El país está a poco más de 10 días de las elecciones presidenciales y en medio del caldeado ambiente entes de control e instituciones han pedido respeto y mesura en el escenario político para proteger la democracia. Sin embargo, en la última semana el jefe de Estado se ha ido de frente por todos los medios en contra de las autoridades judiciales, debido a decisiones que van en contra de los intereses de sus iniciativas. Aunque los choques entre la rama judicial y el Ejecutivo no son un escenario nuevo, entidades como la Defensoría del Pueblo y organizaciones como la Corporación Excelencia por la Justicia, en diálogo con El Espectador, detallaron por qué con las elecciones a la vuelta de la esquina esos comportamientos fracturan la democracia y fragmentan la institucionalidad del Estado.
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Los más recientes roces entre las dos ramas del poder público se dieron por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la totalidad del decreto 415 de 2026, con el que se ordenó a los fondos privados de pensiones transferir al fondo público (Colpensiones) el dinero de aquellas personas que hicieron el traspaso del uno al otro. Es decir, más de COP 27 billones. Tras conocerse la determinación del alto tribunal, el presidente Petro no demoró en mostrar su descontento a través de X (antes Twitter), donde aseveró que era una decisión con intereses detrás y puso en el ojo público al consejero de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien ordenó la suspensión del decreto, mientras el alto tribunal define de fondo si lo tumba.
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De acuerdo con la defensora del Pueblo Iris Marín, el problema no es que el presidente esté en desacuerdo con las decisiones judiciales, sino que lo que preocupa es el tono y el momento político en el que lo hace. “El punto principal no está en que el presidente de la República disienta de una decisión, que además es provisional. Lo que resulta muy reprochable es que el presidente lo haga en un tono agresivo, en el que además cuestiona la legitimidad de algunas autoridades judiciales, de los intereses que las mueven y todo esto, este lenguaje tan agresivo y tan acusatorio en medio también de un contexto electoral en el que también se avivan mucho las disputas por ciertas posiciones políticas en el país”, expuso la funcionaria.
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Asimismo, la jefa de la Defensoría sostuvo que lo que viene haciendo el jefe de Estado es una “violencia simbólica con lenguaje político estigmatizante”. Marín explica que esas acciones empeoran “el ambiente electoral, porque la gente se siente avivada de una manera negativa, no a participar tanto en el debate democrático, sino a actuar con miedo, a actuar con prejuicios, a actuar con calificaciones contundentes, muy descalificantes sobre la función de ciertas autoridades que están haciendo su trabajo y que muchas veces el trabajo es de contrapeso a las autoridades públicas o al presidente de la República”. Para ella, “se pierde de vista el foco que es tomar decisiones libres e informadas en un contexto además que es violento no solo en el lenguaje, sino en el que también hay también grupos armados”.
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Esa preocupación por violencia mencionada por Marín la comparte la Corporación Excelencia por la Justicia (CEJ), que tras los señalamientos del jefe de Estado contra el magistrado Bedoya Escobar pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger al togado, pues considera que las manifestaciones presidenciales comprometen principios fundamentales como la separación de poderes y hace que la independencia judicial se ve “seriamente comprometida”. Hernando Herrera Mercado, director de la CEJ, en diálogo con este diario, sostuvo que “el presidente cuando agrede a un magistrado no agrede solamente a la justicia, agrede a la democracia, a la ciudadanía, pisotea la Constitución del 91 que tiene como pilar fundamental la separación de poderes”.
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Asimismo, Marín y Herrera se refirieron a los comentarios del presidente por la decisión de la fiscal general Luz Adriana Camargo de no levantar las órdenes de captura en contra de integrantes del Clan del Golfo hasta no verificar un avance real en ese proceso. Públicamente el primer mandatario dijo que “el presidente las ordena, no la fiscal, y aquí se respeta la Constitución; si no, el pueblo la hace respetar”. Ante eso, Marín dijo que preocupa que “pareciera que el presidente entiende que por su competencia todas las ramas del poder y la fiscal tienen que subordinarse y eso no es así, el hecho de que él tenga una competencia no implica una subordinación, sino tiene que tener también una autonomía”. Agregó que “es razonable la decisión de la fiscal y desproporcionada la reacción del presidente”.
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Por su parte, Herrera señala que pareciera que el jefe de Estado “piensa que la justicia obra como si fueran amanuenses presidenciales y deban estar dispuestos a ser ventrílocuos del Ejecutivo y no cumplir una función de independencia como les corresponde frente a todas las ramas del poder público”. Aunque ninguno está de acuerdo con cómo el primer mandatario se refiere a las autoridades judiciales y sus decisiones, coinciden en que a pocos días de las primera vuelta el camino debe ser llamar al diálogo respetuoso. Según Herrera, esa mesura la ha mostrado dentro del Ejecutivo el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo, quien, aunque no estuvo de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, dijo que las diferencias y discusiones “deben darse en el tono adecuado para preservar la armonía institucional”.
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Por su parte, la defensora del Pueblo hizo “un llamado al presidente de la República a bajarle el tono, a plantear sus observaciones e inquietudes en reuniones interinstitucionales, creo que es el canal propicio para discutir las diferencias y para llegar a soluciones y cuando haga declaraciones públicas pues que no sean denigrantes de las funciones de las otras ramas”. Con las elecciones presidenciales a pocos días y el gobierno Petro en sus últimos meses, desde la organización y la entidad esperan que el actual jefe de Estado modere su lenguaje y dé la confianza que se espera de él frente a la institucionalidad, para que los electores puedan tomar la mejor decisión, lejos de informaciones parcializadas y que la entrega del poder se haga en las mejores condiciones.
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Por Jhordan C. Rodríguez
