fuente no formal que se hizo llamar como “El Viejo”. La “garganta profunda” del expediente alertó a las autoridades por la existencia de una estructura organizada dedicada a delinquir con hidrocarburos, apoderándose de petróleo, alterando sistemas de identificación de las guías de transporte, falsificando documentos de importación e ingresaron de manera irregular hidrocarburos desde Venezuela, Panamá y Curazao. El año pasado, la Fiscalía vinculó oficialmente a 10 empresario a una investigación penal, que ya está próxima a iniciar su etapa de juicio.
La acusación contra los 10 empresarios, entre los cuales se encuentran Hernando Silva Bickenbach, dueño de Niman Commerce, y Roger Arturo Gale, operador logístico de Gunvor Colombia, se sostiene en dos actividades delictivas: la primera, dar apariencia de legalidad a hidrocarburos obtenidos ilícitamente de oleoductos o plantas nacionales; y la segunda, también blanquear judicialmente hidrocarburos producto de importaciones irregulares al país. “A todos estos productos les realizan un proceso fisicoquímico para amoldarle sus propiedades según las fichas técnicas de sus empresas clientes”, explica la Fiscalía.
Los 10 empresarios, los cuales se han declarado inocentes, responderán en juicio por los delitos de concierto para delinquir, contrabando de hidrocarburos, falsedad en documento privado y receptación (recibir, ocultar o aprovecharse de los efectos de hechos ilegales). Las actividades de obtención ilegal de hidrocarburos, saneamiento judicial y venta, se habrían presentado en los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Santander, Cesar, Bolívar, Sucre y Atlántico, desde febrero de 2019 hasta abril de 2022. Ninguno de los vinculados aceptó cargos y ahora tendrán que defender su inocente en juicio.
“La organización ejecuta de manera técnica el contrabando de hidrocarburos, actividad que realizan con el favorecimiento de sociedades que se encuentran al interior de zona franca de Barranquilla y son las encargadas de facilitar la simulación de estos productos haciéndolos pasar por otro tipo de producto como ‘residuales’ o ‘combustóleos’ y ‘Fuel Oil’, sin serlo. En realidad, se trata de crudos con calidades superiores a 14ºAPI, los cuales posteriormente son entregados a las mencionadas sociedades para luego ser transformados y comercializados a Gunvor Colombia a través de Niman Commerce”, concluye la acusación.
Por ahora, las Fiscalía sigue investigando qué otros funcionarios, entre miembros de la Policía y la DIAN, que habrían pertenecido a esta estructura criminal. Por otra parte, las autoridades también le siguen la pista a las denuncias que han quedado plasmadas en informes de CENIT y Ecopetrol, como una evidencia de clave de cómo estructuras criminales siguen enriqueciéndose mientras desangran al sector petrolero colombiano.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
