Según los planes anunciados por el ministro (e) de Justicia, Andrés Idárraga, este 25 de diciembre comenzarán en Cauca las primeras erradicaciones de cultivos de uso ilícito con glifosato mediante drones. La medida, dada a conocer por el Gobierno de Gustavo Petro el pasado 22 de diciembre, contempla la aspersión mediante drones especializados que vuelan a cerca de 1,5 metros sobre la planta de coca, “lo que reduce de manera significativa la dispersión del herbicida frente a la aspersión aérea”.
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Aunque el Gobierno aseguró que la herramienta llegará únicamente a territorios donde la erradicación manual no ha sido posible, expertos advierten sobre su eficiencia y la capacidad del Estado para disponer de estos equipos.
El costo y capacidad de drones
El primer punto que destacó Javier Flórez, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), es que, al volar los drones a dicha altura, ingresan en las normativas del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat), creado en 2016.
En palabras de Flórez, quien para ese momento era secretario técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes, el Pecat “se creó para tener una alternativa luego de la suspensión de la aspersión aérea, pero es un fracaso, porque es muy poco eficiente”, en relación con los resultados que exige la lucha antidrogas en Colombia. En este caso, los drones tendrían la capacidad de erradicar aproximadamente una hectárea cada 45 minutos.
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“Además, los drones son herramientas muy caras y pueden ser fácilmente derribados por los grupos armados. El Gobierno tendría que asumir el riesgo de que, por intentar esta medida, tenga unas pérdidas económicas importantes por parte del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”, agregó Flórez.
Sobre este punto, Vladimir Rodríguez, experto en seguridad y exdirector de una de las entidades adscritas a Mindefensa, señaló que, si el Gobierno llega a utilizar drones de tipo agrícola, “aunque estén acompañados de los equipos de erradicación manual, estos multirrotor (tipos de drones) tienen softwares muy fáciles de intervenir y derribarlos con herramientas también de fácil adquisición para neutralizar sus sistemas”.
Otro tipo de aeronaves no tripuladas que reduciría este riesgo “son drones conectados con cable de fibra óptica que se utilizan, por ejemplo, en Ucrania. Pero estamos hablando de un desarrollo tecnológico diferente y que implica unos retos tácticos mayores”, detalló Rodríguez.
Pero, más allá del tipo de dron que emplearía el Gobierno, el experto advierte que Colombia “no cuenta con la capacidad real de producción de drones; por lo tanto, deberá adquirirlos a empresas privadas”, y agregó que, si “el Estado desea realizar este tipo de operaciones, debe generar un programa serio y muy rápido de producción propia de tecnologías que puedan neutralizar las acciones de los grupos armados contra los drones”.
El impacto ambiental
Ambos expertos, en paralelo, coinciden en otro punto: el impacto ambiental del uso del glifosato. “Cuando nosotros suspendimos la aspersión aérea en 2015 fue porque había una evidencia clara de sus daños tanto a la salud como al ambiente, y era imposible continuar con una medida que no contaba con la suficiente evidencia técnica para demostrar al Estado que no estábamos provocando un daño”, señaló Flórez.
Por su parte, Rodríguez agregó que “los cultivos de coca se encuentran cerca de cuerpos de agua, y el efecto del glifosato sobre la tierra puede generar efectos en otras siembras que se hagan en esos terrenos”.
La decisión de retomar el uso de este herbicida también resulta una contradicción dentro del discurso de política de drogas que ha manejado el presidente Petro, señaló Flórez. “Aunque el argumento es que van a hacerlo en zonas donde las comunidades están cooptadas y presionadas por grupos armados, que es algo subjetivo, definitivamente volver a la aspersión va a provocar en las bases sociales del movimiento progresista una reacción de sorpresa. El movimiento que abandera una visión de derechos humanos de la política de drogas, que por lo menos al inicio fue muy cercano a este Gobierno, están sorprendidos por una decisión de esta naturaleza”.
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Las implicaciones sociales
Estefanía Ciro, excoordinadora del área de narcotráfico, política de drogas y mercados de cocaína y marihuana en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, destacó que, además de que la herramienta es inviable ambientalmente, también tiene sus implicaciones sociales.
Por un lado, “actualmente los drones que se usan para fumigar en la agricultura son los DJI Agras, que son muy precisos, pero bajo unas condiciones especiales. Esos drones primero miden el perímetro y ahí calculan los interlineados”. De acuerdo con Ciro, lo primero es programar los drones para asegurar la caída de la gota y disminuir la deriva (la aspersión del glifosato en otras áreas), que siempre existe.
“Es falso decir que siempre van a ir a 1,5 metros de distancia del dosel (la planta de coca), porque eso depende del viento y de las condiciones meteorológicas. Si la distancia entre líneas aumenta, más alto vuela el dron. Ahora, replicar esto en Cauca, donde se trata de operaciones militares que van a depender de los hostigamientos, los drones son fáciles de atacar y, además, van a estar entre 4 y 7 kilómetros de distancia del controlador”, explicó la experta.
Ciro resumió que “simbólicamente, el uso del glifosato es mostrar que todo lo demás fracasó. Significa retroceder a una estrategia que valida a la derecha y que, además, está siendo considerada como violación de los DD. HH. en las Naciones Unidas”.
Finalmente, la experta también evidenció los impactos directos en la población: “Infantilizar a las comunidades como un tema de instrumentos de la guerrilla o de los narcotraficantes no es buena idea. Es pasar por alto un cúmulo de complejidades que el Gobierno nacional parece haber desatendido”.
Asimismo, debe tomarse en cuenta que “si el Gobierno está pretendiendo cultivar café en Cauca, el glifosato va a tener un efecto adverso en la polinización y no va a pasar las condiciones en Europa, como, por ejemplo, Alemania, que prohibió el glifosato en uso público o privado. Al final, el Gobierno nacional cayó en la trampa del prohibicionismo. Renunció a dar la pelea por desnarcotizar la agenda y crear caminos de regulación”.
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Un contexto de descertificación en la lucha antidrogas
Este anuncio también se da en un contexto de reciente descertificación en la lucha antidrogas por parte de Estados Unidos en septiembre de 2025 y la inclusión de Petro en la Lista Clinton el pasado 25 de octubre. “Considero que Petro está dando mensajes a ciertos actores armados, diciendo que el Gobierno tiene otras herramientas para poder combatir este fenómeno.
Además de mandar un mensaje de que él no es, evidentemente, un miembro de un cartel de narcotráfico”, indicó Flórez. No obstante, aclaró que este “tipo de medidas pueden generar un efecto positivo para algunos sectores de la sociedad, pero en su caso no, porque la gente lo culpa, no sin razón, del aumento de los cultivos ilícitos”.
Aunque aclaró que este fenómeno viene presentándose desde gobiernos anteriores, “sí se ha profundizado en este Gobierno”, lo que llevaría a que el presidente Petro “afecte sus bases políticas con una medida que es absolutamente ineficiente y una solución cortoplacista”.
El director de Conflicto y Seguridad de la FIP concluyó que el retorno del uso del glifosato “no va a generar un efecto contundente frente a la producción de los cultivos ilícitos en Colombia, como no lo provocó tampoco en su momento la aspersión aérea. Es una decisión que tiene, desde el punto de vista de legitimidad, unos costos gigantescos para este Gobierno”.
Antes de que el Gobierno logre que este 25 de diciembre varios drones estén rociando con glifosato hectáreas de hojas de coca en Cauca, es necesario que la Policía presente un plan que contemple, en primer lugar, el número de drones que ya deben tener en su poder para iniciar su proyecto.
Fuentes de la Policía, consultadas por El Espectador, declararon que el documento ya fue aprobado por el Pecat, como establece el protocolo, y ahora solo faltaría la verificación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Con la expectativa de que la aspersión llegue esta Navidad, o no, se mantiene la duda sobre los costos de una herramienta que no ha garantizado resultados sostenibles en la lucha contra la droga.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
