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El pleito judicial por la fallida licitación de pasaportes entre el Estado colombiano y la empresa Thomas Greg &Sons tendría un nuevo e incómodo capítulo. Este jueves, el vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, manifestó que si el caso lo gana la empresa y no el Estado, la Contraloría tendría que abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra la Cancillería por afectar el patrimonio del país.
En contexto: Licitación de pasaportes: Thomas Greg & Sons oficialmente demandó al Estado
Según manifestó públicamente Zuluaga, aunque por ahora solo son supuestos, por no haber conciliado el pasado martes en la Procuraduría y dejar expuesta la Nación a una demanda por $117 mil millones, se daría esta posibilidad. “Lo que hay ahorita es una demanda que entra en lo contencioso administrativo en cabeza de un juez de la República para determinar si efectivamente el Estado o la empresa tiene alguna razón”, manifestó.
#Atención El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, anunció que en caso de que Thomas Greg & Sons gane alguna demanda al Estado colombiano, se tomarán medidas contra los involucrados y responsables en causar daño al patrimonio: “Una decisión de un juez obliga… pic.twitter.com/EvV6RwC2pL
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 21, 2023
Sin embargo, fue enfático al decir que “en el caso de que el Estado tenga la razón, efectivamente, pues no hay ningún contratiempo, pero en el caso contrario, lo que sí queremos aclarar es que una decisión de un juez obliga inmediatamente a la Contraloría a adelantar un proceso de responsabilidad fiscal en el que, de manera inmediata, se deben iniciar para todos los otros casos, medidas cautelares para los involucrados o los responsables de haberle causado un daño al patrimonio público de los colombianos”.
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El pasado miércoles, Thomas Greg & Sons avanzó con la demanda por 117 mil millones de pesos en contra del Estado colombiano por haber declarado desierta la licitación para la elaboración de pasaportes en el país el pasado septiembre. “Ya se declaró fallido [el proceso de conciliación]. Entonces vamos a la instancia judicial y ahí se va a confrontar la legalidad de esa declaratoria desierta. Esto no se ha resuelto. El que va a decidir esto es el juez”, dijo a los medios el nuevo abogado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ernesto Matallana.
Según el comunicado de prensa de la defensa, en la audiencia del pasado 15 de diciembre, la Cancillería se presentó con ánimo conciliatorio y que el Comité de Conciliación había decidido revocar los actos administrativos que declararon desierto el proceso licitatorio y adjudicarle el contrato a Thomas Greg & Sons, empresa que se ha hecho con el millonario contrato por más de 16 años. Sin embargo, dice el texto que este lunes 18 de diciembre, el Comité ratificó la decisión de conciliar, pero “manifiesta no tener competencia para decidir sobre la revocatoria, adjudicación y aceptación de los servicios adicionales; objeto esencial y único de la conciliación”.
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