De las 3.144 personas que intentaron llegar al Congreso de la República en las elecciones del pasado 8 de marzo y de los que finalmente alcanzaron la votación para asegurar su curul, son 10 los que actualmente tienen investigaciones judiciales en curso por casos de presunta corrupción. A otros 11 políticos, también investigados como lo contó en su momento El Espectador, los votos no les alcanzaron para asegurar su curul.
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Cuatro de los que lograron ser reelegidos están relacionados con el entramado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que es, tal vez, el escándalo de corrupción más grande que rodea al gobierno del presidente Gustavo Petro. Este caso ya ha salpicado a altos funcionarios del Estado y a varios congresistas por presuntamente recibir coimas a cambio de destrabar iniciativas del Ejecutivo en el Senado y la Cámara de Representantes.
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Otros enfrentan procesos judiciales por movidas al parecer irregulares y que, incluso, habrían sobrepasado sus funciones. Como el caso de David Racero, ahora elegido senador y señalado de presuntamente usar miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en un negocio personal, o Miguel Polo Polo, quien no alcanzó la votación para reelegirse en su curul, pero que es investigado por presuntos mensajes de odio contra exmiembros del M-19 y el presidente Petro.
Berenice Bedoya
Alianza Social Independiente (ASI)
Berenice Bedoya, del partido Alianza Social Independiente (ASI), quedó en el banquillo de los que no alcanzaron curul para un segundo periodo legislativo en el Senado, aunque obtuvo 36.230 votos. Bedoya es señalada de presuntamente haber tenido reuniones con el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, para direccionar contratos a favor de los congresistas que vendieran su apoyo a las iniciativas del gobierno Petro. La magistrada Cristina Lombana adelanta es investigación y, según fuentes consultadas por El Espectador, estaría próxima a llamarla a indagatoria. La política, que no alcanzó la reelección, ha asegurado no tener ninguna relación con el escándalo de corrupción.
Karen Manrique
Asociación de Víctimas Intercultural y Regional
La congresista Karen Manrique fue reelegida a la Cámara de Representantes con el aval de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional. La representante por Arauca, que obtuvo 5.640 votos, aparece en la investigación por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que también salpicó a varios congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia evalúa si llamarlo a juicio por el delito de cohecho impropio. Al parecer, habría vendido su apoyo para aprobar millonarios créditos internacionales que buscaba conseguir el gobierno de Gustavo Petro en diciembre de 2023.
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Didier Lobo
Cambio Radical
Por el partido Cambio Radical, Didier Lobo repite puesto en el Senado con un resultado de 90.242 votos. Actualmente en su contra corre una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema de Justicia señaló que Lobo habría aumentado injustificadamente su patrimonio cuando fue alcalde de La Jagua de Ibirico (Cesar) entre 2012 y 2015. En ese caso, el alto tribunal encontró que el patrimonio de su familia aumentó sin motivos. Aunque fue citado a indagatoria en marzo de 2025, se declaró inocente.
Carlos Cuenca Chaux
Cambio Radical
El exrepresentante a la Cámara Carlos Cuenca Chaux hizo campaña pese a tener una condena en su contra. En 2025 la Corte Suprema de Justicia lo declaró culpable por el delito de corrupción al sufragante. El alto tribunal señaló que Cuenca Chaux estaba comprando votos, ofreciendo bultos de cemento y tejas de zinc a las comunidades en Guanía. Aunque le toca pagar más de siete años de cárcel, una inhabilidad para ejercer funciones públicas y una multa de más de COP 838 millones, el excongresista apeló el fallo en su contra y puso aspirar mientras que la justicia toma una nueva decisión.
Edwin Ballesteros
Cambio Radical
A Edwin Ballesteros, ficha del clan Aguilar, quiso volver a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, pero solo obtuvo 8.210 votos. La Fiscalía lo llamó a juicio por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho. La investigación señala que Ballesteros habría recibido COP 600 millones para direccionar contratos en la Empresa de Servicios Públicos de Santander entre 2013 y 2016.
José Vicente Carreño
Centro Democrático
Por el Centro Democrático, José Vicente Carreño no alcanzó a hacerse a una curul en el Senado. La lista cerrada de ese partido obtuvo 3.035.715 votos y 17 curules, pero el político estaba en la posición 19 y se quemó. El también expolicía tiene una investigación en la Sala de Instrucción de la Corte por tráfico de influencias.
Lo que investiga el alto tribunal es si Carreño tuvo o no conocimiento sobre el presunto soborno de uno de los integrantes de su UTL al exsubdirector de la Policía, Nicolás Zapata. Al mismo tiempo, en la Corte avanza en otro expediente contra el congresista por un caso de desaparición forzada. Al parecer, Carreño habría participado en la desaparición de Alejandro Santiesteban Alarcón, el 6 de febrero del 2003 en Tame (Arauca).
Yenica Acosta
Centro Democrático
Por la Cámara, en Amazonas, no alcanzó curul Yenica Sugein Acosta con 2.144 votos. En su contra cursa un expediente en la Corte Suprema de Justicia por el delito de peculado por apropiación. La acusación dice que Acosta habría contratado a una persona en su UTL que habría cobrado su salario durante diez meses sin ejercer ninguna de sus funciones ni cumplir con sus obligaciones laborales en el Congreso. Acosta no logró la reelección y sostiene que el caso que investiga el alto tribunal ocurrió sin su consentimiento.
Víctor Hugo Moreno
Centro Democrático
El candidato a la Cámara de Representantes por el Amazonas fue capturado en Leticia luego de que, al parecer, arrojó por la ventana de su carro un paquete en el que había unos COP 15 millones. Según la Policía, se trataría de dinero que, presuntamente, sería para comprar votos. La Fiscalía le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer porque, supuestamente, trató de sobornar a los policías que lo detuvieron.
Carlos Alberto Carreño
Comunes
Carlos Alberto Carreño es investigado formalmente por la Corte Suprema desde marzo de 2021 por el delito de concusión. Exintegrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo lo señalaron de pedirles un porcentaje de sus salarios. Según la denuncia, les dijo que esos recursos serían para actividades del partido Comunes, pero la Corte ha documentado que, presuntamente, el dinero terminó destinado al pago de hoteles, estudios profesionales y ropa, entre otros gastos. En conversación con El Espectador, Carreño aseguró que todo se trata de un “montaje”.
Juan Loreto Gómez
Conservador
Con 64.658 votos, el representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez, repetirá periodo legislativo. El político del Partido Conservador también es uno de los presuntos involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Loreto aparece en la investigación por el desfalco a la entidad pública, que también salpicó a varios congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia podría llamarlo a juicio por el delito de cohecho impropio. Al parecer, habría vendido su apoyo a favor de aprobar las millonarias operaciones de crédito que el Congreso no le había aprobado al Ejecutivo.
Wadith Manzur
Conservador
Los señalados por el escándalo de la Ungrd obtuvieron otra victoria con la reelección de Wadith Manzur al Senado. El político del Partido Conservador obtuvo un total de 134.914 votos. Él también es uno de los congresistas que podría ser llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con los señalamientos de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, Manzur y otros congresistas habrían emitido conceptos sobre operaciones de crédito público que beneficiarían al Gobierno. En diciembre de 2024, el nuevamente senador fue llamado a indagatoria ante la Sala de Instrucción del alto tribunal por el caso de la gestión del riesgo. Manzur decidió guardar silencio.
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David Barguil
Conservador
Cabeza de lista del Partido Conservador al Senado, tiene un proceso en la Corte Suprema que ya superó la etapa probatoria. El senador es investigado por presunto tráfico de influencias, cohecho, financiación de campaña con fuentes prohibidas y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Según la investigación, el entonces alcalde de Galeras (Sucre), Remberto Amell, le pidió que intercediera ante el Departamento de Prosperidad Social para conseguir recursos para la malla vial del municipio, a cambio de una presunta coima. Barguil ha insistido en su inocencia y espera que la Corte defina su situación jurídica.
Julio Elías Chagüi
Partido de la U
El político del partido de La U, Julio Elías Chagüi, no alcanzó curul en el Senado aunque obtuvo 68.853 votos. El senador está también vinculado a la investigación por el escándalo de la Ungrd. Tanto el exdirector de la entidad, Olmedo López, como el exsubdirector, Sneyder Pinilla, han señalado ante la justicia que el congresista, presuntamente, habría tenido comunicaciones con ellos para coordinar operaciones de contratación, a cambio de su apoyo en el Congreso. También, según esos testimonios, Chagüi se habría reunido en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) con altos funcionarios del gobierno, entre ellos el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hoy preso por este caso, para concretar las movidas ilícitas.
Wilmer Carrillo
Partido de la U
Aun con tres procesos en la Corte Suprema, Wilmer Carrillo Mendoza alcanzó 125,356 votos que le alcanzaron para un puesto en el Senado con el aval del Partido de la U. El exrepresentante a la Cámara fue llamado a juicio por los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Carrillo habría influido en un nombramiento en el Hospital Departamental de Ábrego (Norte de Santander), a cambio de un porcentaje en contratos del centro de salud. También es procesado por presuntas fallas en una contratación en 2010 cuando era secretario de Infraestructura en Norte de Santander. Otra investigación en su contra también corre por un presunto detrimento patrimonial por irregularidades en un contrato público.
Camilo Gómez Castro
Partido de la U
El aspirante al Senado por el Partido de la U fue detenido en Bogotá luego de asistir a su puesto de votación en la localidad de Engativá. En su contra hía una orden de captura porque, al parecer, sería uno de los “articuladores” de la red de contrabando liderada por Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. Fue capturado junto a cuatro expolicías investigados por el mismo caso y la Fiscalía les imputará a todos los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.
Richard Aguilar
Liberal
Richard Aguilar, exgobernador de Santander, enfrenta un juicio por delitos contra la administración pública, peculado, interés ilícito en la celebración de contratos y celebración de contratos sin requisitos legales. El expediente se relaciona con presuntas irregularidades en cuatro contratos firmados durante su administración en la Gobernación de Santander, entre 2012 y 2015. En declaraciones a El Espectador, Aguilar dijo que atenderá todos los llamados de la justicia, pero defendió su inocencia y cuestionó que en Colombia se condene anticipadamente a las personas antes de que exista una decisión definitiva. Su elección depende del escrutinio final.
Martha Peralta
Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)
Avalada por el partido del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), la política indígena Martha Peralta llegó nuevamente al Senado con 61.098 votos. En abril de 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una indagación previa por su presunta participación en el entramado de corrupción que desangró la Ungrd. La magistrada Cristina Lombana estudia si hay pruebas suficientes para abrir una investigación formal en contra de la política y si debe o no ser llevada a juicio. Según la Fiscalía, Peralta habría recibido en octubre de 2023 un contrato por COP 2.170 millones para maquinaria amarilla para obras de reconstrucción en Riohacha (La Guajira). Todo, al parecer, a cambio de su apoyo a iniciativas claves del gobierno Petro.
David Racero
Pacto Histórico
Siendo el número 22 de la lista cerrada del Pacto Histórico, que alcanzó 4.413.636 votos, David Racero logró su reelección en el Senado. El expresidente de la Cámara de Representantes tiene una investigación en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de concusión. Al parecer, Racero habría utilizado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en un negocio personal de frutas y verduras en el que habrían estado involucrados algunos de sus familiares. En el marco de la investigación, conocida como el caso Fruver, este 9 de marzo el congresista rindió indagatoria ante el alto tribunal y dijo que no dará declaraciones a profundidad mientras la investigación esté en curso.
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Alex Flórez
Pacto Histórico
El investigado por la Corte Suprema de Justicia, Alex Flórez, también alcanzó su reelección en el Senado en la lista cerrada del Pacto Histórico. Lo que busca establecer el alto tribunal es si el congresista le exigió dinero a varios contratistas de Medellín para financiar su campaña en 2022, por lo que le abrió una investigación por los delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado. Flórez ya había tenido una polémica por insultar a agentes de policías en Cartagena cuando estaba borracho, episodio que le valió una suspensión de ocho meses por la Procuraduría. Sin embargo, sobre los hechos que investiga la Corte, el senador ha dicho que es inocente.
Pedro Suárez Vacca
Pacto Histórico
El abogado Pedro Suárez Vacca no alcanzó curul en el Congreso. El exrepresentante a la Cámara enfrenta un juicio ante la Corte Suprema por el delito de prevaricato por acción. Esto quiere decir que lo investigan porque, al parecer, cuando fue juez quinto de ejecución de penas en Tunja le otorgó una medida domiciliaria, al parecer, ilegal, a Lelio Nevardo Ávila, condenado a 17 años por narcotráfico y secuestro. El congresista Vacca insiste en su inocencia y en la versión de que no ha hecho nada ilegal.
Miguel Polo Polo
Consejo Comunitario la Gran Vía de los Remedios
Miguel Polo Polo enfrenta al menos dos procesos en la Corte Suprema. Uno de ellos lo llevará a juicio por presunto hostigamiento agravado, luego de que, siendo servidor público, difundiera por medios masivos mensajes de odio contra exmiembros del M-19 y el presidente Gustavo Petro. Además, está pendiente otro proceso por señalamientos que hizo contra Gustavo Bolívar, entonces director de Prosperidad Social, a quien acusó de financiar a la primera línea y de “matar bebés” por su respaldo al Paro Nacional de 2021.
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