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22 Nov 2021 - 9:10 p. m.

Las razones del Consejo de Estado para tumbar tutela de comerciantes de Los Héroes

En primera instancia, los dueños del Centro Comercial Los Héroes, en Bogotá, lograron proteger sus derechos tras denunciar a la Alcaldía y Policía por sus acciones ante los “actos de vandalismo” del pasado paro nacional. Ahora, la Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la decisión.
20 de julio - Monumento de los Heroe
20 de julio - Monumento de los Heroe
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Para la Sección Tercera del Consejo de Estado, las autoridades han hecho su trabajo durante las pasadas protestas por el paro nacional, en relación con el punto específico del, ahora, derrumbado Monumento a Los Héroes (Bogotá). El despacho judicial tumbó, en segunda instancia, una tutela promovida por los dueños del Edificio Centro Comercial los Héroes, quienes pidieron proteger sus derechos fundamentales ante los “actos de vandalismo” en la pasada jornada de manifestaciones.

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A mitad de año, el demolido Monumento a los Héroes fue uno de los epicentros del paro nacional en Bogotá. Cientos de personas se citaban en ese sector del oriente de la ciudad, el cual resultó intervenido con pintura y graffitis alusivos a las peticiones de los marchantes. El monumento ya no está en pie, pues dará paso al Metro de Bogotá, no obstante, comerciantes del sector tenían pendiente la resolución de una tutela relacionada con las marchas.

Se trata de Pablo Llinás Villa, Nohra Elena Tabares y Pedro Orlando Rico Galindo, propietarios y representantes legales de varios establecimientos de comercio. En mayo, en los albores del paro, interpusieron una tutela contra la Presidencia, la Policía Nacional y la Alcaldía de Bogotá, para evitar hechos que podrían resultar en un “perjuicio irremediable”. Pidieron se garantice sus derechos a la vida, integridad física, seguridad personal, mínimo vital y dignidad humana, tras no ser protegidos ante las manifestaciones.

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“Ordenar al presidente de la República, Iván Duque Márquez, que a partir de la fecha, ordene tanto a la fuerza pública como a las autoridades administrativas del Distrito Capital, la adopción de medidas de prevención y protección sobre los establecimientos comerciales y empresariales del Centro Comercial los Héroes y sus alrededores, particularmente en las zonas donde se han presentado concentraciones y marchas”, solicitaron.

Relacionaron que el centro comercial permanecía cerrado, lo que implicaba la pérdida casi total en ventas, según denunciaron. En primera instancia le dieron la razón a los peticionarios, quienes lograron que las autoridades introdujeran en sus protocolos de movilizaciones “acciones claras y concretas con el propósito de garantizar los derechos de quienes no participan en las manifestaciones públicas”. Se debía precisar, además, que la Fuerza Pública “si se ve en la situación de intervenir con el uso de la fuerza, debe hacerlo atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad”.

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En la respuesta de las autoridades, la Presidencia y la Alcaldía de Bogotá explicaron que la Secretarían Distrital realizó durante los meses de agitación un protocolo de acompañamientos, interlocución y mediación de las marchas. Además, que los actos vandálicos productos de las protestas son “hechos inciertos”, que no se puede prever más allá de “intentar prevenirlos con diálogo y acompañamiento”.

En sus consideraciones, para empezar, la Sección Tercera del Consejo señaló que los demandantes no aportaron pruebas sobre haber exigido sus derechos por derecho de petición. Ese sería, se lee en el fallo, parte de los dispositivos legales idóneos que tienen los comerciantes para hacer valer sus derechos. La tutela, en cambio, resulta un recurso extraordinario. Asimismo, la Sección Tercera dio plena credibilidad a los informes de la Presidencia, la Policía y la Alcaldía sobre sus acciones durante los días de marchas.

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“Por otro lado, lo decidido por el juez de primera instancia a partir del hecho de estimar que las medidas de protección adoptadas como autoridades de policía no han sido suficientes para garantizar los derechos fundamentales invocados también contrasta, en cierto modo, con la limitación competencial del juez de tutela para sustituir a las autoridades de policía en su gestión administrativa de formular y aplicar distintas medidas de conservación, mantenimiento y restablecimiento del orden público y de la convivencia pacífica”, concluyó la Sección.

Por último, en el expediente de tutela se precisa que los comerciantes podían iniciar acciones en el ámbito administrativo, con el objetivo de declarar nulas resoluciones de las autoridades en el marco del paro nacional. Eso no sucedió. Por otro lado, los demandantes no lograron acreditar que la oleada de manifestantes hubiera vulnerado su mínimo vital. En todo caso, el paro nacional se fue disolviendo hasta acabar a inicios de septiembre. El Monumento a Los Héroes, por su parte, quedará solo en el recuerdo y en los registros, pues ahora ese lugar dará paso al proyecto urbanístico más importante de la ciudad.

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