Los billonarios pleitos arbitrales que podrían afectar el bolsillo nacional en 2023

Se espera respuesta por casos relacionados con Movistar (todo el país), Reficar (Cartagena) y el páramo de Santurbán (Santanderes).

Foto: Archivo El Espectador

Poderosos inversionistas alrededor del mundo han considerado que Colombia les falló como garante en negocios que van desde telecomunicaciones, en todo el país, hasta extracción masiva de minerales. Inconformes con decisiones hasta ahora legítimas de órganos de control y de máximos tribunales de justicia, han demandado a Colombia por tanto dinero que, si lo sumamos todo, daría como resultado USD $ 2.500 millones. Es decir, más de $12 billones en pesos colombianos, que corresponden a más de la mitad de lo que el gobierno de Gustavo Petro espera recaudar con la reforma tributaria en 2023.

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Este año, Colombia se prepara para recibir decisiones de tribunales de arbitramento internacionales, en procesos de justicia absolutamente sofisticados y, además, que involucran abogados tan costosos que, si las pretensiones no superan ciertas cifras, los inversionistas prefieren no demandar a la Nación. La respuesta de Colombia ha estado en manos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, la cual, desde el cambio de gobierno, está en manos de la exfiscal general Martha Lucía Zamora. La entidad cuenta con buenos antecedentes, que le permitirían probar la estabilidad jurídica del país a favor de inversionistas extranjeros. Estos son los pleitos que podrían resolverse este año.

Movistar y la cláusula 33

La empresa española Telefónica (Movistar) le exige a Colombia USD $689 millones, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial. Según fuentes cercanas al caso, en los próximos meses podría saberse si Colombia ocasionó daños a Movistar al dejar en firme la cláusula 33 del contrato suscrito en los noventa para montar el negocio en el país. Según esa regla, confirmada por la Corte Constitucional en 2013, Movistar se comprometió a devolver a la Nación todos los bienes y elementos utilizados para prestar el servicio de telefonía.

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Dado que la devolución física de los bienes no era posible, y por orden de un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, en 2017, Movistar terminó pagándole $3,1 billones a las arcas nacionales. Sin embargo, inconforme con las decisiones, la multinacional llevó el pleito de inversión ante el Ciadi. Argumentó que Colombia modificó las normas un par de veces y que esos cambios (leyes en 1998 y 2009) únicamente le obligaban devolver el espectro radioeléctrico (el canal invisible donde transitan las telecomunicaciones), y no la infraestructura.

En 2021, en un expediente idéntico, el Ciadi falló en contra de Claro (América Móvil) y salvó a Colombia de pagar $4,6 billones. Ese convenio de inversión se realizó con México y el de Movistar está en el marco del TBI con España, que es un acuerdo “para la promoción y protección recíproca de inversiones”. El Ministerio de Relaciones Exteriores se comprometió, desde 2007, a actuar con empresas españolas bajo el estándar de trato justo y equitativo, para evitar cualquier tipo de acto que puedan considerarse arbitrario, discriminatorio o contrario al debido proceso.

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Eco Oro y la plata que le deben por Santurbán

En 2021, Colombia se llevó una noticia agridulce por parte del Ciadi. Aunque el Tribunal consideró que prohibir la minería en el Páramo de Santurbán fue una decisión legítima, condenó a la Nación a pagar las pretensiones de la multinacional canadiense Eco Oro. Esta, desde 1994, tenía permiso para explorar y explotar depósitos de oro y plata, y aseguró invertir hasta USD $250 millones para ello. Se trataba del proyecto Angostura, ampliamente criticado por organizaciones ambientales, al cual una ley de 2010 le cerró las puertas y que la Corte Constitucional consideró contrario a la Constitución, al tratarse de un ecosistema de vital importancia para los colombianos.

Actualmente, el Ciadi estima los daños que deberán ser resarcidos a Eco Oro, luego de considerar que Colombia violó acuerdos firmados en el TLC con Canadá. Las pretensiones están en USD $698 millones, es decir, casi $3,5 billones. No obstante, esa es la estimación que consideraron los demandantes y la cifra final deberá ser deliberada por los árbitros internacionales. Eco Oro, que tenía un contrato de concesión por hasta 30 años, cerró su operación en Santurbán en 2019. El Ciadi, por su parte, fue claro en mencionar que el páramo, ubicado en los Santanderes, abastece de agua a más de 2,5 millones de colombianos y que los daños en áreas naturales de estas características son irreversibles.

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Foster Wheeler y el escándalo de Reficar

Otro de los casos que podría resolverse en 2023 es la demanda, por una cuantía indeterminada, que la multinacional Foster Wheeler tiene contra Colombia, por supuesta violación al Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos. Foster Wheeler de la firma auditora e interventora que llegó al proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena, Reficar, en 2009. La Contraloría determinó, en 2021, que la corrupción en ese proyecto fue tan grande que se perdieron hasta $2,9 billones y que la multinacional no hizo su trabajo para prevenir gastos excesivos y el retraso de 27 meses en un contrato que terminó costándole el doble a la Nación.

La Contraloría, desde 2018, consideró que Foster Wheeler incluso habría permitido sobrecostos por bebidas alcohólicas y hasta tratamientos de spa. El escándalo da cuenta, además, de pagos excesivos a la contratación de un personal que tuvo mínima productividad. Al considerar que, con esa investigación, Colombia supuestamente le causó daños económicos y reputacionales, la empresa estadounidense demandó a la Nación ante el Ciadi. La audiencia ante ese Tribunal ya finalizó y pronto el país sabrá si, con el dinero de los impuestos, como pretender Foster Wheeler, se indemnizará a la empresa contratada para verificar que en la ampliación de Reficar no se perdiera un peso.

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