El nombre del pastor Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Presidencia de la República y ahora designado como embajador de Colombia en Brasil, no deja de sonar por cuenta de sus presuntos enredos en el problema que enfrenta el Gobierno Nacional para la producción de pasaportes. Recientemente, se conoció que la Procuraduría, que ya le tenía la lupa puesta al alto funcionario, ordenaría su suspensión temporal, antes de que fuera enviado a Brasil.
Según el documento conocido por medios de comunicación, el Ministerio Público estaba a solo una firma de sancionar a Saade con la suspensión por tres meses de su cargo en la jefatura de Despacho. Sin embargo, su salida de ese despacho y su designación como embajador habría sido la “jugatida” para evitar la sanción. La Procuraduría ya había recopilado pruebas y testimonios sobre su intervención irregular en el caso de los pasaportes.
La información recogida por el Ministerio Público indicaría que Saade se extralimitó en sus funciones al intervenir en asuntos que eran propios de la gestión de la Cancillería para solucionar el problema del servicio de pasaportes y habría sostenido complejas discusiones con altos funcionarios, en las que los señaló de tener intereses directos con la firma Thomas Greg & Sons, que está en el centro de la discusión.
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Entre esas acciones irregulares estarían también presiones para retrasar la asignación de citas y cuestionamientos a negociaciones con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional. “Tomó decisiones fuera de su competencia, como convocar reuniones y emitir instrucciones sobre contratación relacionada con pasaportes” y “acusó a funcionarios de la Cancillería de tener intereses propios a favor de Thomas Greg, instándolos a cumplir con las órdenes del Presidente”, reseñó la Procuraduría.
Entre los testimonios que recogió el Ministerio Público y que sustentaban la decisión de suspender temporalmente a Saade, están las versiones del viceministro de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Mauricio Jaramillo; el secretario jurídico de la Cancillería, Camilo Andrés Escobar Gutiérrez; el asesor de Despacho, Juan Carlos Fernández Martínez; y Lucy Edrey Acevedo Meneses, secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Procuraduría detalló que el 27 de junio “se llevó a cabo una primera reunión con el presidente Gustavo Petro en su despacho, con la presencia del jefe de gabinete, Alfredo Saade Vergel, el viceministro de Hacienda, Leonardo Pazos, y el viceministro del Interior, Jaime Berdugo. En ella, el mandatario preguntó por el estado del proceso de expedición de pasaportes. Según indicó el testigo, se explicó que era indispensable una transición, para lo cual debía darse una nueva prórroga con Thomas Greg”.
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El Ministerio Público agregó que, “como el presidente debía ausentarse, la indicación fue que se realizara una reunión posterior con el resto del equipo”. Los funcionarios que dieron su testimonio coincidieron en que ese mismo 27 de junio hubo una segunda reunión en la Casa de Nariño, de la cual Saade estuvo al frente y a la que ellos asistieron. En ese encuentro, supuestamente Saade ordenó “quitarle este piano de encima al señor presidente”.
El viceministro Jaramillo le habría explicado en esa reunión a Saade que, para seguir adelante con el plan del gobierno sobre el servicio de pasaportes, sin poner en peligro su funcionamiento ni la información, sería necesario echar mano de un proceso de transición. Para hacerlo, el más indicado sería la firma Thomas Greg & Sons, que durante años estuvo al frente del servicio y la cual el gobierno quiere dejar ahora por fuera de la ecuación.
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“Hasta esa fecha (1 de septiembre, cuando la Imprenta Nacional debería ponerse al frente de la producción de pasaportes) no había garantías de que la Imprenta Nacional pudiera producir el número de pasaportes promedio según la demanda. Y que el gobierno portugués había sido claro en que la transición duraría entre 6 y 9 meses”, señaló la Procuraduría sobre la intervención del viceministro Jaramillo.
A renglón seguido, el funcionario habría sugerido la transición con Thomas Greg & Sons, a lo que Saade le habría respondido con duros señalamientos sobre su presunto interés personal para con esa firma. “Hubo tensas e irrespetuosas discusiones por el tema del decreto, especialmente cuando Saade acusó a la Cancillería de tener intereses a favor de Thomas Greg”, le dijo a la Procuraduría Camilo Andrés Escobar Gutiérrez, secretario jurídico de la Cancillería.
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“Recuerdo muy bien que dijo: ‘Aquí va a haber consecuencias, porque aquí hay abogados de Thomas Greg’. Yo le respondí: ‘Eso no es cierto, director. Eso no es cierto’. El viceministro Jaramillo estaba sentado a mi derecha y lo llamó al respeto. Me sentí agredido, porque estábamos el viceministro Jaramillo, la doctora Lucy Acevedo y yo, y él hacía referencia a supuestos intereses de la Cancillería”, agregó el funcionario.
Pese al movimiento de sacar a Saade de la jefatura de Despacho tras un fugaz paso por ese cargo y llevarlo a representar los asuntos diplomáticos de Colombia en Brasil, aún no es claro qué sucederá con la sanción que tendría proyectada la Procuraduría. Y aún menos claro es el panorama de la continuidad del servicio de pasaportes, mientras no se tomen decisiones en el alto gobierno para garantizar su funcionamiento.
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