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La Corte Suprema, la Comisión de Ética de la Cámara y la Procuraduría adelantan investigaciones contra la representante María José Pizarro para determinar si con su participación en las movilizaciones del paro nacional convocado desde el pasado 28 de abril cometió algún delito o se extralimitó en sus funciones como congresista. En diálogo con El Espectador, Pizarro señaló que afrontará las investigaciones con su equipo de abogados, quienes han pedido que se le respete el debido proceso e incluso solicitaron medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir garantías en los procesos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde se adelanta el primero de estos procesos, tiene previsto en las primeras semanas de agosto decretar la práctica de pruebas. Este caso nació por cuenta de una denuncia anónima que llegó al alto tribunal, en mayo pasado, porque al parecer varios congresistas, entre ellos Pizarro, incitaron a uniformados de la Policía a subordinarse en medio de las manifestaciones. La congresista tiene otra versión de lo sucedido. La denuncia incluye un video y, según supo este diario, el magistrado ponente Francisco Farfán ordenará recopilar los testimonios de algunos policías del equipo de seguridad del Congreso.
Y es que el video mostraría a Pizarro y sus colegas alentando a policías a “rebelarse contra el mando” luego de que manifestantes se agruparan en las afueras del Capitolio, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Aunque la investigación ha pasado de agache, este diario conoció que altos mandos de la Policía llamaron a entregar versión de lo sucedido a algunos agentes que aparecen en el video. Estos testimonios, inicialmente, fueron enviados a la Fiscalía y, posteriormente, remitidos a la Corte, por ser la competente para investigar a congresistas. Este mismo proceso se adelanta en la Procuraduría, pues a algunos procuradores delegados también les llegó la denuncia con el video.
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En la investigación disciplinaria, el Ministerio Público decretó ya una práctica de pruebas. Por ejemplo, a la Policía Metropolitana de Bogotá se le pidió un informe en el que detallen lo que sucedió ese día. Del mismo modo, el Congreso debe entregar nombres, identificación y dependencias de los uniformados que estuvieron prestando servicio de seguridad ese día. Igualmente, la Procuraduría pidió los videos de seguridad del Capitolio y un informe pormenorizado de donde se vio a los agentes y a Pizarro participando del operativo.
Asimismo, contra Pizarro hay otro expediente en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Se trata de una queja disciplinaria que llegó a la Procuraduría y fue remitida a la Comisión bajo el entendido que el escenario en el que ocurrieron los hechos fue en el interior del Congreso. En este proceso también están vinculados los representantes Ángela María Robledo e Inti Asprilla, quienes junto a Pizarro, supuestamente, humillaron a miembros de la Policía. En la denuncia que fue elevada por Janeth Corzo Merchán quedó consignado que “los representantes maltrataron a los uniformados que estaban en el recinto”.
“Solicito como ciudadana se establezcan acciones pertinentes al comportamiento de los congresistas María José Pizarro, Inti Asprilla y Ángela María Robledo, quienes faltaron al respeto gritando, echaron y humillaron a Policías en la sesión del Congreso del día de hoy”, dice la denuncia. Se trata de un episodio del 26 de mayo durante el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa, Diego Molano, por el uso excesivo de la fuerza durante el paro nacional. Al recinto ingresaron uniformados y los tres congresistas les gritaron que se fueran. “Lo que yo hice fue intentar mediar para no llegar a una situación desagradable”, le dijo Pizarro a El Espectador.
Pizarro, en diálogo con este diario, dijo que durante la moción de censura le preguntó al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, sobre la presencia de los uniformados que acompañaban al ministro. No obstante, aseguró que lo hizo con el ánimo de bajar la tensión que había en el lugar. Además, explicó que en el evento por el que es investigada en la Corte Suprema no consideró pertinente el uso de unidades del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en las afueras del Congreso debido a que la situación con la turba de manifestantes ya estaba controlada. Un pedido, aseguró, en defensa de los derechos humanos.
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Con el panorama de las tres investigaciones en su contra, la representante exigió garantías en sus procesos. “Por eso presentamos la solicitud de medidas cautelares a la CIDH, porque creemos que se le está dando un mal uso a la justicia en algunos casos”. Las medidas cautelares las solicitó el pasado 5 de junio a través de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ). Pizarro, por su parte, dice estar tranquila: “Porque todo se hizo en el marco de mis funciones. Yo decido y soy una mujer defensora de derechos humanos. Y lo que hicimos en el marco de la protesta, precisamente, fue defender no solo el derecho a la protesta, sino defender a la gente que estaba siendo agredida. Tanto a los policías como a la juventud, las mujeres y los hombres que resultaron asesinados”.
En una reciente decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, se inadmitió una denuncia en contra del senador Gustavo Bolívar y otros congresistas de la oposición que habían invitado a movilizarse. Según la Corte, “el apoyo de las manifestaciones o movilizaciones traduce una de las expresiones posibles y legítimas de la oposición política”. La misma Sala definirá si procede una de las investigaciones contra María José Pizarro o si, por el contrario, y como ella dice, actuó dentro de sus funciones.