La expedición de pasaportes sigue poniendo bajo máxima tensión a los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro. El año pasado, el excanciller Álvaro Leyva fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos por orden de la Procuraduría, por evitar, a última hora, que el contrato de pasaportes fuera adjudicado a la firma Thomas Greg & Sons. Ahora, el Ministerio Público abrió una investigación contra los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, a quienes se les reprocha no haber adelantado un nuevo proceso de selección de contratista. El proceso también incluye al pastor Alfredo Saade, nuevo jefe del Despacho presidencial, por presunta extralimitación de funciones.
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Lo que quiere verificar la entidad al mando de Gregorio Eljach es si estos funcionarios públicos cometieron faltas disciplinarias al no resolver de manera oportuna y certera quién va a imprimir los pasaportes en Colombia, luego de que el gobierno dijera que no quiere que Thomas Greg & Sons siga con ese contrato. Para llegar a una solución que se sostuviera en el tiempo, el excanciller Luis Gilberto Murillo firmó en octubre pasado un acuerdo de 10 años con el gobierno de Portugal para producir los nuevos pasaportes, con ayuda de la Imprenta Nacional, a partir de este 1 de septiembre. Sin embargo, Sarabia, que llegó este año al cargo, dijo que la Imprenta Nacional no estaría en capacidad para asumir las actividades.
Sarabia renunció a su cargo el pasado 3 de julio, en medio de desencuentros con el alto gobierno por el caso pasaportes. Mientras la ahora excanciller aseguró que se debería implementar una etapa transitoria para la expedición de pasaportes, de nuevo con Thomas Greg, el pastor Saade dijo públicamente que los portugueses deben iniciar cuanto antes con el contrato, por orden de la misma Casa de Nariño. Para la Procuraduría, la intervención de Murillo, Sarabia y Saade en el caso pasaportes, del que los colombianos aún no tienen certeza, tiene como única explicación una serie de presuntas faltas disciplinarias cometidas por cada uno, respectivamente.
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En el caso de Murillo y Sarabia, por presuntamente violar los principios de planeación y responsabilidad que rigen la contratación estatal, y de Saade por, al parecer, no tener claros los límites de sus funciones. La investigación disciplinaria está basada en dos informes del pasado 7 de julio, de visitas preventivas realizadas por la Procuraduría a la Cancillería y a la jefatura del Despacho Presidencial. Sobre lo primero, el órgano dirigido por Eljach solicitó los documentos relacionados con los últimos movimientos de ese ministerio para garantizar el servicio de pasaportes.
La entidad, por ejemplo, encontró la resolución de 2023 con la que Leyva declaró desierta la licitación que estaba a punto de ganar Thomas Greg y que es el origen de todo este lío. También el contrato de urgencia manifiesta, con esa misma empresa, que terminó en octubre pasado. Asimismo, las actas con las que se nombró a Murillo y Sarabia como cancilleres. La Procuraduría halló documentos que establecen que, en abril pasado, la Cancillería y la Embajada de Portugal se reunieron con miras al nuevo acuerdo. No obstante, que allí mismo la oficina asesora jurídica de la Cancillería alertó que el acuerdo solo se puede financiar con recursos de vigencias futuras.
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Un enorme problema porque solo habría fondos para uno de los 10 años a contratar. Y que la oficina de Planeación y Desarrollo Institucional agregó que tramitar las vigencias futuras, más allá del periodo de gobierno, es un proceso engorroso que “no tendrá una duración inferior a los seis meses”. Para la Procuraduría, la Cancillería sabe, desde abril, que es imposible empezar a operar con los portugueses en septiembre. Además, la Procuraduría encontró que, aunque Murillo asumió como canciller encargado en enero de 2024, y luego siguió en el cargo, este no convocó ni estructuró procedimiento alguno de selección para un nuevo contratista.
Asimismo, que solo adelantó un proceso de contratación bajo urgencia manifiesta, en septiembre pasado, que no cumpliría con los requisitos, porque él contaba con la posibilidad de abrir una nueva licitación y no estaba condicionado a una situación excepcional. En su defensa, Murillo anunció la contratación directa con el gobierno de Portugal. Luego, Sarabia asumió el cargo en enero pasado, pero no hay registro de que adelantara gestiones para abrir un proceso de selección de contratista. El otro informe concluyó que, el pasado 27 de junio, la Presidencia citó en sus oficinas a directivos de la Cancillería, para recibir informes sobre los avances en el nuevo proceso de pasaportes.
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Luego de esa reunión, Saade les solicitó que ingresaran a otros dos encuentros adicionales. “Saade les informó a los servidores de la Cancillería que él era el funcionario encargado por el presidente para liderar la implementación del nuevo modelo de pasaportes”, explicó la Procuraduría. Según la indagación, los funcionarios explicaron que si la disponibilidad presupuestal no estaba lista, no era viable cumplir con el plan con los portugueses. Ante ello, Saade los habría señalado de tener intereses particulares a favor de Thomas Greg.
A partir de ahora, la Procuraduría solicitará a la Cancillería todos los documentos relacionados con las medidas adoptadas para garantizar la prestación del servicio de pasaportes. Asimismo, sus funcionarios le harán una inspección a la Imprenta Nacional para determinar si esa entidad “cuenta la capacidad técnica para asumir la impresión de los pasaportes, en los términos de calidad que exigen los estándares internacionales para este documento”. Asimismo, la Procuraduría le ofreció el beneficio de la confesión a los investigados, que podría reducir a la mitad sus posibles sanciones futuras que, en el peor de los casos, podría terminar en la expulsión del cargo e inhabilidad por años para ejercer cargos públicos.
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Por Jhoan Sebastian Cote
