Tras los operativos y allanamientos por parte de la Fiscalía General de la Nación a las tiendas de Lili Pink en el país, la empresa se pronunció a través de un nuevo comunicado en el que negaron los hechos que ha señalado el ente investigador. En ese contexto, Lili Pink aseguró que sobre el presunto contrabando y lavado de activos, “no existe una declaratoria judicial que lo confirme”.
Frente a este proceso judicial, la empresa también aclaró que están ejerciendo el legítimo derecho a la defensa y que, hasta el momento, los hallazgos de la Fiscalía no son concluyentes, sino que “corresponden a una controversia jurídica en curso”.
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En ese sentido, Lili Pink resaltó que todas las mercancías cuentan con declaraciones de importación y pagos debidamente soportados.
Y agregó: “Lili Pink advierte, además, inconsistencias entre las cifras difundidas públicamente y los valores reales de las actuaciones administrativas, lo cual deberá ser esclarecido en sede judicial”.
El abogado Iván Cancino asumió la defensa de la empresa y aseguró que están vinculados a procesos en etapa de investigación en material penal y de extinción de dominio, pero que están a la espera de una fecha de decisión judicial en firme que establezca alguna responsabilidad.
Los primeros hallazgos de la Fiscalía
El ente investigador entregó detalles sobre el proceso judicial en contra de esa empresa. Según la Fiscalía, se “habría estructurado un entramado compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel, mediante el cual ingresaba al país mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, que luego eran distribuidos en el mercado nacional para dar apariencia de legalidad a la operación”.
Lo que encontró el ente investigador es que, al parecer, hubo “lavado de activos en cuantía de COP 730.000 millones, enriquecimiento ilícito por más de COP 430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía ejecutados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN), avaluadas en más de COP 54.000 millones, y un posible contrabando que superaría en valor los COP 75.000 millones”.
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Según el ente investigador, fueron afectados “405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, los cuales serán objeto de avalúo”. Esas diligencias se adelantaron entre la Fiscalía y el Ejército en “59 ciudades y municipios de 25 departamentos, donde la cadena de almacenes tiene presencia”.
El pasado lunes 27 de abril, cuando se adelantaron las primera operaciones, Lili Pink, a través de un comunicado, reconoció la investigación en curso y señaló que ya trabaja “de manera coordinada con los asesores legales y las entidades correspondientes, asegurando el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal”. Además hizo un llamado a la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para “proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos”.
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