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18 Sep 2021 - 6:04 p. m.

Las exigencias de la JEP al general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Uribe

El general (r) Mauricio Santoyo deberá aclararle a la JEP de qué parte del conflicto armado va a aportar verdad. Además, debe explicar cómo piensa reparar a las víctimas. De lo contrario, podría perder beneficios o ser expulsado de la justicia especial.
En 2012, una corte del estado de Virginia, en Estados Unidos, solicitó la extradición del General (r) Santoyo por narcotráfico. / Cortesía Migración Colombia.
En 2012, una corte del estado de Virginia, en Estados Unidos, solicitó la extradición del General (r) Santoyo por narcotráfico. / Cortesía Migración Colombia.

Con el ingreso del general (r) de la Policía Mauricio Santoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hay expectativa por la verdad que aportará, pues de lo contrario sería expulsado y su proceso continuaría en la justicia ordinaria. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la justicia transicional aceptó al otrora jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe y le dio, por ahora, el beneficio de ser privado de la libertad en una reclusión de la Fuerza Pública, en lugar de una cárcel ordinaria. Y, en la misma decisión, la corporación le exigió una serie de claridades.

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Al momento, la JEP aceptó a Santoyo de manera integral, es decir, “comprende todas las conductas en que hubiese participado o conocido por causa o con ocasión del conflicto armado”. El general en retiro, que fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos, donde ya purgó su pena, y regresó a Colombia en abril de 2019, es investigado por recibir pagos y hasta realizar operaciones conjuntas con paramilitares mientras fue jefe del Gaula en Medellín. Además, se le investiga por las desapariciones de los miembros de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (Asfaddes) Ángel José Quintero y Claudia Patricia Monsalve; y por el homicidio del periodista Jaime Garzón.

(En contexto: JEP admitió al general (r) Santoyo, antiguo jefe de seguridad de Álvaro Uribe)

Todas estas conductas, entre otras que indagaba la Fiscalía, pasarían a ser competencia de la JEP, en tanto Santoyo continúe con su colaboración. Y el primer paso que debe dar, ya que no ha entregado lo que la justicia transicional llama un “plan de verdad”, será contesta una serie de preguntas de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. La primera, según el documento en el que se consigna la decisión, será la piedra angular para definir lo demás, es: ¿Qué parte o partes del conflicto armado pretende esclarecer con su relato de verdad?

Para la JEP, Mauricio Santoyo habría terminado involucrado en actividades ilegales no solo buscando lucrarse, en cuyo caso no podría ingresar a la justicia especial, sino también como parte de un actor del conflicto armado. El general en retiro de la Policía, dijo la Sala de Definición, “se inmiscuyó decidida y permanentemente en la ejecución de conductas que en distintas épocas favorecieron la actividad delincuencial del paramilitarismo relacionada con el narcotráfico, pero igualmente, con la ejecución de sus operaciones militares, de lo cual derivadamente, recibió una retribución de tipo económico, lo que denota la clara confluencia de intereses y la imposibilidad de definir la primacía de uno sobre otro”.

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Por eso, además, le pidió que aclare:

  • Los datos personales y de contacto de quienes sean mencionados en su relato como implicados en los hechos.
  • ¿Qué actores del conflicto van a hacer parte de su relato? En este punto, además deberá referir la información de la que tenga constancia sobre la estructura de la Policía dentro de la cual operaba, detallando cuál era la cadena real de mando nacional y territorial.
  • Su posición dentro de la estructura y los roles que cumplía.
  • ¿Qué zona o zonas del conflicto va a tener en cuenta, especificando la zona donde actuaba y donde ocurrieron los hechos que se compromete a relatar?
  • La descripción de las conductas sobre las cuales habrá de declarar, así como la exposición de sus posibles efectos, indicando si cuenta con elementos de prueba o información relevante que respalde sus dichos.
  • Si tiene conocimiento sobre nexos de miembros de la Policía o de otras instituciones del Estado con grupos armados o sobre sus vínculos con sectores políticos, económicos o religiosos, sus modos de aprovisionamiento militar, sus motivaciones (ideológicas, económicas o políticas).
  • ¿Sobre qué circunstancias sociales, económicas, jurídicas, políticas, militares, entre otras, va a tener incidencia ese relato?
  • ¿Qué colaboración puede prestar a otros órganos como la Comisión de la Verdad o la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

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Adicionalmente, la JEP le pidió a Santoyo que explique cómo va a reparar a las víctimas y qué mecanismos de no repetición ofrece. Sobre esto último, la Jurisdicción le preguntó directamente: ¿Cuál es su proyecto de vida futura?, ¿Qué actividades piensa desarrollar en el marco de su cotidianeidad? El general en retiro deberá responder todos estos interrogantes en un escrito en el que manifieste, además, su compromiso de atender a todos los requerimientos que le hagan la JEP, la Unidad de Búsqueda y la Comisión de la Verdad.

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