Las auditorías realizadas a Odebrecht

Son varios los interrogantes los que aún persisten por cuenta de las revelaciones del excontroller de la Concesionara Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, sobre las múltiples irregularidades cometidas por Odebrecht que no fueron escuchadas. Aunque varios de los implicados ya han dado las respectivas explicaciones, aún faltan cabos por atar como, por ejemplo, el papel que jugó PriceWaterhouseCoopers (PWC), firma auditora de la concesionaria. El Espectador conoció el interrogatorio hecho por la Corte Suprema de Justicia a Carlos Emilio Moreno, socio del grupo auditor, en el que explica cómo fue el trabajo de esta compañía en Odebrecht.

(Le puede interesar: “Pizano fue incómodo para los brasileños, para nosotros un aliado”: Grupo Aval)

El 27 de abril de 2017, investigadores de la Corte Suprema llegaron a las instalaciones de la firma PriceWaterhouseCoopers, ubicada en el norte de Bogotá. Su objetivo era obtener información relacionada con los informes de revisoría fiscal y auditoría efectuados a los contratos de la Ruta del Sol II, el otrosí n.° 6 y el contrato con Navelena. Quien atendió la diligencia judicial fue Carlos Emilio Moreno Sánchez, socio de la firma, en compañía de su grupo de trabajo. De entrada, Moreno Sánchez explicó a los investigadores que tras el escándalo mediático que había generado la investigación de corrupción Lava Jato en Brasil se dio un nuevo enfoque a las revisiones practicadas en Odebrecht para el año 2015.

Inmediatamente los investigadores le preguntaron a Moreno si en ese proceso de nueva revisión encontraron irregularidades o situaciones que les llamaran la atención sobre el proceso de auditoría, especialmente en cuanto a pagos irregulares o sospechosos a terceros en Colombia. El socio de PWC contó que el trabajo hecho en la multinacional Odebrecht se dividió “en dos frentes”: la auditoría de 2015 y la de 2016. Sobre la revisión hecha en 2015, Moreno describió que fue necesario hacer varios ajustes de enfoque a las auditorías que ya se venían practicando, por lo que se contrató a Juan Colina Pimienta como socio de revisión de calidad para desempeñar esta tarea.

También se inició una búsqueda de pagos realizados por Odebrecht en Colombia y se solicitó a PriceWaterhouseCoopers Brasil informar sobre posibles sobornos encontrados en nuestro país, documentación que fue enviada por correo electrónico en seis folios. Con estos datos PWC Colombia determinó que, como resultado del proceso de auditoría en el año 2015, no se observó la existencia de pagos de sobornos registrados en la contabilidad. Pero las cosas no paraban ahí. A finales de 2016, el empresario Marcelo Odebrecht confesó en Estados Unidos el pago de sobornos en diferentes países, entre ellos Colombia, en donde informó que se habrían pagado cerca de US$11,5 millones en sobornos.

(Más información: “Los de Odebrecht tienen una cultura mafiosa”: delegado del Grupo Aval (nuevo audio))

Al ver la magnitud de lo confesado por Odebrecht, PWC envió comunicaciones a las diversas administraciones de la multinacional para que revelaran más detalles de lo reportado en Estados Unidos, según contó Moreno a la Corte. Adicionalmente, esta firma auditora comenzó una revisión en retrospectiva desde el año 2008 hasta ese entonces sobre pagos que se presumían podían ser ilegales, cuyos resultados no se hicieron esperar. Inmediatamente detectadas las irregularidades, PWC informó lo sucedido a la Superintendencia de Sociedades mediante comunicaciones del 14 y 28 de marzo del 2017.

“Cabe mencionar que esta información no ha sido entregada aún por las administraciones del grupo Odebrecht en Colombia”, dijo Carlos Moreno a los investigadores de la Corte. Por tal razón, los revisores fiscales de PWC no pudieron elaborar su concepto en 2016 “en razón a que el proceso de auditoría no ha sido emitido, por no haber recibido información importante para el proceso”, explicó el socio de PriceWaterhouseCoopers. Algunos de los hallazgos encontrados por PWC en esa oportunidad fue el pago de $928 millones al excongresista Otto Bula y el pago de $3.000 millones a la empresa Desinpro S.A. relacionado con el préstamo hecho a Navelena, hallazgos que fueron entregados a la Corte en 73 folios.

Otros de los documentos a los cuales tuvo acceso este diario fueron las comunicaciones que precisamente PWC entregó a la Superintendencia de Sociedades en 2017. El primer llamado se emitió el 14 de marzo de ese año a la coordinadora del grupo de soborno trasnacional e investigaciones especiales, Ena Lucía Sanz. Allí se señala que, gracias a las revisiones hechas por la firma auditora desde 2008, se identificaron varios costos y gastos a terceros que llamaron su atención, asegurando que ya se había pedido ayuda a las administradoras de la multinacional sobre información que les permitiera continuar con la investigación. En esa comunicación, PWC reportó 93 pagos irregulares hechos entre 2009 y 2015.

(También: Grabación de agosto de 2015: ecos de un diálogo sobre el caso Odebrecht)

En esa misma fecha, PWC envió una carta al gerente administrativo y financiero de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Marco Antonio Gloria Azevedo, en donde le pedía información relacionada con las evaluaciones realizadas por Odebrecht para la contratación de terceros, los contratos de las partes y los detalles de los pagos realizados a ese tercero desde 2008, entre otros. Pero las alertas no cesaron allí. El 28 de marzo de ese año, nuevamente la compañía auditora envió una carta a la Supersociedades en donde se informaba nuevos hallazgos de costos y gastos a terceros adicionales a los ya informados.

Entre los documentos adjuntados por PWC a la entidad de vigilancia hay un listado con 89 empresas, entre las que se encuentran Profesionales de Bolsa, Desinpro, Gestora de Proyectos de Ingeniería e Infraestructura, Consultores Unidos y Presoam, ya detectadas y reportadas en el pasado por Jorge Pizano. Asimismo, se adjuntan comunicaciones enviadas a los Consorcios Navelena y Canoas en donde se solicita más información del pago a terceros y una nueva carta al gerente administrativo y financiero de la Concesionaria Ruta del Sol, Marco Antonio Gloria, insistiendo en obtener información de estos pagos para continuar con el proceso de auditoría.

Sin embargo, según la firma auditora, esta información jamás fue suministrada, lo que hizo que en septiembre de 2017 PWC renunciara a seguir con las auditorías de la multinacional, argumentando incumplimiento en las obligaciones que estaban contempladas en el contrato. Por otra parte, en noviembre de ese mismo año, la Superintendencia de Sociedades abrió investigación contra la firma PriceWaterhouseCoopers por no haber culminado con su proceso de auditoría de la compañía Odebrecht en 2016. El Espectador intentó obtener respuesta de PWC sobre el caso en particular, pero la firma de abstuvo de pronunciarse al respecto.

(Además: Caso Odebrecht: la avalancha que provocó el testamento de Jorge Pizano)

Estas auditorías se suman al huracán desatado en las últimas semanas por cuenta de los hallazgos hechos por el excontroller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, organizó toda la información que obtuvo desde su cargo para demostrar las irregularidades que estaba cometiendo Odebrecht. Algunas de las conversaciones grabadas por el ingeniero y publicadas por este diario y otros medios demuestran cómo desde 2013 el excontroller empezó a encender las alarmas de lo que estaba pasando con la multinacional brasileña.

Son varios los interrogantes los que aún persisten por cuenta de las revelaciones del excontroller de la Concesionara Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, sobre las múltiples irregularidades cometidas por Odebrecht que no fueron escuchadas. Aunque varios de los implicados ya han dado las respectivas explicaciones, aún faltan cabos por atar como, por ejemplo, el papel que jugó PriceWaterhouseCoopers (PWC), firma auditora de la concesionaria. El Espectador conoció el interrogatorio hecho por la Corte Suprema de Justicia a Carlos Emilio Moreno, socio del grupo auditor, en el que explica cómo fue el trabajo de esta compañía en Odebrecht.

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El 27 de abril de 2017, investigadores de la Corte Suprema llegaron a las instalaciones de la firma PriceWaterhouseCoopers, ubicada en el norte de Bogotá. Su objetivo era obtener información relacionada con los informes de revisoría fiscal y auditoría efectuados a los contratos de la Ruta del Sol II, el otrosí n.° 6 y el contrato con Navelena. Quien atendió la diligencia judicial fue Carlos Emilio Moreno Sánchez, socio de la firma, en compañía de su grupo de trabajo. De entrada, Moreno Sánchez explicó a los investigadores que tras el escándalo mediático que había generado la investigación de corrupción Lava Jato en Brasil se dio un nuevo enfoque a las revisiones practicadas en Odebrecht para el año 2015.

Inmediatamente los investigadores le preguntaron a Moreno si en ese proceso de nueva revisión encontraron irregularidades o situaciones que les llamaran la atención sobre el proceso de auditoría, especialmente en cuanto a pagos irregulares o sospechosos a terceros en Colombia. El socio de PWC contó que el trabajo hecho en la multinacional Odebrecht se dividió “en dos frentes”: la auditoría de 2015 y la de 2016. Sobre la revisión hecha en 2015, Moreno describió que fue necesario hacer varios ajustes de enfoque a las auditorías que ya se venían practicando, por lo que se contrató a Juan Colina Pimienta como socio de revisión de calidad para desempeñar esta tarea.

También se inició una búsqueda de pagos realizados por Odebrecht en Colombia y se solicitó a PriceWaterhouseCoopers Brasil informar sobre posibles sobornos encontrados en nuestro país, documentación que fue enviada por correo electrónico en seis folios. Con estos datos PWC Colombia determinó que, como resultado del proceso de auditoría en el año 2015, no se observó la existencia de pagos de sobornos registrados en la contabilidad. Pero las cosas no paraban ahí. A finales de 2016, el empresario Marcelo Odebrecht confesó en Estados Unidos el pago de sobornos en diferentes países, entre ellos Colombia, en donde informó que se habrían pagado cerca de US$11,5 millones en sobornos.

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Al ver la magnitud de lo confesado por Odebrecht, PWC envió comunicaciones a las diversas administraciones de la multinacional para que revelaran más detalles de lo reportado en Estados Unidos, según contó Moreno a la Corte. Adicionalmente, esta firma auditora comenzó una revisión en retrospectiva desde el año 2008 hasta ese entonces sobre pagos que se presumían podían ser ilegales, cuyos resultados no se hicieron esperar. Inmediatamente detectadas las irregularidades, PWC informó lo sucedido a la Superintendencia de Sociedades mediante comunicaciones del 14 y 28 de marzo del 2017.

“Cabe mencionar que esta información no ha sido entregada aún por las administraciones del grupo Odebrecht en Colombia”, dijo Carlos Moreno a los investigadores de la Corte. Por tal razón, los revisores fiscales de PWC no pudieron elaborar su concepto en 2016 “en razón a que el proceso de auditoría no ha sido emitido, por no haber recibido información importante para el proceso”, explicó el socio de PriceWaterhouseCoopers. Algunos de los hallazgos encontrados por PWC en esa oportunidad fue el pago de $928 millones al excongresista Otto Bula y el pago de $3.000 millones a la empresa Desinpro S.A. relacionado con el préstamo hecho a Navelena, hallazgos que fueron entregados a la Corte en 73 folios.

Otros de los documentos a los cuales tuvo acceso este diario fueron las comunicaciones que precisamente PWC entregó a la Superintendencia de Sociedades en 2017. El primer llamado se emitió el 14 de marzo de ese año a la coordinadora del grupo de soborno trasnacional e investigaciones especiales, Ena Lucía Sanz. Allí se señala que, gracias a las revisiones hechas por la firma auditora desde 2008, se identificaron varios costos y gastos a terceros que llamaron su atención, asegurando que ya se había pedido ayuda a las administradoras de la multinacional sobre información que les permitiera continuar con la investigación. En esa comunicación, PWC reportó 93 pagos irregulares hechos entre 2009 y 2015.

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En esa misma fecha, PWC envió una carta al gerente administrativo y financiero de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Marco Antonio Gloria Azevedo, en donde le pedía información relacionada con las evaluaciones realizadas por Odebrecht para la contratación de terceros, los contratos de las partes y los detalles de los pagos realizados a ese tercero desde 2008, entre otros. Pero las alertas no cesaron allí. El 28 de marzo de ese año, nuevamente la compañía auditora envió una carta a la Supersociedades en donde se informaba nuevos hallazgos de costos y gastos a terceros adicionales a los ya informados.

Entre los documentos adjuntados por PWC a la entidad de vigilancia hay un listado con 89 empresas, entre las que se encuentran Profesionales de Bolsa, Desinpro, Gestora de Proyectos de Ingeniería e Infraestructura, Consultores Unidos y Presoam, ya detectadas y reportadas en el pasado por Jorge Pizano. Asimismo, se adjuntan comunicaciones enviadas a los Consorcios Navelena y Canoas en donde se solicita más información del pago a terceros y una nueva carta al gerente administrativo y financiero de la Concesionaria Ruta del Sol, Marco Antonio Gloria, insistiendo en obtener información de estos pagos para continuar con el proceso de auditoría.

Sin embargo, según la firma auditora, esta información jamás fue suministrada, lo que hizo que en septiembre de 2017 PWC renunciara a seguir con las auditorías de la multinacional, argumentando incumplimiento en las obligaciones que estaban contempladas en el contrato. Por otra parte, en noviembre de ese mismo año, la Superintendencia de Sociedades abrió investigación contra la firma PriceWaterhouseCoopers por no haber culminado con su proceso de auditoría de la compañía Odebrecht en 2016. El Espectador intentó obtener respuesta de PWC sobre el caso en particular, pero la firma de abstuvo de pronunciarse al respecto.

(Además: Caso Odebrecht: la avalancha que provocó el testamento de Jorge Pizano)

Estas auditorías se suman al huracán desatado en las últimas semanas por cuenta de los hallazgos hechos por el excontroller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, organizó toda la información que obtuvo desde su cargo para demostrar las irregularidades que estaba cometiendo Odebrecht. Algunas de las conversaciones grabadas por el ingeniero y publicadas por este diario y otros medios demuestran cómo desde 2013 el excontroller empezó a encender las alarmas de lo que estaba pasando con la multinacional brasileña.