Fiscalía de la JEP llama a juicio al coronel (R) Mejía por falsos positivos

Alegato del coronel en retiro Publio Hernán Mejía ante la Juez Cuarta especializada de Bogotá. Foto: Andrea Moreno/ El Tiempo

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El Espectador pudo confirmar con fuentes cercanas al expediente judicial del coronel (r) Publio Hernán Mejía en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que la Unidad de Investigación (UIA) de la entidad lo llamará a juicio durante este 31 de julio. La decisión es parte del avance de la Jurisdicción en el macrocaso 03, relacionado con falsos positivos, específicamente perpetrados por y con la ayuda del Batallón La Popa del Ejército, con sede en Valledupar.

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Asimismo, la UIA compulsó copias para que la Procuraduría, la Fiscalía y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial investigue si funcionarios de la Justicia Penal Militar, procuradores y fiscales, que tuvieron bajo su responsabilidad averiguar por los homicidios cometidos por militares en la época en que el coronel (r) fungió como comandante del batallón de la capital del Cesar. La JEP dice que estos funcionarios pudieron haber omitido sus actuaciones respecto a las denuncias de las víctimas que se presentaban en sus despachos.

Cuando la JEP imputó a Mejía, quien ya ha sido condenado en la justicia ordinaria por patrullar con paramilitares para cometer falsos positivos, explicó que el militar de alto rango sería responsable de la muerte de 72 personas. Todos habrían sido presentados como guerrilleros o personas que les prestaban apoyo. Con el Bloque Norte de las Auc, como lo explica la imputación, coordinó la entrega de víctimas, vivas y muertas, que luego eran referenciadas como criminales en documentos falsos.

Bajo su comandancia se pusieron en funcionamiento los grupos especiales Zarpazo y Trueno, los cuales operaban bajo las órdenes directas de Mejía y cuya labor casi que exclusiva sería la de presentar ejecuciones extrajudiciales a partir de 2002. Sirvieron de referentes para otros pelotones, dados los números de “positivos”, que en realidad no serían tal cosa. En su defensa, Mejía asegura que la Fiscalía “desapareció” del batallón la documentación operacional “secreta original” y además montó una “horrible mentira” pagándole a criminales para declarar contra él.

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De ahí en adelante, según la UIA, “los militares corruptos contaron con la aparente complacencia de algunos funcionarios de la Justicia Penal Militar y de la justicia ordinaria para avalar los procedimientos de los uniformados y no investigar a fondo los homicidios”. De esta manera, algunos fiscales y procuradores, en cuestión de días, optaban por enviar esas investigaciones por homicidios de personas indefensas a la Justicia Penal Militar y allí fueron archivadas definitivamente.

Así, como Mejía, quien no aceptó la teoría del caso en su contra, fueron imputados otros 14 militares de alto, mediano y bajo rango pertenecientes al Batallón La Popa. Todos han sido señalados como miembros de una “organización criminal”, la cual, en búsqueda de resultados, disfrutó de premios a cambio de bajas ilegítimas. En particular, se le reprocha al batallón agredir a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, y la alianza con el Bloque Norte de las AUC, a cargo de Rodrigo Tovar Pupo -Jorge 40-.

Lo último que se sabía del coronel (r) Mejía fue la pérdida de su libertad condicionada, la cual había conseguido en 2017 tras someterse a la JEP. La entidad de justicia transicional encontró que, en su cuenta de YouTube, Mejía hizo constante apología a la violencia, durante el paro nacional y la campaña presidencial pasada. Pidió a sus espectadores defender a Colombia “al precio que sea”, lo que fue tomado como un llamado a la confrontación.

La JEP reconoció que los mensajes públicos de Mejía nada tienen que ver con un militar condenado que buscaría garantizar la no repetición de la guerra. Por tanto, y con el fin de proteger los derechos de las víctimas, la JEP ordenó la captura de Mejía y le pidió a la dirección de centros de reclusión militar del Ejército (DICER) que escoja el lugar donde permanecerá preso. Allá seguirá pagando la condena a 19 años de cárcel con la que un juzgado de Bogotá lo castigó en 2013, por patrullar en conjunto con paramilitares del Bloque Norte de las AUC a principios de los 2000.

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