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Mientras el gobierno de Gustavo Petro anuncia su proyecto de paz total para alcanzar que los grupos armados que hacen presencia en el país entreguen las armas, los asesinatos contra excombatientes de las extintas Farc no se detienen. Es por esto que, en el marco de un proceso de medidas cautelares, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le hizo un llamado urgente al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para que tome medidas prácticas para cuidar la vida de los firmantes del acuerdo.
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En un auto de seguimiento a las medidas que ordenó para frenar los asesinados de firmantes de la paz, la Sección de Ausencia de Reconocimiento JEP citó cifras de la ONG Indepaz: “al 6 de octubre de 2022 han sido víctimas de homicidio, 34 firmantes del Acuerdo Final y han ocurrido 82 masacres con 261 víctimas; y en lo corrido del nuevo gobierno (7 de agosto - 6 de octubre) han ocurrido 21 mascares con 78 asesinatos, a pesar de la voluntad de más de 22 grupos armados de sumarse a la paz total”. Además, la JEP afirmó que la violencia no ha parado a pesar del cambio de política social y de seguridad del nuevo gobierno.
“Estas cifras alarmantes llevan a reclamar con carácter urgente y prioritario que el nuevo Gobierno concentre sus esfuerzos en asegurar que la política pública y plan de acción sean aprobadas, así como la coordinación, articulación y optimización de recursos, estrategias y acciones de las entidades comprometidas con dicho propósito, las cuales constituyen un marco de referencia para el desarrollo de la política de “paz total” uno de cuyos pivotes más densos es el sometimiento de la criminalidad organizada y los acuerdos con la insurgencia armada, de manera que el fin de las estructuras criminales y sus máximos responsables, brinde garantías para la no repetición”, asegura el documento judicial.
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Por estos hechos, la JEP prorrogó por 60 días hábiles la orden que le había dado al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para entregar un plan de acción claro y una política de desmantelamiento de los grupos armados criminales que hacen presencia en el país. Esto, basado en que la jurisdicción no encuentra una estrategia práctica para la aplicación de la paz total.
“El nuevo marco de la política pública de ‘paz total’ exige desarrollar nuevas estrategias holísticas para la comprensión global del fenómeno y su consiguiente erradicación territorial, frenar la impunidad, lograr justicia y garantizar la no repetición e impedir la emergencia de otras formas armadas de violencia que continúen afectando la población civil y, por consiguiente, desarrollar la cultura de prevención y no estigmatización, y trabajar porque se cumplan las garantías de no repetición”, añadió la decisión de la JEP.
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Además, le solicitó al comisionado Danilo Rueda, que realice reuniones mensuales para delimitar las medidas que se deben tomar para la protección de la vida de los exFarc. También le pidió que convoque a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada con el Acuerdo de Paz, para que cumpla con la formulación del plan de acción para combatir y desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.
El plan deberá incluir, según la JEP, “estrategias investigativas a implementar a corto, mediano y largo plazo, metodología, recursos financieros asignados”. También deberá incorporar “los Lineamientos de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento sectorial aprobados por la CNGS, con inclusión de los diagnósticos, observaciones y recomendaciones sustanciales presentados y ,discutidos” aseguró la decisión del Tribunal para la Paz.
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