Lo que revelan las interceptaciones al clan de “Marquitos” Figueroa

Para el 15 de marzo de 2021 está previsto que un juez especializado de Bogotá dicte sentido de fallo contra varios miembros del clan de Jesús Figueroa, alias Marquitos, el capo de La Guajira, que es señalado de varios crímenes en el norte de Colombia, como de haber sido ficha clave del narcotráfico y el contrabando en la costa Caribe. En este caso están en el banquillo de los acusados Marcos Francisco Figueroa (hijo del señalado jefe criminal), Paul Corrales Figueroa (sobrino), Luis Felipe Figueroa (sobrino) y el abogado Diego Parody (yerno), por haber participado presuntamente en el homicidio de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, en agosto de 2012 en Valledupar.

(Lea también: “Ñeñe Hernández” y “Marquitos Figueroa”, las pruebas de su cercanía)

El pasado lunes 30 de noviembre, el proceso entró en su recta final cuando se llevó a cabo la audiencia de alegatos de conclusión. durante los meses más complejos de la cuarentena se realizó el juicio: a finales de julio, la Fiscalía empezó a mostrar varias pruebas de que Brito fue asesinada por orden de Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, quien ya está condenado por este crimen), porque Brito habría incumplido un pago cuando llegó a la Alcaldía de Barrancas. Entre las pruebas hay algunas interceptaciones de las 47.000 que se hicieron para intentar demostrar que Marquitos y su gente fueron los perpetradores. Figueroa está ante otro juzgado por estos hechos y el 15 de enero se harán los alegatos finales.

Las interceptaciones

El Espectador conoció esos audios que fueron recogidos por la sala Azul de la plataforma Puma de la Dijín. Estos hablan poco del caso Yandra Brito, pero sí de cómo la mafia operaba a sus anchas en esa zona. Durante el juicio, el único audio en el que se menciona indirectamente el asesinato de Brito es de un diálogo entre alias Balacho, hombre del grupo de Marquitos que coordinaba las extorsiones por el paso de gasolina ilegal desde Venezuela, con uno de sus subalternos. En su conversación hablan sobre un rumor que apareció en redes y medios locales de que la gente de Marquitos buscaba asesinar a una hermana de Yandra Brito.

(Le puede interesar: “‘Marquitos’ no tiene nada que ver con esa mierda”: palabras del Ñeñe Hernández)

Las escuchas telefónicas al abogado Parody dan cuenta del contexto criminal en que se mueve el clan Figueroa, como llamadas para preguntar un nombre para “pelar” a alguien, averiguaciones de por qué Paul Corrales (quien asumió el mando cuando Marquitos escapó a Brasil) fue capturado en 2013 o para avisar que en una casa iban hacer un allanamiento y que aparentemente esa información la pasó el exfiscal Alcides Pimienta (condenado por favorecer a Kiko Gómez y a Marquitos en 2017). Además, hay una llamada de Corrales desde la cárcel a Diego Parody para que ayude a un conocido suyo a sacarlo, ya que este fiscal de La Guajira, conocido como Chidy, “se ha portado conmigo a la altura (...) mándale a decir al doctor que colabora”.

Por estos audios el ente investigador también logró establecer qué rol tenía cada uno de los hoy acusados. Marco Francisco, conocido como Pacho, estaba encargado del contrabando de combustible que ingresa y se transporta a través de La Guajira; Luis Felipe, a quien llaman Pipe o Pipe Película, tendría una estrecha relación con el tráfico de estupefacientes. Por su parte, Parody tiene un gran nexo con el exfiscal Pimienta, quien, al parecer, le ayudaba a la banda de Marquitos y fue capturado en mayo de 2015. Desde julio de 2019, Pipe, Pacho y Parody encaran en libertad este proceso.

El otro que está libre desde entonces y aparece en las interceptaciones es Juan Carlos León, sucesor de Yandra Brito en la Alcaldía de Barrancas, y además del abogado Parody. En octubre de 2013, según la Fiscalía, León llamó al penalista para que corrompiera a funcionarios de la Fiscalía que investigaban a la gente de Marquitos, incluido él mismo. “Ya, primo, que ahí le cuadramos. Dale dos panes a aquellos que les hace falta (...) La vaina mía que se fue a Bogotá ya se fue archivada, ¿Verdad?”, pregunta el exmandatario local. A lo que Parody contesta: “Sí, se fue desmigajado”.

(Lea: Los crímenes que le cerraron la puerta a “Marquitos” Figueroa en la JEP)

Por estos crímenes ya fue condenado a 55 años el exgobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez Cerchar, quien está preso en La Picota. También está condenado por el asesinato del esposo de la exalcaldesa, Henry Ustáriz, acribillado por hombres de la banda criminal de Marquitos el 2 de abril de 2008 en la vía que comunica el municipio de Fonseca con Barrancas (La Guajira). Gómez también tiene una condena por el homicidio de otro político de ese municipio: el de Luis López Peralta, concejal de Barrancas, ocurrido en febrero de 1997. Por estos hechos fue condenado a cuarenta años de cárcel en junio de 2017 por otro juzgado especializado.

“Ñeñe”, “Mandarino” y “Jorge 40”

El año 2020 fue uno de los más mediáticos para Figueroa. En marzo se empezaron a conocer las interceptaciones contra José el Ñeñe Hernández, un hombre opaco de La Guajira y el Cesar, señalado de ser el testaferro del propio Marquitos Figueroa. Por esos audios hoy las autoridades indagan si el Ñeñe, quien fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil, hizo parte de una maniobra para meter bajo la mesa dinero en la campaña del hoy presidente Iván Duque en la costa Caribe. En un principio, Hernández habría sido interceptado porque se investigaba si habría participado en el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar, perpetrado en agosto de 2011 en Barranquilla.

Marquitos está a punto de ser llamado a juicio por este crimen, luego de más de un año de demoras para que se haga efectiva. La última se presentó en octubre pasado, cuando recusó al juez del caso de haber recibido dineros para evitar que este encare el juicio en libertad. El abogado de la familia de Rodríguez Pomar, Miguel Ángel del Río, fue señalado de haber entregado esos dineros; sin embargo, este último aseguró que es un señalamiento infundado con el fin de dilatar el inicio del juicio y permitir que Figueroa termine libre. Además de ser rechazada la recusación, ya que no se encontró ninguna prueba del supuesto soborno, la lectura del escrito de acusación quedó programada para el próximo 14 de diciembre.

La Fiscalía también estableció otra posible conexión entre “Marquitos” y Armando Gnecco Vega, alias “Mandarino”. En junio de 2019 les fueron ocupados más de 12.000 bienes que están avaluados en $1,2 billones y ahora se encuentran en un proceso de extinción de dominio. Según la Fiscalía, estos hombres estarían vinculados con varios asesinatos de comerciantes y líderes políticos en el Caribe colombiano. En el operativo también fueron incautadas propiedades del “Ñeñe” Hernández. “Dichos bienes habrían sido adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico y figurarían a nombre de Figueroa o terceros y otros familiares de este individuo”, dijo la Fiscalía en su momento.

Figueroa también volvió a ser mencionado con el regreso del exjefe paramilitar “Jorge 40”, quien purgaba una pena de cerca de once años en EE. UU. por narcotráfico. En Valledupar se sabe que en los años 90 “Marquitos” fue el jefe de escoltas del paramilitar Jorge Gnecco Cerchar, quien terminó asesinado por orden de los hermanos Castaño y el propio Rodrigo Tovar Pupo, como realmente se llama “Jorge 40”. “Ellos (Tovar y Figueroa) se pelearon por el tema de unos peajes de las Auc para pasar cocaína por varios puertos en Magdalena y La Guajira. Incluso ‘Marquitos’ fue un día a la casa de la esposa de Rodrigo para amenazarlos”, le dijo un antiguo hombre de confianza de “Jorge 40” a este diario.

La defensa de Marquitos en esta caso, el abogado Andrés Palacios, leyó los mensajes que este diario le envió para conocer su postura, pero nunca contestó. En el juicio contra Marquitos hay varios testimonios y la teoría del caso no depende de interceptaciones. La defensa de Figueroa ha dicho que cuando su cliente fue deportado de Brasil, en 2016, quedó establecido en ese trámite migratorio que su cliente no sería procesado por hechos ocurridos antes de agosto de 2011. Un acuerdo que incide en los asesinatos de Dílker Becerra e Iván Martínez Aroca, cometidos el 8 de agosto de 2011 en La Guajira, y el de Henry Ustáriz (y su escolta) asesinados en 2008 como parte de esa vendetta electoral.

Para el 15 de marzo de 2021 está previsto que un juez especializado de Bogotá dicte sentido de fallo contra varios miembros del clan de Jesús Figueroa, alias Marquitos, el capo de La Guajira, que es señalado de varios crímenes en el norte de Colombia, como de haber sido ficha clave del narcotráfico y el contrabando en la costa Caribe. En este caso están en el banquillo de los acusados Marcos Francisco Figueroa (hijo del señalado jefe criminal), Paul Corrales Figueroa (sobrino), Luis Felipe Figueroa (sobrino) y el abogado Diego Parody (yerno), por haber participado presuntamente en el homicidio de Yandra Brito, exalcaldesa de Barrancas, en agosto de 2012 en Valledupar.

(Lea también: “Ñeñe Hernández” y “Marquitos Figueroa”, las pruebas de su cercanía)

El pasado lunes 30 de noviembre, el proceso entró en su recta final cuando se llevó a cabo la audiencia de alegatos de conclusión. durante los meses más complejos de la cuarentena se realizó el juicio: a finales de julio, la Fiscalía empezó a mostrar varias pruebas de que Brito fue asesinada por orden de Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, quien ya está condenado por este crimen), porque Brito habría incumplido un pago cuando llegó a la Alcaldía de Barrancas. Entre las pruebas hay algunas interceptaciones de las 47.000 que se hicieron para intentar demostrar que Marquitos y su gente fueron los perpetradores. Figueroa está ante otro juzgado por estos hechos y el 15 de enero se harán los alegatos finales.

Las interceptaciones

El Espectador conoció esos audios que fueron recogidos por la sala Azul de la plataforma Puma de la Dijín. Estos hablan poco del caso Yandra Brito, pero sí de cómo la mafia operaba a sus anchas en esa zona. Durante el juicio, el único audio en el que se menciona indirectamente el asesinato de Brito es de un diálogo entre alias Balacho, hombre del grupo de Marquitos que coordinaba las extorsiones por el paso de gasolina ilegal desde Venezuela, con uno de sus subalternos. En su conversación hablan sobre un rumor que apareció en redes y medios locales de que la gente de Marquitos buscaba asesinar a una hermana de Yandra Brito.

(Le puede interesar: “‘Marquitos’ no tiene nada que ver con esa mierda”: palabras del Ñeñe Hernández)

Las escuchas telefónicas al abogado Parody dan cuenta del contexto criminal en que se mueve el clan Figueroa, como llamadas para preguntar un nombre para “pelar” a alguien, averiguaciones de por qué Paul Corrales (quien asumió el mando cuando Marquitos escapó a Brasil) fue capturado en 2013 o para avisar que en una casa iban hacer un allanamiento y que aparentemente esa información la pasó el exfiscal Alcides Pimienta (condenado por favorecer a Kiko Gómez y a Marquitos en 2017). Además, hay una llamada de Corrales desde la cárcel a Diego Parody para que ayude a un conocido suyo a sacarlo, ya que este fiscal de La Guajira, conocido como Chidy, “se ha portado conmigo a la altura (...) mándale a decir al doctor que colabora”.

Por estos audios el ente investigador también logró establecer qué rol tenía cada uno de los hoy acusados. Marco Francisco, conocido como Pacho, estaba encargado del contrabando de combustible que ingresa y se transporta a través de La Guajira; Luis Felipe, a quien llaman Pipe o Pipe Película, tendría una estrecha relación con el tráfico de estupefacientes. Por su parte, Parody tiene un gran nexo con el exfiscal Pimienta, quien, al parecer, le ayudaba a la banda de Marquitos y fue capturado en mayo de 2015. Desde julio de 2019, Pipe, Pacho y Parody encaran en libertad este proceso.

El otro que está libre desde entonces y aparece en las interceptaciones es Juan Carlos León, sucesor de Yandra Brito en la Alcaldía de Barrancas, y además del abogado Parody. En octubre de 2013, según la Fiscalía, León llamó al penalista para que corrompiera a funcionarios de la Fiscalía que investigaban a la gente de Marquitos, incluido él mismo. “Ya, primo, que ahí le cuadramos. Dale dos panes a aquellos que les hace falta (...) La vaina mía que se fue a Bogotá ya se fue archivada, ¿Verdad?”, pregunta el exmandatario local. A lo que Parody contesta: “Sí, se fue desmigajado”.

(Lea: Los crímenes que le cerraron la puerta a “Marquitos” Figueroa en la JEP)

Por estos crímenes ya fue condenado a 55 años el exgobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez Cerchar, quien está preso en La Picota. También está condenado por el asesinato del esposo de la exalcaldesa, Henry Ustáriz, acribillado por hombres de la banda criminal de Marquitos el 2 de abril de 2008 en la vía que comunica el municipio de Fonseca con Barrancas (La Guajira). Gómez también tiene una condena por el homicidio de otro político de ese municipio: el de Luis López Peralta, concejal de Barrancas, ocurrido en febrero de 1997. Por estos hechos fue condenado a cuarenta años de cárcel en junio de 2017 por otro juzgado especializado.

“Ñeñe”, “Mandarino” y “Jorge 40”

El año 2020 fue uno de los más mediáticos para Figueroa. En marzo se empezaron a conocer las interceptaciones contra José el Ñeñe Hernández, un hombre opaco de La Guajira y el Cesar, señalado de ser el testaferro del propio Marquitos Figueroa. Por esos audios hoy las autoridades indagan si el Ñeñe, quien fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil, hizo parte de una maniobra para meter bajo la mesa dinero en la campaña del hoy presidente Iván Duque en la costa Caribe. En un principio, Hernández habría sido interceptado porque se investigaba si habría participado en el asesinato de Óscar Rodríguez Pomar, perpetrado en agosto de 2011 en Barranquilla.

Marquitos está a punto de ser llamado a juicio por este crimen, luego de más de un año de demoras para que se haga efectiva. La última se presentó en octubre pasado, cuando recusó al juez del caso de haber recibido dineros para evitar que este encare el juicio en libertad. El abogado de la familia de Rodríguez Pomar, Miguel Ángel del Río, fue señalado de haber entregado esos dineros; sin embargo, este último aseguró que es un señalamiento infundado con el fin de dilatar el inicio del juicio y permitir que Figueroa termine libre. Además de ser rechazada la recusación, ya que no se encontró ninguna prueba del supuesto soborno, la lectura del escrito de acusación quedó programada para el próximo 14 de diciembre.

La Fiscalía también estableció otra posible conexión entre “Marquitos” y Armando Gnecco Vega, alias “Mandarino”. En junio de 2019 les fueron ocupados más de 12.000 bienes que están avaluados en $1,2 billones y ahora se encuentran en un proceso de extinción de dominio. Según la Fiscalía, estos hombres estarían vinculados con varios asesinatos de comerciantes y líderes políticos en el Caribe colombiano. En el operativo también fueron incautadas propiedades del “Ñeñe” Hernández. “Dichos bienes habrían sido adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico y figurarían a nombre de Figueroa o terceros y otros familiares de este individuo”, dijo la Fiscalía en su momento.

Figueroa también volvió a ser mencionado con el regreso del exjefe paramilitar “Jorge 40”, quien purgaba una pena de cerca de once años en EE. UU. por narcotráfico. En Valledupar se sabe que en los años 90 “Marquitos” fue el jefe de escoltas del paramilitar Jorge Gnecco Cerchar, quien terminó asesinado por orden de los hermanos Castaño y el propio Rodrigo Tovar Pupo, como realmente se llama “Jorge 40”. “Ellos (Tovar y Figueroa) se pelearon por el tema de unos peajes de las Auc para pasar cocaína por varios puertos en Magdalena y La Guajira. Incluso ‘Marquitos’ fue un día a la casa de la esposa de Rodrigo para amenazarlos”, le dijo un antiguo hombre de confianza de “Jorge 40” a este diario.

La defensa de Marquitos en esta caso, el abogado Andrés Palacios, leyó los mensajes que este diario le envió para conocer su postura, pero nunca contestó. En el juicio contra Marquitos hay varios testimonios y la teoría del caso no depende de interceptaciones. La defensa de Figueroa ha dicho que cuando su cliente fue deportado de Brasil, en 2016, quedó establecido en ese trámite migratorio que su cliente no sería procesado por hechos ocurridos antes de agosto de 2011. Un acuerdo que incide en los asesinatos de Dílker Becerra e Iván Martínez Aroca, cometidos el 8 de agosto de 2011 en La Guajira, y el de Henry Ustáriz (y su escolta) asesinados en 2008 como parte de esa vendetta electoral.