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El 27 de noviembre de 1989, sobre las 7:11 de la mañana, despegó desde el Aeropuerto Internacional El Dorado un avión Boeing 727-21 de Avianca que viajaba hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que presta sus servicios a la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Aproximadamente cinco minutos después del despegue, en pleno vuelo, el avión explotó sobre las montañas de Soacha (Cundinamarca). Era lunes y el país vio el horror del atentado que cobró la vida de 101 pasajeros y seis integrantes de la tripulación.
Casi 37 años después de ese atentado, que se convirtió en uno de los hechos más crueles de la violencia en el país en plena guerra contra narcotráfico, las familias de las 107 víctimas siguen exigiendo la verdad, justicia y reparación que el Estado colombiano no les ha dado. El último portazo lo dieron la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en la mañana del 27 de mayo de 2026 no asistieron a la audiencia de memoria y control político sobre este caso, citada en el Congreso de la República.
La sesión fue convocada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes -encargada de temas relacionados con los Derechos Humanos- ante la persistencia de la Fundación Colombia con Memoria, que agrupa a los familiares de las víctimas del atentado y que lleva años demandando respuestas por parte del Estado. Además de la Fiscalía y la JEP, a la audiencia fueron citados el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas tres últimas entidades sí asistieron a la audiencia que inició sobre las 8:52 de la mañana.
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Las demandas de las víctimas
Gonzalo Enrique Rojas Peña, vocero de Colombia con Memoria e hijo de Gonzalo Hernán Rojas Castro, una de las víctimas del atentado, fue el primero en hablar en nombre de las familias que, 37 años después de ese hecho, siguen, en su mayoría, sin una reparación integral y expectantes ante el rezago de las investigaciones judiciales. En su intervención, respondió a la pregunta sobre por qué convocar a una audiencia de este tipo, a casi cuatro décadas del crimen: “La respuesta es sencilla y clara: por honor y por dignidad”, dijo.
A renglón seguido, Gonzalo Rojas hizo énfasis en la demanda generalizada de las víctimas de este hecho. “No hay nada más doloroso que vivir con la incertidumbre de la injusticia. Acudimos a esta comisión con la convicción de que haya una luz que ilumine este camino de desesperanza, barreras e indolencia”, expresó. También señaló que, ante la falta de certezas, que el Congreso de la República escuchara por primera vez a las víctimas sería una oportunidad clave para “ver a los ojos” a quienes les deben esas respuestas.
En su intervención hizo un recuento detallado de los hechos desde el 27 de noviembre de 1989, cuando él tenía apenas 10 años, hasta la fecha. Después de años de presión a las autoridades competentes, en 2009 lograron que el atentado al avión de Avianca, atribuido a Pablo Escobar y al cartel de Medellín, fuera declarado como crimen de lesa humanidad. Una movida clave en términos judiciales, pues más que un nombre significa que las investigaciones relacionadas con el caso no tienen fecha de prescripción.
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Luego, en 2014, los integrantes de Colombia con Memoria fueron reconocidos como víctimas en este caso. Un año después, el 29 de octubre de 2015, con el apoyo jurídico de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), algunas de las víctimas presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) para que analizara el expediente y lo admitiera. Esto, alegando la grave impunidad que rodea el caso ante las autoridades competentes en Colombia.
Pasó una década hasta que las víctimas recibieron una primera respuesta por parte de esa instancia internacional, en octubre de 2025, admitiendo el caso. En el entretanto, el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Paz del 2016 con la antigua guerrilla de las Farc y se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hacen parte la JEP y la Comisión de la Verdad. En 2018, Colombia con Memoria le pidió a esas dos entidades autorización para avanzar en un informe sobre el atentado.
La fundación recibió luz verde para la construcción de un documento de 364 páginas al que titularon “Una mirada del atentado al avión de Avianca. Narcotráfico y narcoterrorismo en el conflicto armado colombiano”. El informe hace un recuento de los hechos que rodean el ataque, incluso con mayor detalle del que han logrado las autoridades judiciales en casi 37 años con el expediente en sus manos. En 2019, el informe fue entregado a la JEP y a la Comisión de la Verdad, entidades cuestionadas por las víctimas sobre su alcance.
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En los últimos seis años, como lo expuso el propio Gonzalo Rojas, el caso pareciera haber quedado dormido en el anaquel de los expedientes olvidados. Hasta ahora, que la Comisión Séptima de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes puso cara a cara a las víctimas y a los responsables de darles las respuestas que demandan, el caso no se había movido. Ninguna persona ha sido imputada en Colombia ni llevada a juicio por este crimen. Mucho menos hay sentencias y las medidas de reparación, como señaló el vocero, se quedan cortas.
No es claro si se trató de un atentado del cartel de Medellín al entonces candidato presidencial César Gaviria, que se presumía que viajaría en ese vuelo y quien finalmente viajó horas antes, en un vuelo privado, por cuenta de la grave situación de seguridad del país. Tampoco hay certezas sobre quién compró dos tiquetes el día anterior, exigiendo asientos específicos, a nombre de Julio Mario Santo Domingo, el entonces dueño de la aerolínea, y de Alberto Prieto, un contrabandista de Medellín, cercano a Pablo Escobar.
A esas preguntas estrictamente judiciales se suma otro problema: tantos años de impunidad han hecho que varios de los familiares de las víctimas, especialmente los padres de las personas fallecidas en el atentado al avión de Avianca, hayan muerto mientras esperaban respuestas judiciales y reparación estatal. “El paso del tiempo aleja la posibilidad de ubicar a testigos y posibles responsables”, expresó Gonzalo Rojas. Una de esas tragedias es la de Claudia Elena Cañón, otra de las víctimas que intervinieron en la audiencia en el Congreso.
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La mujer tenía 17 años cuando ocurrió el atentado al avión de Avianca y estaba próxima a graduarse de bachiller. Un motivo de alegría para su padre, Edilberto Cañón, víctima del ataque de noviembre de 1989; su hermana, de ocho años para ese entonces y para su madre, fallecida hace diez años. “En esa loma quedaron hogares enteros destruidos y eso quiero que lo tengan en cuenta. Han pasado los años y no hemos recibido verdad, justicia ni reparación”, expresó durante su intervención en la audiencia pública.
El drama de su familia se ha visto agravado porque, como una gran parte de las personas que perdieron a sus seres queridos en ese hecho, ha luchado durante años para ser reconocida formalmente como víctima por parte del Estado. Denunció que durante años tuvo que recorrer oficinas e interponer recursos para lograrlo. “Es triste ver que en las entidades del Estado no hay responsabilidad. La eficiencia es nula y hay muchas familias peor que yo, porque ni siquiera las han reconocido como víctimas”, expresó.
Agregó que “la Fiscalía no ha hecho su trabajo idóneamente a pesar de que son personas preparadas y contratadas por el Estado para eso”. Por eso su petición es clara: “Lo único que buscamos es que nos escuchen, que nos den soluciones, que nos respeten”. Haciendo memoria de su madre, fallecida hace diez años sin conocer la verdad ni ser reparada por el atentado al avión de Avianca, concluyó: “Muchas de las víctimas están terminando el camino de su vida; necesitan respirar y decir: ‘Sé qué fue lo que pasó’”.
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Inasistencias y respuestas insuficientes
Las demandas de las víctimas le dieron paso a las instituciones del Estado que, por primera vez en 37 años, fueron citadas a darles respuestas de frente por sus acciones u omisiones. La Fiscalía y la JEP enviaron excusas a la Comisión Séptima de Derechos Humanos argumentando que por “motivos de fuerza mayor” y “asuntos de agenda” no podían asistir a la diligencia. A sus comunicaciones anexaron cada una los informes que dan cuenta de los pocos avances sobre la investigación judicial: sin resultados concretos a la fecha.
En un oficio de seis páginas, firmado por Óscar Antonio Dallos Argumedo, de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, el ente investigador se excusó exponiendo siete “dificultades de la investigación” que, explicaron en el documento al que accedió El Espectador, “han incidido de manera significativa en la eficacia, oportunidad y alcance de las actividades investigativas”. El proceso está actualmente en etapa de indagación, pero sin avances relevantes para la verdad y la justicia.
Entre las actuaciones que la entidad dirigida por Luz Adriana Camargo destacó están las indagatorias hechas en febrero de 1993 a Pablo Escobar, jefe del cartel de Medellín, y a Jesús Humberto Laverde Muñoz. Y la vinculación de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). “Si bien el expediente permanece en fase de indagación, ello responde a que, a la fecha, no se cuenta con la identificación plena ni con elementos materiales probatorios suficientes respecto de nuevos sujetos activos”, dice el informe.
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La JEP, por su parte, fue más concreta en señalar que, por ahora, el atentado al avión de Avianca no está en el radar de los expedientes que estudia la justicia transicional. En un informe firmado por el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de esa instancia, y leído durante la audiencia, respondieron a las preguntas formuladas por los familiares de las víctimas sobre dos asuntos puntuales: la inclusión del atentado en alguno de sus macrocasos y el alcance del informe entregado en 2019 por las víctimas.
Sobre la primera pregunta, la JEP respondió que, aunque alrededor del caso del avión de Avianca se ha mencionado una posible relación entre el cartel de Medellín y la estructura paramilitar creada por los hermanos Castaño Gil, este crimen no corresponde a las características de los macrocasos que adelanta. Específicamente al macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública o agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado en Colombia.
En ese sentido, la carta firmada por el magistrado Ramelli señala que la JEP, por ahora, no puede incluir este crimen en el macrocaso 08, a menos de que se estableciera que en el mismo participaron exintegrantes de las Farc, exuniformados o terceros civiles que se presenten de forma voluntaria, pues son los únicos sujetos sobre los cuales tiene competencia la justicia transicional. En cuanto al informe del 2019, señala que fue recibido por la Sala de Reconocimiento de Verdad y “es un insumo documental para el desarrollo de los ejercicios de análisis del universo temporal de hechos”.
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Por parte del Ministerio del Interior asistió Gonzalo López Moreno, del Grupo de Víctimas de esa cartera del Gobierno encargada de acompañar las iniciativas del Ejecutivo en el Congreso. El funcionario rindió cuentas sobre un punto específico: el proyecto de ley radicado el 5 de agosto de 2024 y asignado a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que prohibía vender, distribuir, usar o portar prendas, productos o imágenes que exaltaran la figura de personas condenadas por delitos graves, como Pablo Escobar.
La respuesta del representante del Gobierno sobre los avances de esa iniciativa legislativa fue un golpe en el estómago para las víctimas: que por las “dinámicas legislativas”, fue archivado el 23 de junio de 2025 y que ahora toca empezar el camino de nuevo. Para salvar el proyecto y sacarlo adelante, habrá que radicarlo de nuevo ante el Congreso, después de que el 20 de julio de este año se posesionen los parlamentarios para el próximo cuatrienio.
No obstante, el funcionario López Moreno señaló que el Grupo de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior ya tiene asignada la tarea de dejar todo listo para que en la próxima legislatura, antes de que se termine el gobierno del presidente Gustavo Petro o iniciando el período de quien lo reemplace el 7 de agosto en la Casa de Nariño, el proyecto sea radicado de nuevo. Esta vez, esperan las víctimas, con resultados reales y no con esperanzas fallidas como las que han tenido durante los 37 años que han pasado desde el crimen.
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El subdirector de la Unidad para las Víctimas, Fabio Andrés Sandoval Bello, también intervino en la audiencia y señaló que, aunque el Estado lo quiera, no tiene la capacidad para reparar administrativamente de forma individual a cada una de las víctimas. Detalló que 361 personas están reconocidas hasta ahora como víctimas indirectas del atentado y su reparación avanza en un 52 %. Pero aceptó que “no se ha hecho de forma tan efectiva como se quisiera” la reparación relacionada con la memoria histórica. Solo en Cali, Bogotá y Medellín hubo medidas de reconocimiento histórico, pero fueron en 2015.
En ese sentido, propuso avanzar, por un lado, en las medidas de reivindicación de la memoria de las víctimas. Y, por el otro, en la caracterización de aquellas personas que aún no han sido reconocidas como víctimas. Un trámite que requiere una toma de declaraciones para la cual, según se comprometió, harán jornadas apoyadas por la Defensoría del Pueblo. En la línea de memoria coincidió Luis Carlos Sánchez, director de Construcción de Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), quien intervino en la audiencia.
El funcionario coincidió en la petición de las víctimas de reconocer el narcotráfico como un actor del conflicto armado y aceptó que, pese a la misionalidad de la institución de la que hace parte, hace falta atender las demandas de las víctimas. “Es cierto que, en concreto, el CNMH no ha hecho un trabajo profundo con los familiares de las 107 víctimas del atentado terrorista ni tiene un producto propio sobre este caso”, expresó. Pero abrió una puerta que puede ser clave: la participación de las víctimas en la construcción de los guiones para el futuro Museo de Memoria de Colombia.
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Compromisos entre inconformidades
Ante la sala de la Comisión Séptima las víctimas mostraron; por un lado, el descontento generalizado por la inasistencia de la Fiscalía y de la JEP que, casi 37 años después, siguen sin mirarlos a los ojos para decirles que tropiezan en los avances en materia judicial. Y por el otro, con el sinsabor de que las entidades del Gobierno que asistieron no mostraron mayores avances y pusieron propuestas de las que no saben si se cumplirán.
“Vengo en representación de toda la familia para pedirles que, por favor, este video (la audiencia) se haga llegar a la Fiscalía, para que sepan qué se habló aquí y qué se expuso”, dijo María Victoria Lara Escobar, sobrina de Hugo Alfredo Lara Romero, fallecido en el atentado. Señaló que no hay excusa para que el ente investigador no asistiera a la primera audiencia después de 37 años. En eso coincidió Jorge Alberto Muñoz Alfonso, abogado de víctimas en el caso, quien calificó la inasistencia como “irrespetuosa e indignante”.
Agregó que el informe enviado por el ente investigador “deja más dudas que respuestas”, pues no va más allá de “resultados vagos”. En ese contexto, la Comisión, las víctimas y las entidades que asistieron llegaron a algunos compromisos. El primero, adelantar mesas de trabajo para intentar destrabar las responsabilidades del caso. Y el segundo, citar en la próxima legislatura a una sesión de seguimiento y control en el Congreso a las entidades competentes, para ver si así entregan las respuestas aún pendientes sobre este crimen que marcó al país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
