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El pasado mes de julio el coronel (r) Publio Hernán Mejía fue llamado a juicio por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La decisión es parte del avance de la Jurisdicción en el macrocaso 03, relacionado con falsos positivos, específicamente perpetrados por y con la ayuda del Batallón La Popa del Ejército, con sede en Valledupar (Cesar), los cuales no aceptó.
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En concreto la JEP acusó a Mejía, quien ya ha sido condenado en la justicia ordinaria, por patrullar con paramilitares para cometer falsos positivos. Esa jurisdicción explicó que el militar de alto rango sería responsable de la muerte de 72 personas. Todos habrían sido presentados como guerrilleros o personas que les prestaban apoyo. Además, coordinó la entrega de víctimas, vivas y muertas, que luego eran referenciadas como criminales en documentos falsos.
Sobre esta acusación, la defensa del coronel en retiro presentó un recurso de nulidad con el que busca tumbarla. Entre los argumentos expuestos están una supuesta violación al debido proceso, porque a la fecha esa jurisdicción aún desconoce la diferencia entre especulaciones, inferencias y pruebas. “La Fiscalía Quinta de la UIA, estructuró la hipótesis sin especificar los hechos jurídicamente relevantes. En lugar de ello se limitó a enunciar en el mejor de los casos los datos o hechos indicadores y con ello elaboró una acusación inadecuada”, dice el documento.
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En este sentido, la defensa del coronel dice que se esperaba que este escrito de acusación explicara en lenguaje claro, qué fue lo sucedido, dónde y cuándo ocurrió, pero pasó todo lo contrario. “El escrito de acusación no detalló de manera clara y precisa, sin lugar a equívocos o confusiones, cuáles específicamente son los hechos, junto con su determinación típica completa”.
La defensa del coronel argumenta además que frente a los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, que le fueron imputados al coronel Mejía, además de falta de pruebas, existe una clara confusión de la JEP para estructurar los delitos. “Ello por cuanto, considera que con el solo hecho de que Mejía Gutiérrez fuera el Comandante del Batallón y cumpliera sus funciones legitimas, resultaba suficiente para estructurar un ilegal Aparato Organizado de Poder dejando de lado que se trata de conductas independientes que requieren de elementos diversos para su configuración”, dice el documento.
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Por último, la defensa pide revisar algunas declaraciones rendidas para tomar una decisión. Entre ellas, las entregadas por el expresidente Álvaro Uribe el 2 de marzo de 2009 y pide tener en cuanta como testigos al expresidente Andrés Pastrana y al general (r) Fredy Padilla de León.
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