El nuevo escándalo judicial del momento es uno que ya tiene nombre propio: Bunkering Imperio o el Caso Bunkering. Así se llamó una sofisticada red de robo de petróleo que tiene hoy hablando hasta al presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta de Twitter, ha pedido que las autoridades investiguen quiénes estuvieron detrás del desfalco que le habría costado a Ecopetrol más de US$80 millones de dólares. La Fiscalía y la Dijín de la Policía están detrás de los responsables desde hace un año y en dos meses, 10 de los protagonistas irán formalmente a juicio.
(En contexto: Contrabando de crudo: por esto el presidente Petro pide investigar a Ecopetrol)
Se trata de los empresarios que habría contrabandeado hidrocarburos y sus derivados y que bien podrían llamarse “los cacaos” del mundo del petróleo. La completa red criminal funcionaba así, según la Fiscalía: contrabandistas habrían robado miles de barriles de crudo proveniente de Venezuela, Panamá o Curazo, y también de fuentes nacionales, para luego darles apariencia de legalidad para revenderlos en el país. Empresas manejadas por reputados empresarios habrían engañado a las autoridades colombianas al funcionar como el peaje para que los barriles recuperaran su apariencia de legalidad.
Así, agregó el ente investigador, el petróleo era comercializado en las costas del Caribe y otras ciudades en Colombia. Aunque todos los empresarios vinculados a la investigación se declararon inocentes, la Fiscalía asegura que tiene suficientes pruebas, que recopiló junto a la Dijín, para llevar a juicio a estos empresarios.
(Lea también: Robo a Ecopetrol: esto dice empresa vinculada a caso de contrabando de crudo)
Hernando Silva Bickenbach
Según el escrito de acusación al que tuvo acceso Blu Radio, Hernando Silva Bickenbach es uno de los empresarios vinculado a esta red criminal. Las evidencias en su contra señalan que, desde su empresa Niman Commerce S.A.S., comercializó en Colombia petróleo ilegal. Para la Fiscalía, Silva Bickenbach sabía perfectamente la procedencia ilícita de ese crudo y lo habría comprado y revendido sin autorización del Ministerio de Minas.
Hernando Silva Bickenbach se declaró inocente cuando arrancó la investigación. El empresario, que es primo hermano de la esposa de Andrés Pastrana, Nohra Puyana, deberá responder en juicio por los delitos de contrabando de hidrocarburos y falsedad en documento público.
Roger Arturo Gale Gutiérrez
Para la Fiscalía, Roger Arturo Gale Gutiérrez habría tenido un papel clave en esta red criminal. Como operador logístico de la empresa Gunvor Colombia, el empresario tenía la tarea de facilitar el reingreso a Colombia del crudo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas. Además, el ente investigador señaló que Gale Gutiérrez también era el encargado de montar la estrategia para que el petróleo volviera a suelo colombiano como crudo residual y no como crudo liviano (una sustancia mucho más pura). El ingeniero también se declaró inocente e irá a juicio en octubre.
Paola Margarita Martínez Sánchez
Otra de las empresas que habría participado de este entramado criminal es Swiss Terminal Barranquilla. Por eso, su representante legal, Paola Margarita Martínez Sánchez, también fue vinculada a la investigación. Lo que sostiene la Fiscalía es que ella se concertó con Hernando Silva Bickenbach para Silva Bickenbach y “con el fin de generar un acuerdo orientado a fortalecer la empresa criminal llamada Bukering Imperio”. Su papel en esta red criminal se habría concertado en la zona franca de Barranquilla, en donde parte del petróleo robado del oleoducto más importante de Colombia, volvía a territorio nacional para comercializarse como legal. Martínez Sánchez también se declaró inocente.
Los otros empresarios que responderán en juicio por los delitos de contrabando de hidrocarburos y falsedad en documento público son: Hiklirs Abraham Rincones Joiro, Óscar Luis Pastrana Martínez, Sergio Fortich Pérez, Jaime Fernández Uribe, Jairo Hernán Devia Cubillos, José Gabriel Márquez Santos y Margarita Delgado De García.
La Fiscalía ya les incautó bienes
Hace más de un año, la Dijín y la Fiscalía le siguen la pista a estos empresarios del mundo de los hidrocarburos. La decisión más reciente en su contra fue una masiva incautación a sus bienes, en operaciones desarrolladas en cinco departamentos del país. Según el diario El Tiempo, las autoridades lograron embargar barcos, un lujoso edificio en Cartagena, automóviles de alta gama, terrenos, casas de veraneo, entre otro. Esas propiedades y bienes están avaluados en más de $1,3 billones”.
Ahora, además del proceso penal, los investigados tendrán que enfrentar un proceso de extinción de dominio, pues la Fiscalía sostiente que esos bienes fueron comprados con el dinero de la compra y venta ilegal de petróleo. Las raíces de esta investigación están en una denuncia que hizo hace un año Ecopetrol pues sus cuentas no cuadraban. De esta manera, las autoridades lograron rastrear 13 operaciones ilegales de crudo que llegaba a grandes cargueros en altamar. Allí se llevaros dos sorpresas.
La primera, que esos buques estaban cargando petróleo venezolano para vender en Colombia. Y la segunda, que allí mismo había crudo que el ELN se estaba robando de territorio colombiano. Esos hallazgos los reveló la Unidad Investigativa de Caracol Noticias hace un año, que además incluyó detalles de las irregularidades que implicaba la comercialización de crudo de Venezuela. En este entramado criminal todavía está todo por verse. El propio presidente Petro pidió que se investigue si funcionarios de Ecopetrol están vinculadas a la red de robo de petróleo, y Estados Unidos también está en alerta máxima, pues habría evidencia de que los protagonistas de este caso también habrían engañado a las autoridades de ese país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.