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24 Jul 2020 - 1:09 a. m.

Lo que hay detrás de la primera muerte por COVID-19 en la cárcel el Buen Pastor

Se trata de una reclusa de 63 años que tuvo síntomas del virus y no habría sido atendida en el centro de reclusión. De acuerdo con organizaciones sociales, el hecho no es un caso aislado y estaría revelando la situación que se vive al interior del penal.
Según cifras del Inpec, 2.162 mujeres están privadas de la libertad en el Buen Pastor. / Archivo El Espectador.
Según cifras del Inpec, 2.162 mujeres están privadas de la libertad en el Buen Pastor. / Archivo El Espectador.

Está mañana la cárcel del Buen Pastor reportó la primera muerte por COVID-19. Se trata de una mujer de 63 años que desde el 3 de julio empezó a tener síntomas de la enfermedad sin que fuera atendida de manera oportuna. De acuerdo con una de las organizaciones que apoyaron la denuncia, la situación al interior de este centro carcelario es dramática. Falta de protocolos de seguridad, fallas en la atención y casos sin reportar hacen parte de lo que sucede de puertas para adentro.

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Según la denuncia hecha por varias organizaciones y por la hija de la interna, el 3 de julio la mujer empezó a tener decaimiento, dolor de cabeza y garganta. Síntomas que, además, eran muy intensos, todos indicadores asociados al virus. Por solicitud de los denunciantes, llamaremos a la interna Clara y a su hija Verónica.

Verónica le dijo a este diario que ese día, “la doctora Katherine Blanco Nosa le da unas pastillas llamadas Nistatina y a los dos días siguientes ella me llama porqué ha comenzado con una diarrea terrible y que empieza a sentirse muy mal”. De acuerdo con el doctor Alex Rico, médico general de la Universidad Nacional, “la Nistatina es un medicamento antimicotico que especialmente utilizamos para tratar infecciones por hongos. No es un medicamento indicado para el tratamiento de COVID-19. Si bien podría ayudar a disminuir el malestar, no tendría un impacto esencial para tratar síntomas como los que presentó Clara”.

Para Verónica, con la muerte de su madre, las irregularidades que se presentan al interior del Buen Pastor han salido a flote. “Ella nunca nos cóntó la realidad de lo que ella empieza a sentir. Hoy descubrí que ella le hizo prometer a sus amigas que no nos contaran sobre la cantidad de veces que estuvo en sanidad por su estado de salud”, relató Verónica. Fue solo hasta el 10 de julio que en sanidad es atendida tras estar “totalmente deshidratada, la doctora decide hidratarla con suero y la manda a su celda luego de una hora. Nunca le tomaron saturación y le dijeron que sus pulmones estaban perfectos”.

Según Claudia Cardona, vocera de la organización Mujeres Libres “las mismas compañeras de patio fueron las que la atendieron, comenzaron a exigirle un poco a la guardia que la atendieran y se contactaron con la hija”. La situación de Clara era critica, había perdido la movilidad y son sus amigas de patio quienes le ponen pañitos de agua para controlar la fiebre y los escalofríos.

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Verónica recuerda haber llegado el 11 de julio muy temprano en la mañana a la cárcel en busca de Clara. Allí, alterada y llorando pide a las directivas del penal que le den razón del estado de salud de su madre, a lo que la dragoneante le responde: “No chille que su mamá no se está muriendo. No tengo reporte de que nadie esté enfermo”. Palabras de las que, según el relato de Verónica, tuvo que retractarse a eso de las 9:00 de la mañana cuando le confirmó a la familia que, al parecer, había una interna que necesitaba atención médica.

La ambulancia que llegó a la cárcel para trasladar a Clara a la Clínica Colombia llegó a las 10:43 de la mañana, justo después de que Clara presentara un paro respiratorio. “La ambulancia salió con sus sirenas a todo volumen. En la ambulancia la recibieron saturando solo el 10%, cuando la saturación normal de una persona es entre 90 o 95 porciento”, indicó Verónica. En la clínica, el dictamen médico fue claro y desalentador: pulmonía severa.

Para Verónica, en los cinco años y cuatro meses que Clara estuvo recluida en la cárcel del Buen Pastor, el Inpec nunca reaccionó para salvarle la vida a su madre. “Mi mamá entró a esa cárcel con unas prescripciones médicas como una arritmia cardiaca, dictamen médico que reposa en los antecedentes de 2018 cuando entutelamos al Inpec por el derecho a la salud y vida de mi madre. A pesar de haber ganado la tutela, ni el Inpec ni la Fiduprevisora le practicaron los exámenes médicos que ordenaba la tutela y uno como familia a veces se cansa y no insistimos con eso”.

Pero esta vez la salud de Clara no dio espera. Verónica afirma que en la Clínica Colombia “el doctor nos dijo en tres ocasiones: ‘su mamá puede morir en cualquier momento, sus pulmones están muy comprometidos y aparte es 99% seguro de que es COVID-19′”. 12 días permaneció Clara conectada a un respirador mecánico, pero “con el tiempo su corazón y sus riñones empezaron a fallar”, dice Verónica. Hace diez días, el general Norberto Mojica, director del Inpec, aseguró que en este penal no había casos de COVID-19. Pero en sus manos, Verónica tenía el resultado de la prueba que confirmaba que su madre contrajo la enfermedad.

La cárcel de mujeres más conocida del país pasa casi desapercibida debido a los altos conjuntos residenciales y otros edificios que se alzan a su alrededor. En la pandemia, poco se ha hablado de la situación que enfrentan las reclusas a pesar de las denuncias de varias organizaciones que piden a gritos soluciones para prevenir el peor escenario. Según cifras del Inpec, 2.162 mujeres están privadas de la libertad en el Buen Pastor. Allí, el hacinamiento se acerca al 70% ya que la capacidad de la cárcel es de 1.275 personas.

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Para la Universidad de los Andes, la situación es solo un reflejo de lo que pasa con las mujeres reclusas en Colombia. De acuerdo con cifras de esta institución, en las cárceles femeninas del país el hacinamiento es del 86%, mientras que, en el resto de los penales, la tasa es de 53,7%. El panorama parece no ser diferente en la pandemia.

Para Esmeralda Echeverry, directora general de la Fundación Cárceles al Desnudo, este no es el primer caso de COVID-19 que se presenta en el Buen Pastor. “Desde hace un buen tiempo hemos hecho un llamado al director del Inpec y al Gobierno para que hagan pruebas en el penal. Las directivas se han encargado de desmentir la presencia del virus al interior de la cárcel cuando hay muchas internas con síntomas asociados a COVID-19 sin atención médica”.

La organización Mujeres Libres, confirma está situación. Según Cardona, “En junio ya había casos de contagio entre la guardia y el Inpec no lo había reportado. Después nos enteramos de que comenzaron a aislar a las mujeres que trabajaban en la parte externa. Eran más de 300 mujeres y no las dejaron en un patio, sino como en un pasillo. Entre ellas salió un caso positivo de una mujer que iba a ser trasladada a prisión domiciliaria, al parecer la contagió el guardia que la estaba trasladando”.

Las versiones indican que en el patio número cuatro se sospechaba de algunos casos de COVID-19. Según Verónica, una de las internas recluida en patio sospechoso de COVID-19, llegó a compartir celda con Clara: “Mi mamá estaba en una celda sola. 15 días antes de que presentara los síntomas, le habían traído una interna del patio cuatro. El Inpec ha dicho que aislaron a las internas de este patio lo cual es falso porque mi mamá compartió su celda con alguien del patio cuatro. O sea, el aislamiento fue trasladar a las internas a otros patios”.

Según Cardona, las internas en este patio las movieron del pasillo de este patio al patio quinto sin que la interna que había dado positivo por coronavirus confirmara su recuperación. “A ella todavía no le habían hecho una segunda prueba”, señaló la vocera.

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Para estas organizaciones y para Verónica, la negligencia le cobró la vida a Clara y temen que, tras prender las alarmas, la situación no sea diferente. “Nosotros hemos sido reiterativos en denunciar a la Unidad de Servicios Penitenciarios (USPEC) para que realice el giro de los recursos destinados para la población reclusa, ya que es obligatorio entregar elementos de seguridad que les permita a toda la población carcelaria combatir el avance del COVID-19. Sin embargo, son los mismos familiares que cubren esta obligación sin que los recursos se vean”.

Para Verónica, “si el Inpec hubiera hecho los protocolos de seguridad desde un principio, siendo uno de los penales sin el virus, no se hubieran contagiado. Quienes llevaron el virus fueron sus propios funcionarios. Porque no cumplieron, por eso esconden la información”. Para ella, muchas dudas han surgido a raíz de la muerte de su madre. Por esta razón, Verónica interpuso un derecho de petición para que el Inpec resolviera las inquietudes en torno a los hechos que llevaron a la muerte de Clara.

“Pedí copia de la historia clínica, que me dijeran cuales habían sido los protocolos de bioseguridad, cuantas capacitaciones habían tenidos los funcionarios del Inpec para el manejo del virus, cuál era el protocolo del personal médico para el tratamiento de posibles contagios”, explicó Verónica. Además, en el recurso, Verónica solicitó al Inpec una explicación del por qué su madre nunca fue aislada al ser población vulnerable tal como lo indica el decreto 546 de 2020.

A parte de ser conocido como el polémico decreto de excarcelaciones, este también ordena que se adopten “otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”. Entre las medidas consideradas en la norma, en cuanto a las personas que no puedan acceder a prisión domiciliaria y tengan alguna prescripción médica, “se deberán adoptar las medidas necesarias por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), para ubicarlas en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio”.

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En el caso de Clara, ninguna de las leyes aplicó. El derecho de petición enviado por Verónica fue rechazado por la institución aparentemente porque no se encontraba la persona adecuada para recibirlo. Verónica denuncia que no entiende cómo, luego de ser trasladada Clara, el Inpec presuntamente habría modificado el número de los patios. En este sentido, según lo denuncian las internas, el patio número cinco donde estaba Clara pasó a ser el cuarto y el antiguo patio cuarto pasó a ser el tercero. Asimismo, su número de celda cambió. Este medio trató de comunicarse con el Inpec pero no pudo obtener respuestas.

De acuerdo con Cardona, “hasta ayer les hicieron las pruebas a las compañeras de patio de la mujer. Ya ha pasado semana y media desde que la señora salió de la cárcel y todavía sus compañeras no tienen los resultados, no se sabe cuántas están contagiadas”. Asimismo, Verónica le dijo a este diario que, “ayer no fueron suficientes las pruebas y hay varias mujeres a las que no se les practicaron”.

Tras la muerte de Clara, Verónica se prepara para emprender acciones legales. “Yo me atrevo a denunciar porque sé que mi mamá no va a volver a este lugar a recibir represalias. Pido justicia para todas esas personas que se quedaron allí y que me llaman pidiendo ayuda”.

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