Un juez de Bogotá, especializado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, emitió la primera decisión judicial relacionada con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, de Bogotá. El mismo hecho que causó la muerte del precandidato presidencial, dos meses y cuatro días después, el 11 de agosto.
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Se trata del menor de 15 años que disparó el arma en contra del político del Centro Democrático en al menos ocho oportunidades, impactándolo dos veces en la cabeza y una vez su pierna izquierda. El togado le impuso una sanción de siete años de privación de la libertad en un centro de atención especial para menores, pero la defensa de la familia de Uribe Turbay apeló la decisión.
El joven, cuyo nombre se ha mantenido bajo reserva por ser menor de edad, fue acusado el pasado 4 de agosto por la Fiscalía, ante un juez especializado en Código de Infancia y Adolescencia. En ese momento aceptó su responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Sin embargo, Uribe Turbay falleció una semana después de esa diligencia de acusación, consecuencia directa del atentado del cual fue víctima. Aunque el ente investigador solicitó que la acusación fuera modificada por haberse consumado ya el delito de homicidio agravado, esa pretención fue negada.
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La razón, según explicaron fuentes de la Fiscalía a El Espectador, es que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes no permite hacer modificaciones al expediente, después de hecha la acusación formal, en este caso, aceptada por el confeso sicario.
A eso se suma que, como lo explicó el abogado penalista Francisco Bernate, las sanciones dentro de ese sistema especial no pueden superar los ocho años y los responsables tampoco pueden estar privados de la libertad después de haber cumplido los 21 años de edad. Es por eso que el juez de primera instancia determinó que la sanción para el joven será de siete años de privación de la libertad, en un centro especial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La determinación de no modificar la acusación del menor no fue una sorpresa para la defensa de la familia de Miguel Uribe Turbay, liderada por el abogado Víctor Mosquera. En un diálogo reciente con este diario, el jurista señaló que el Código de Infancia y Adolescencia es “un limbo” a la hora de decidir en este tipo de casos.
Agregó que, al rechazar recursos como el de la modificación de la acusación por un delito que ya se ha consumado (el de homicidio), “está incentivando el reclutamiento de menores para cometer crímenes graves, porque las estructuras criminales se valen de esa salvaguarda jurídica”. Justo por esa razón, la sanción de primera instancia fue apelada por la defensa de la familia del senador.
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Por medio de una publicación en su cuenta de X, el abogado Mosquera se pronunció sobre la decisión. “Bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay: 84 meses. Respetamos la decisión, pero esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”, escribió el jurista.
La familia del senador no se ha pronunciado sobre la sanción impuesta al joven sicario. Mientras su padre, Miguel Uribe Londoño, enciende motores en su precandidatura presidencial, de su esposa, María Claudia Tarazona, y de sus hijos se sabe que están en Estados Unidos.
La aceptación de cargos y la sanción al adolescente no solo es clave por ser la primera decisión sobre el expediente judicial del magnicidio, sino porque podría darle pistas a la justicia en los procesos penales que adelanta en contra de los otros cinco implicados, que en este momento permanecen privados de la libertad y a quienes sí se les modificaron las imputaciones por el delito de homicidio agravado, tras la muerte del senador.
Ellos son Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”; Carlos Eduardo Mora González, William Fernando González Cruz, Cristian Camilo González Ardila y Elder José Arteaga Hernández, alias “Costeño” o “Chipi”, señalado de ser el cerebro logístico detrás de los hechos de la tarde del 7 de junio.
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Alias “Chipi”, precisamente, fue una pieza clave para lo que ha podido reconstruir Fiscalía sobre el menor que ya fue sancionado. El ente investigador señaló que fue él quien contactó al adolescente y lo convenció de perpetrar el ataque en contra de Uribe.
“Fue citado al barrio Modelia y a bordo de un carro conducido por Mora González, recibió una pistola Glock 9 milímetros de manos de Elder José Arteaga Hernández. Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito, donde la víctima participaba en una concentración política, y le disparó”, indicó la Fiscalía. Aunque el menor intentó huir del lugar de los hechos, un hombre del esquema de seguridad del senador lo hirió con su arma de dotación y pudo ser aprehendido.
Los demás implicados fueron capturados en operativos en Bogotá y Florencia (Caquetá). Además del delito de homicidio agravado, deben responder por los cargos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y uso de menores de edad para la comisión de delitos.
Todos permanecen recluidos en el búnker de la Fiscalía. Las investigaciones para dar con los autores intelectuales siguen avanzando, con una pista hacia las disidencias de las Farc que se ha ido enfriando. Mientras tanto, falta ver si el sistema judicial procesará al joven sicario por el delito que cometió: un homicidio agravado y no un intento de homicidio en contra del senador más votado de Colombia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
