Rodolfo Bautista Palomino López fue un todopoderoso de la Policía y uno de los hombres más poderosos en la fuerza pública. El general, actualmente en retiro, dirigió la institución durante parte del gobierno de Juan Manuel Santos, en el que alcanzó lo más alto, pero también en el que se vio involucrado en escándalos que lo sacaron de la dirección de la Policía y lo pusieron a responder ante la justicia. Uno de esos escándalos tuvo este jueves un primer desenlace en la Corte Suprema de Justicia que lo encontró culpable por el delito de tráfico de influencias.
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El caso que tiene ahora al general (r) Palomino con un pie en la cárcel tiene que ver con la presión que ejerció en 2014 sobre una fiscal para frenar la captura del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalado de tener vínculos con paramilitares y ayudarlos a despojar a campesinos de sus tierras en Córdoba. El expediente, que fue definido por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, tiene pruebas que, para la justicia, no dejaron duda de que el entonces director de la Policía usó su alto cargo en la institución para favorecer a Gallo Restrepo. En el caso, reposan testimonios y una grabación que fue clave para condenarlo.
La historia se remonta a 2014, cuando Palomino ya estaba en lo más alto de la cúpula de la Policía. Para esa época, la Fiscalía adelantaba la investigación del caso conocido como el Fondo Ganadero de Córdoba, en la que se indagaba sobre las relaciones de paramilitares con empresarios. Uno de los integrantes de ese Fondo fue Luis Gonzalo Gallo Restrepo. La investigación estuvo liderada por la fiscal Sonia Lucero Velásquez, delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, entonces adscrita a la Unidad de Análisis y Contexto del ente investigador. En medio de las pesquisas, Velásquez ordenó en febrero de 2014 la captura del empresario.
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De acuerdo con el expediente, el mismo día que la fiscal radicó las órdenes de captura contra Gallo Restrepo y otros empresarios, fue contactada por el entonces director de la Dijín, el general Jorge Enrique Rodríguez Peralta. Según los testimonios y demás pruebas que reposan en el proceso, Rodríguez Peralta la llamó por petición de Rodolfo Palomino para acordar una reunión. El encuentro se acordó con una condición: que fuera en la casa de la fiscal. Velásquez creyó que el encuentro podría ser para hablar de un tema de colaboración entre el ente investigador y la Policía dentro de las pesquisas contra los empresarios. A los 20 minutos de la llamada, llegaron a su casa los generales.
Antes de que entraran los uniformados, Velásquez sospechó que también podría tratarse de algo irregular, por lo que decidió grabar la reunión a escondidas desde el celular de su hija, ubicándolo en una mesa en el centro de la sala donde hablaron con Palomino. En la conversación, el entonces director de la Policía le sugirió a la fiscal que se suspendiera o evitara la captura que estaba en curso contra Gallo Restrepo. La razón, resaltaba el uniformado, es que el empresario “era una persona influyente vinculada a importantes empresas como Bavaria y a entidades financieras”, como se lee en el expediente. Algo que nunca se habló fue apoyo logístico u operativo para capturar al empresario.
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En la conversación que duró 47 minutos, el general Palomino dijo: “Yo quisiera convencerla a usted de una propuesta y yo espero que no sea calificada como una propuesta indecente, ¿qué tal si dejamos eso pendiente (la captura de Gallo)?, digamos, porque siendo como es, ese hombre de bien, estaba haciendo en Estados Unidos, a través de una fundación, una recepción de recursos de donantes precisamente de puros filántropos, gente que con dineros quieren ayudar a las causas más nobles”. Asimismo, el entonces director de la Policía expresó que el empresario era “amigo personal de (Andrés) Pastrana, amigo personal del presidente del Banco Mundial”.
Lo que Palomino le dijo a la fiscal Velásquez en esa reunión es que de hacer efectiva la orden de captura en contra de Gallo Restrepo, la medida “tendría una connotación enormemente grave, es más uno podría pensar que esta persona, si en algún momento pudo haber invertido en alguno de estos predios, lo haría no con el propósito de dejar desposeído a nadie… No sé cómo vea usted eso…”. Para la Corte, la grabación de ese encuentro dejó en evidencia que Rodolfo Palomino “se dirigió a la fiscal Sonia Lucero Velásquez con la expresa finalidad de intervenir en el curso de una actuación penal en la que se encontraba vinculado Luis Gonzalo Gallo Restrepo”.
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Las presiones de Palomino hicieron efecto. “Aunque tenía proyectado solicitar medida de aseguramiento, finalmente decidí dejarlo en libertad porque no quería que se interpretara que yo estaba actuando en contra de las presiones”, dijo a la Corte la fiscal Velásquez. Al evaluar la grabación como prueba reina, el alto tribunal determinó que el exdirector de la Policía “actuó con dolo directo al visitar a la fiscal Sonia Lucero Velásquez Patiño el 8 de febrero de 2014 y formularle una propuesta que, como ha quedado establecido en precedencia, su contenido denota conocimiento de la ilicitud y voluntad de incidir en el ejercicio de la función judicial”.
Para la Sala de Primera Instancia, la insistencia de Palomino de “tiene una clara intención, que la fiscal perciba al investigado como una figura honorable, cuya captura sería no solo innecesaria, sino perjudicial para el prestigio institucional del país”. Con todo el material revisado, el alto tribunal encontró que “la conducta fue idónea y eficaz en su propósito de influir en una decisión judicial, sin que sea posible pensarse en que la conducta atribuida al procesado, se configure en una tentativa desistida, una tentativa imposible o en un delito imposible, como lo adujo la defensa en sus alegatos de conclusión”.
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Según el fallo, las acciones del general Palomino, durante su tiempo como máxima autoridad de la Policía, constituyeron “una muestra paradigmática de cómo un servidor público de alto rango, actuando fuera de los canales institucionales y mediante razonamientos extrajurídicos, intervino con eficacia para alterar el curso natural de una investigación penal con fines personales o de terceros”. Todo esto, a los ojos de la Corte, “no solo puso en peligro el bien jurídico de la administración pública, sino que lo trasgredió injustificadamente, a través de la indebida influencia que ejerció sobre la fiscal, constituyéndose esto en una violación a la fidelidad y el respecto que debe existir entre los servidores públicos”.
Aunque la Sala dispuso que Palomino podrá continuar en libertad hasta que se emita la totalidad del fallo de condena, la Fiscalía pidió al alto tribunal que le den una pena de entre siete y 12 años de prisión al exdirector de la Policía. Sin embargo, el exuniformado podría no ir a la cárcel por haber comparecido durante todo el proceso, según se lee en el sentido del fallo. Aun así, el nombre de Palomino sigue enlodándose en medio de varias investigaciones que marcaron su caída desde lo más alto en la cúpula de la Policía, iniciando por el escándalo de prostitución masculina al interior de la institución —conocido como la comunidad del anillo—, que le costó el cargo en 2016.
A pesar de haber estado durante 38 años portando el uniforme, su vida en las filas terminó opacada por investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía sobre supuestos aumentos injustificados a su patrimonio, presiones indebidas a sus subordinados y otras personas (como la fiscal Velásquez) y el escándalo en el que se le señaló de conocer la red de prostitución al interior de la institución. El último, que le costó el puesto, fue denunciado por el capitán retirado Anyelo Palacios Montero, quien aseguró haber sido abusado por oficiales mientras era cadete. Ahora, a Palomino solo le queda esperar el monto de la condena y el lugar en donde deberá cumplirla.
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Por Jhordan C. Rodríguez
