Este lunes 15 de septiembre, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el gobierno de Donald Trump tomará una decisión que podría marcar la política de Colombia contra los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico. Estados Unidos dará a conocer si mantiene o no la certificación antidrogas del país. Una movida clave, que en los últimos meses puso a altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro a hacer gestiones para evitar una decisión contraria a la que el país espera. ¿La razón? Perder la certificación podría llevar a un recorte de los recursos de cooperación internacional o a un apretón de cinturón en materia de aranceles y préstamos con la banca internacional. Estas son algunas claves para comprender la decisión.
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¿Qué es la certificación antidrogas?
La certificación antidrogas de Estados Unidos es una herramienta usada por el gobierno norteamericano para evaluar y verificar el nivel de cooperación de los países a los que considera aliados en la lucha contra el narcotráfico. En otras palabras, les mide el aceite a las acciones que toman gobiernos como el de Colombia, con el objetivo de mantener controladas las cifras de cultivos de uso ilícito, producción y tráfico de drogas. Se centra especialmente en países que son productores o de tránsito de drogas, una doble condición que tiene Colombia, por lo que es una de las naciones de mayor interés para Estados Unidos en esta materia. Además, es determinante para definir la asistencia internacional para combatir el problema del narcotráfico.
Desde 1961, con la Ley de Asistencia Extranjera, el gobierno norteamericano evalúa cifras y adelanta conversaciones diplomáticas para definir si mantiene o revoca de manera total o parcial la certificación, que solo le ha sido cancelada a Colombia entre 1996 y 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper. La estrategia también le sirve al presidente de Estados Unidos para sustentar ante el Congreso el resultado de los recursos que destina a la cooperación internacional. La discusión sobre la certificación es coordinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el apoyo de la sección de Asuntos Narcóticos de ese país. Así, configura un reconocimiento clave para la cooperación en seguridad bilateral.
¿Cómo están las cifras de Colombia de cara a la certificación?
Si bien el presidente Gustavo Petro ha hecho eco de las cifras de incautación de drogas en lo que va de su gobierno, el panorama de cultivos de uso ilícito en Colombia de cara a la renovación, revocatoria o un punto medio de la certificación de Estados Unidos no es del todo favorable. Entre agosto de 2022 y junio de 2025, según cifras de las Fuerzas Militares, en Colombia se incautaron 2.126 toneladas de estupefacientes. Sin embargo, los resultados del último monitoreo de cultivos de uso ilícito, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Ministerio de Justicia, publicado en 2024, indica que entre 2022 y 2023 Colombia alcanzó la cifra de 253.000 hectáreas de tierra sembradas con cultivos de coca. Por eso la lectura del incremento de las operaciones de incautación tiene que hacerse con cuidado, pues a mayor número de coca es lógico que aumente el número de incautaciones.
A estos números se suman los que ha recopilado el Departamento de Estado, por medio de su informe de la “Estrategia internacional de control de narcóticos”. Este documento es uno de los insumos claves para decidir sobre la certificación y, en su última actualización, publicada en marzo de este año, señala que “Colombia es el principal productor y exportador de cocaína del mundo y una fuente de heroína y marihuana”. En materia de cifras, el informe reseña que en 2024 fueron incautadas 970 toneladas de cocaína, destacando un aumento del 14 % respecto a las incautaciones de 2023. A esto se suma que, aunque la meta del presidente Petro es lograr una reducción del 40 % en los cultivos de uso ilícito, el aumento entre 2022 y 2023 fue del 10 %.
¿Ya se está usando el glifosato para evitar la descertificación?
A punto de conocerse la decisión de Estados Unidos sobre la certificación, el presidente Gustavo Petro habló públicamente sobre las fumigaciones con glifosato para acabar con cultivos de uso ilícito. “Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, escribió el mandatario en su cuenta de X. El pronunciamiento causó de nuevo el cuestionamiento de su postura, que desde el principio ha sido de preferencia de la sustitución voluntaria en lugar de erradicación forzada o fumigaciones. Pero desde inicios de 2025 el Gobierno dio puntadas silenciosas para hacerle guiños al glifosato.
En febrero de este año la Dirección Antinarcóticos de la Policía inició, por orden del exministro de Defensa, Iván Velásquez, una contratación por $7.700 millones para comprar “plaguicida químico de uso agrícola con composición garantizada de ingrediente activo: glifosato”. En ese momento no era claro dónde se harían las fumigaciones terrestres, suspendidas en 2015 por orden de la Corte Constitucional, ni bajo qué parámetros se echaría mano de esa medida en la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Pero luego, el 10 de junio, la Policía ordenó el primer traslado de glifosato: 34 canecas de 200 litros para el departamento de Antioquia y 16 más para Cesar. Una medida que puso en evidencia el retorno de las fumigaciones en el país.
¿La situación de orden público se relaciona con la certificación?
El pronunciamiento del presidente Petro sobre el regreso de las fumigaciones con glifosato se dio en el marco de otro de los ingredientes que el gobierno de Estados Unidos pone sobre la mesa a la hora de decidir sobre la certificación: la situación de seguridad, orden público y organizaciones al margen de la ley. En 1996, por ejemplo, la certificación se perdió en medio de señalamientos de presuntos nexos entre el expresidente Samper y grupos narcotraficantes, puntualmente el cartel de Cali. Ahora el contexto pasa por las distintas manifestaciones violentas de las disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo, mostradas por el Gobierno de ser “carteles de narcotráfico”.
Esos mismos grupos son los responsables de algunos de los eventos más dramáticos de los últimos meses en materia de seguridad, como el camión bomba detonado el 21 de agosto en Cali (Valle del Cauca), que causó la muerte de siete civiles y dejó a más de 70 personas heridas. También el ataque con explosivos a un helicóptero antinarcóticos de la Policía en Amalfi (Antioquia), ese mismo día, que dejó un saldo de 13 uniformados muertos. Además de las seis retenciones de uniformados por parte de civiles, según las autoridades, instrumentalizados por grupos al margen de la ley en Cauca, Guaviare, Nariño y Valle del Cauca. Todos disputándose los territorios para controlar las economías ilícitas del narcotráfico.
¿Hay un mal contexto para la renovación de la certificación?
La relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el panorama de los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, la incidencia de carteles mexicanos en sitios como Catatumbo (Norte de Santander) y cañón del Micay (Cauca), suman peso a un panorama de cara a la certificación que preocupa a las autoridades. No en vano, desde marzo de este año han viajado comisiones del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía a Estados Unidos, para intentar ponerle freno a la pérdida de esta certificación. Jorge Mantilla, analista experto en seguridad, le dijo a El Espectador que el panorama es complejo, porque la certificación es “una herramienta política de EE. UU. en el relacionamiento con sus países aliados”.
Agregó que hay dos elementos claves de la certificación en los que el país tambalea y son importantes para el gobierno norteamericano: el asunto migratorio y la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Estas son dos materias en las que Colombia no ha desempeñado un papel de acuerdo con las expectativas y los compromisos de Estados Unidos. No solo por el pico histórico de cultivos de uso ilícito, sino también porque, a pesar del incremento de las incautaciones, el impacto realmente ha sido marginal”, explicó Mantilla. Otro ejemplo de esta situación esta en que, hasta junio de este año, apenas se habían erradicado manualmente 1.500 hectáreas, muy por debajo de las metas oficiales.
¿Cuáles serían las consecuencias de la descertificación?
Parte de las consecuencias de perder la certificación antidrogas de Estados Unidos están relacionadas con el aspecto económico. Un asunto que no es de menor importancia, especialmente en el marco de la crisis fiscal que atraviesa Colombia y con un proyecto de presupuesto para 2026 que prevé recortes en gran parte de las instituciones del Estado. En la última década, según cifras del Departamento de Estado, el gobierno norteamericano le ha aportado a Colombia, en promedio, entre US$350 y US$400 millones cada año que se invierten en programas antinarcóticos, iniciativas de desarrollo rural y fortalecimiento de la justicia. Esa inversión podría caer hasta en un 50 %, por cuenta de la pérdida de la certificación.
El investigador Jorge Mantilla aseguró que también se pondrían en peligro otros proyectos de la nación, por posibles sanciones tramitadas a través de la banca internacional y derivadas de la pérdida de la certificación. “Estados Unidos tiene antecedentes y trayectoria de hacer ‘lobby’ en contra de préstamos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a países que considera que no cooperan en la lucha contra las drogas. Esto es muy importante para Colombia porque se podrían ver afectados proyectos como el metro de Bogotá (financiado por la banca internacional)”, explicó. Esto, sumado a un castigo en temas arancelarios, que afectaría el comercio y podría complicar aún más la relación diplomática.
¿Cuáles serían los compromisos para Colombia si se renueva la certificación?
El segundo escenario posible para Colombia, en el cual los altos funcionarios del gobierno Petro tienen puesta la atención, es que se renueve la certificación. De ser así, los expertos señalan que la determinación que emita el gobierno Trump desde el Despacho Oval será un mensaje directo a las autoridades para que tomen medidas en materia de control del aumento de cultivos de uso ilícito y de narcotráfico. En palabras del investigador Jorge Mantilla, “sería una certificación bastante condicionada, sobre todo porque ese proceso es anual e implicaría que el gobierno tiene que reajustar de una manera clara y asertiva su estrategia”. Un trabajo que tendría que adelantar el presidente Petro, antes de dejar la Casa de Nariño, en agosto de 2026.
“El gobierno tendría que comprometerse con metas muy puntuales en términos de reducción del número de cultivos, extradiciones, cierre de algunos diálogos con organizaciones que son consideradas terroristas por los Estados Unidos, puntualmente el caso del Eln y el Clan del Golfo”, apuntó Mantilla. Agregó que la renovación podría ser, además, una decisión de cálculo político: “Estados Unidos sabe y tiene un cálculo respecto a las elecciones del 2026 y a lo que pueda suceder con un eventual cambio de gobierno en Colombia”. Cualquiera que sea la decisión por la que apueste y firme el presidente Trump, concluyó el experto, el país tendrá que hacer importantes reajustes en su política de seguridad y drogas.
¿Qué es la certificación antidrogas?
La certificación antidrogas de Estados Unidos es una herramienta usada por el gobierno norteamericano para evaluar y verificar el nivel de cooperación de los países a los que considera aliados en la lucha contra el narcotráfico. En otras palabras, les mide el aceite a las acciones que toman gobiernos como el de Colombia, con el objetivo de mantener controladas las cifras de cultivos de uso ilícito, producción y tráfico de drogas. Se centra especialmente en países que son productores o de tránsito de drogas, una doble condición que tiene Colombia, por lo que es una de las naciones de mayor interés para Estados Unidos en esta materia. Además, es determinante para definir la asistencia internacional para combatir el problema del narcotráfico.
Desde 1961, con la Ley de Asistencia Extranjera, el gobierno norteamericano evalúa cifras y adelanta conversaciones diplomáticas para definir si mantiene o revoca de manera total o parcial la certificación, que solo le ha sido cancelada a Colombia entre 1996 y 1997, durante el gobierno de Ernesto Samper. La estrategia también le sirve al presidente de Estados Unidos para sustentar ante el Congreso el resultado de los recursos que destina a la cooperación internacional. La discusión sobre la certificación es coordinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el apoyo de la sección de Asuntos Narcóticos de ese país. Así, configura un reconocimiento clave para la cooperación en seguridad bilateral.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
