La Fiscalía, ante el Centro de Servicios del Complejo Judicial de Paloquemao, radicó el escrito de acusación contra de Luz Mary Guerrero, accionista de Efecty, por el nombrado caso de los Panamá Papers. Igualmente, en ente investigador llamó a juicio a Sara Guavita, exrepresentante legal de Servientrega; Jorge Sánchez Amado, exrevisor fiscal de Efecty; Juan Esteban Arellano, exrepresentante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia; Ever Jaime Torres, exrepresentante legal de Efecty; y la contadora Marta Inés Moreno.
El organismo investigativo le puso la lupa a la participación de varias empresas colombianas que enviaban sus patrimonios a empresas de papel radicadas en el vecino país para que, a través de su sistema financiero, ocultaran sus patrimonios. Fue así como dio con el nombre de Luz Mary Guerrero, quien tendrá ahora que defenderse en el juicio por los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa agravada, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.
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Según el ente investigador, la firma Mossack Fonseca ofreció dentro de su portafolio de servicios, entre los años 2010 y 2016, “un entramado financiero y societario que tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”, dijo el fiscal delegado durante las audiencias por este proceso. El propósito, de acuerdo con la investigación, era sacar millonarios recursos de Colombia para cuentas offshore y, así, poder ocultar el patrimonio.
Las investigaciones dicen que Guerrero fue quien más dinero movió ilegalmente. Se calcula que habría sido US$4,5 millones (unos $13.000 millones) que fueron a parar a sus cuentas personales en Panamá y Estados Unidos. Algunos de los movimientos financieros de la empresaria quedaron consignados en comprometedoras facturas que hacen parte del voluminoso expediente de la Fiscalía. Los documentos dan cuenta del pago de servicios por parte de Efecty a las firmas Mossack Fonseca de Panamá, Serena Services, y Servicios de Información y Tecnología de Costa Rica.
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Los legajos reflejan que las transacciones se realizaron durante el año 2014 y corresponden a facturas de pagos por servicios jurídicos, asesorías comerciales, servicios publicitarios y pagos por el registro de marcas, e incluso figuran gastos de representación por una demanda en Perú, entre otros rubros. Dichas operaciones, según la Fiscalía, fueron tasadas en más de $680 millones. Uno de los documentos corresponde a una refacturación por US$360.000 y se habría firmado entre Circulante S.A. y una compañía de Costa Rica, con el objeto de hacer una evaluación de la política de pagos.
Por Redacción Judicial
