La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó una solicitud de recusación presentada por el general (r) Mario Montoya Uribe, compareciente ante esa instancia, contra la magistrada Catalina Díaz Gómez. La togada es una de las instructoras del caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
La petición para apartar a la togada fue presentada por el general (r) el 9 de abril de 2026, en el marco de la citación al excomandante del Ejército a entregar versión voluntaria el próximo 1 y 2 de junio, dentro de la fase nacional del caso 03. Montoya argumentó que la magistrada ya tenía una posición previa sobre su responsabilidad por haber sido correlatora del macrocaso y eso, según él, “transgrede el principio del juez imparcial”.
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Según se lee en la recusación presentada por el excomandante del Ejército durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, “no sería dable que participara la señora magistrada Catalina Díaz, toda vez que ya ha conocido y ha adoptado decisiones de fondo al interior del caso 03, al proferir específicamente el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) en el subcaso Antioquia y en consecuencia determinarme como máximo responsable, sin que se viese afectada su imparcialidad e independencia”.
Asimismo, el general (r) Montoya Uribe señaló que la magistrada Díaz Gómez ya había participado en audiencias de observaciones de víctimas y de reconocimiento de responsabilidad, entre otras diligencias en las que él ha sido incriminado por otros comparecientes. En las diligencias del caso 03, especialmente en Antioquia, su nombre ha aparecido en varias oportunidades en las que exmilitares lo señalan de pedir “chorros de sangre” cuando trabajó en ese departamento.
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La petición del exmilitar llegó a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, que el pasado 15 de mayo emitió un auto de 17 páginas con el que le cerró la puerta a la petición de Montoya. En la decisión, esa instancia aclaró que, aunque el caso 03 se divide en diferentes fases, se trata de un solo proceso integral. “La división metodológica adoptada para la instrucción del Caso 03 (...) no implica una ruptura procesal del caso, sino una organización estratégica de su investigación”, señaló la jurisdicción.
La justicia transicional también indicó que la participación de un magistrado en distintas etapas de un mismo proceso no constituye una causal de inhabilidad. “Ello entrañaría el absurdo de que la facultad que la ley otorga al juez para cumplir su actividad judicial a la vez lo inhabilita para intervenir en otros asuntos de su competencia, procedimiento que ni la ley autoriza ni la lógica justifica”, se lee en la decisión conocida por El Espectador.
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En ese sentido, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concluyó que la intervención de la magistrada Díaz Gómez en las audiencias del exmilitar dentro de la fase nacional del caso 03 no compromete su imparcialidad ni permite afirmar que exista un prejuzgamiento. “Sus actuaciones se han desarrollado en cumplimiento de las competencias legales propias de su cargo. Por tanto, se rechaza la recusación presentada por el compareciente general (r) Mario Montoya Uribe”, señala el documento.
¿Quién es el general (r) Mario Montoya Uribe?
El general (r) Mario Montoya Uribe es un exmilitar bien conocido en el país por haber sido comandante del Ejército durante la recta final del segundo período presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Actualmente es investigado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), también conocida como la fiscalía de la JEP, por su presunta responsabilidad en al menos 118 ejecuciones extrajudiciales. Según las indagaciones en su contra, esos casos de falsos positivos habrían ocurrido cuando fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia, entre 2002 y 2003.
El caso de Montoya Uribe es uno de los más sonados de la justicia transicional. Durante cuatro décadas hizo parte del Ejército, dirigió diez unidades militares y llegó a la comandancia general de esa institución en 2006. En 2018, el general (r) se acogió a la JEP y su expediente fue incluido en el caso 03. Pese a las evidencias en su contra, el exalto oficial ha negado su responsabilidad en los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate. Por eso, en 2024 la JEP envió su caso a la UIA, que desde entonces analiza si llevarlo a juicio adversarial o no.
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