A sus 83 años y después de una larga carrera en la política colombiana, Álvaro Leyva Durán se convirtió en el primer exministro del gobierno del presidente Gustavo Petro en ser llamado a ocupar el banquillo de los acusados en la Corte Suprema de Justicia. El exministro de Relaciones Exteriores fue llamado a juicio en la tarde del 23 de abril, para que responda ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo. El exfuncionario, quien está en España y no se conectó a la audiencia virtual, está acusado dentro del sonado caso del contrato de COP 599.000 millones para la producción y distribución de pasaportes colombianos.
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La investigación en contra de Leyva Durán está relacionada con tres resoluciones emitidas entre el 13 y el 14 de septiembre de 2023, cuando estaba al frente de la Cancillería, con las cuales se habría desviado de forma injustificada el contrato que, según el equipo evaluador, debía ser entregado a la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hacía parte la empresa Thomas Greg and Sons. Según la Fiscalía, el exministro habría intentado poner sus intereses por encima de los de la ciudadanía desde su rol como funcionario público. “Con su falta de integridad y transparencia en el ejercicio de su labor como servidor público, no protegió los intereses de la comunidad ni de los beneficiados para ese momento”, señaló el ente investigador.
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El Espectador conoció el la acusación completa con la cual la Fiscalía llamó a juicio a Leyva Durán. En ella se detalla que el exministro autorizó a José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general de la Cancillería, ahora reconocida como víctima, para que desde su cargo como representante legal del fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores abriera el 14 de abril de 2023 una licitación para la producción y distribución de pasaportes en Colombia hasta el 31 de julio de 2026. Leyva Durán, dijo la Fiscalía, estuvo al tanto y nunca tuvo reparos de la forma en la que se adelantaba el proceso.
“Nunca hubo objeciones suyas acerca de la forma en que se adelantó el proceso licitatorio, ni se denunciaron o advirtieron irregularidades al respecto”, detalla la acusación. El comité que evaluó las propuestas y emitió un concepto en el que señalaba que la oferta más indicada para entregar el jugoso contrato era la hecha por la unión temporal de la que hacía parte Thomas Greg and Sons. El 5 de septiembre de 2023, día en el que se debía adjudicar el contrato, Leyva Durán llegó a la audiencia y presentó una resolución “mediante la cual reasumió la función de dirigir únicamente este proceso de contratación”. Ocho días después, el 13 de septiembre, expidió la primera resolución que lo tiene hoy de cara a un juicio en la Corte.
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En esa resolución declaró desierta la licitación de los pasaportes y frenó la entrega del contrato a Thomas Greg and Sons. Una orden que, para los investigadores del búnker, “vulneró de manera abierta, caprichosa y relevante” la ley, pues no había razones suficientes para echar para atrás el proceso. La acusación agrega que, de haber encontrado irregularidades, el momento para expresarlas debía ser una reunión que hubo el 4 de julio de 2023 y en la que se le hizo seguimiento amplio a la licitación. “Ningún reparo le mereció, sino que vino a activar su subjetiva prevención a un momento del proceso contractual en que todo estaba consumado, y lo único que cabía era la adjudicación al proponente habilitado”, dice el documento.
Tomas Greg and Sons respondió a esa decisión con un recurso de reposición que fue respondido directamente desde el despacho de Leyva Durán solo un día después, el 14 de septiembre de 2023, y en el que se mantenía a raya en su decisión de declarar desierta la licitación. Para la Fiscalía, la falta de argumentos de Leyva en la respuesta a ese recurso para mantener su decisión de no entregar el contrato a la Unión Temporal Pasaportes 2023 también fue en contra de la ley y del deber del excanciller como funcionario público. “Arbitrariamente mantuvo su decisión de no revocar la decisión de declarar desierto el proceso licitatorio, reiterando con ello la utilización indebida de las facultades otorgadas por la ley”, se lee en la acusación.
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Como si fuera poco, dice la Fiscalía, Leyva Durán terminó de cerrarle la puerta a Thomas Greg and Sons con una tercera resolución, también del 14 de septiembre de ese año, en la que declaró la urgencia manifiesta durante 12 meses. Esa figura, en plata blanca, le daba a la Cancillería la facultad para entregar de forma directa el contrato para la producción y distribución de pasaportes colombianos. “Leyva Durán sabía que la declaración de urgencia manifiesta constituye una excepción legal al deber de la selección de contratistas a través del mecanismo de la licitación pública, razón por la cual la resolución debía contar con una fundamentación y argumentación fácticojurídica suficiente, misma que se echa de menos”, señaló la Fiscalía.
Para el ente investigador, Leyva Durán tenía conocimiento pleno de cada una de sus movidas y de que estaba en contra de la ley y de sus funciones como canciller. Por su parte, el exministro del gobierno Petro se ha defendido diciendo que el proceso penal en su contra no es más que “una persecución atroz” por cuenta de sus pronunciamientos sobre el jefe de Estado y su supuesto consumo de drogas. Así lo expresó en una carta pública del pasado 10 de abril. “Desde el desgobierno se estaba intrigando para meterme preso y que se atentara contra mi vida”, dijo. Si se trata de un complot, como lo dice Leyva Durán, o de un exceso en sus funciones, como indica la Fiscalía, es una decisión que ahora está en manos de la Corte Suprema de Justicia.
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Por Gustavo Montes Arias
