“Usted, Álvaro Leyva Durán, intervino de manera caprichosa, tozuda y arbitraria”. Con esas palabras, la fiscal Sandra Portilla imputó en la mañana del 9 de diciembre al exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán, como presunto autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
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El exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro es investigado dentro del sonado caso del contrato para la producción y distribución de pasaportes en el país. Un escándalo que ahora no solo lo tiene de cara a un proceso penal, a sus 83 años, sino que también le mereció una sanción de destitución e inhabilidad por diez años, emitida por la Procuraduría en noviembre de 2024.
La audiencia de imputación se adelantó ante el despacho de la magistrada Alejandra Ardila, del Tribunal Superior de Bogotá. Leyva se conectó de forma virtual pues, según explicó su abogado, el excanciller se encuentra fuera del país y no alcanzó a regresar para asistir presencialmente a la diligencia.
Durante cerca de dos horas, la fiscal Portilla detalló uno a uno los tres hechos criminales en los que presuntamente el exfuncionario habría tenido responsabilidad y que habrían puesto en la cuerda floja el funcionamiento del servicio de pasaportes del país. Para la delegada de la Fiscalía, mediante tres actos administrativos, Leyva intentó “disfrazar las dificultades derivadas de su falta de planeación” al frente de la Cancillería.
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El caso en contra de Leyva tiene su origen en septiembre de 2023, cuando el entonces canciller declaró desierta la licitación para la expedición de pasaportes hasta julio de 2026. Un jugoso contrato por COP 559.000 millones que un comité evaluador había recomendado entregarle a la firma Thomas Greg and Sons.
Desde que estalló el caso, el exfuncionario ha dicho que subordinados suyos habrían “cuadrado” la licitación para que se quedara en manos de la multinacional. Ha dicho que su objetivo al declarar desierta la invitación pública era garantizar “la pluralidad” de ofertas. Una tesis que no le funcionó cuando fue sancionado por la Procuraduría y que ahora tendrá que defender ante los argumentos de la Fiscalía.
Para la Fiscalía, Leyva tenía pleno conocimiento de que la oferta presentada por la empresa Thomas a la licitación cumplía con todos los requisitos; además, su equipo de trabajo le había aconsejado seguir adelante con la asignación del contrato. “Para esa época usted ya sabía que el proceso licitatorio se había adelantado de buena forma”, dijo la fiscal Portilla durante la audiencia.
Agregó que no había razones suficientes para declarar desierta la licitación: “La resolución debía contar con una argumentación suficiente, misma que se echa de menos en la resolución. Su arbitraria determinación provino de un acto puro y subjetivo de autoridad que declaró desierta la licitación. Se hizo con absoluta voluntad y conocimiento”.
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Tras la decisión de la Cancillería, a la cabeza de Leyva, Thomas Greg and Sons interpuso un recurso de reposición que fue rechazado el 14 de septiembre de 2023, solo un día después de declarar desierta la licitación. Para la Fiscalía, la inadmisión del recurso que interpuso la multinacional no tuvo argumentos suficientes, por lo que Leyva “actuó a su propio arbitrio, con desviación y abuso de poder”.
Para terminar de cerrarle la puerta a la asignación de ese contrato, ese mismo día el entonces canciller emitió una tercera resolución declarando la urgencia manifiesta, con lo que no solo dejaba por fuera del proceso a la empresa que tenía luz verde para hacerse al millonario contrato, sino que también le permitía hacer una contratación directa.
Por las mismas tres órdenes administrativas, la Procuraduría llevó a juicio disciplinario a Leyva y lo destituyó e inhabilitó por un período de diez años. Un escándalo que puso al país de cara a una posible crisis en el funcionamiento del servicio de pasaportes que, en concepto de la Fiscalía, se dio porque el excanciller, “con su falta de integridad y transparencia en el ejercicio de su labor como servidor público, no protegió los intereses de la comunidad ni de los beneficiados para ese momento”.
Ahora, el exfuncionario y otrora alfil del presidente Petro, quien no aceptó los cargos imputados, tendrá que enfrentar el proceso y defenderse de la tesis de la Fiscalía, según la cual, “contra viento y marea, emitió resoluciones carentes de razones jurídicas”.
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