La Fiscalía General entregó nuevos detalles de las operaciones e investigaciones que se adelantan en contra de la empresa de ropa interior, deportiva y de cosméticos Lili Pink, señalada de, presuntamente, contrabandear mercancía y lavar dinero a través de empresas fachadas. Según el ente investigador, se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.
Según la Fiscalía, la presunta manera de operar de Lili Pink consistía en maniobras “orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones, simular relaciones comerciales y dificultar la trazabilidad del dinero, facilitando su incorporación al sistema económico formal”.
Lo que encontró el ente investigador es que, al parecer, hubo “lavado de activos en cuantía de COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de COP 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los COP 75.000 millones”.
En medio de las investigaciones, un juez de control de garantías de Bogotá emitió varias órdenes de captura con fines de imputación y medida de aseguramiento en contra de presuntos integrantes de la red. Esas capturas, dice la Fiscalía, están en proceso de materialización y judicialización. Asimismo, fueron incautados varios bienes que habrían sido utilizados para cometer los presuntos delitos.
Según el ente investigador, fueron afectados “405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo”. Esas diligencias se adelantaron entre la Fiscalía y el Ejército en “59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia”.
De acuerdo con Juan Felipe Cárdenas Restrepo, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio, “las propiedades y demás activos afectados continuarán cumpliendo y desarrollando su objeto social mientras avanza el trámite de extinción del derecho dominio ante los jueces de la especialidad”.
El pasado lunes 27 de abril, cuando se adelantaron las primera operaciones, Lili Pink, a través de un comunicado, reconoció la investigación en curso y señaló que ya trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”. Además hizo un llamado a la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para “proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”.
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